Un abogado laboralista advierte sobre la incertidumbre generada por la medida cautelar que frenó más de 80 artículos de la reforma, y propone una transformación integral del sistema que incluya a sindicatos y convenios colectivos.
La suspensión judicial de más de 80 artículos de la reforma laboral reavivó el debate sobre los cambios impulsados por el gobierno nacional. Para el abogado laboralista Sergio Mamarelli, el problema excede lo estrictamente jurídico y revela un déficit más profundo: «Estamos frente a una reforma que va a tener muchísimos problemas en la práctica y ha generado mucha incertidumbre, todo lo contrario a la seguridad jurídica».
En diálogo con Actualidad 2.0, el especialista aclaró que se trata de una medida cautelar que frena la aplicación de la norma hasta que se analice su constitucionalidad. Sin embargo, advirtió que ese carácter provisorio no reduce su impacto: «Puede tener consecuencias políticas muy importantes, dependiendo de cómo evolucione el proceso judicial».
Según describió, el escenario abre una dinámica de alta litigiosidad que amenaza con prolongarse en el tiempo. Incluso si la Cámara revoca la cautelar, nada impediría que otros jueces dicten medidas similares en distintos puntos del país, generando un efecto de fragmentación normativa. «Cuando vos reformás una ley es para que tenga efectos y cumplimiento. Si la sometés a continuos manoseos judiciales, ¿cuál es el efecto en los empleadores?». La respuesta, aseguró, es «más incertidumbre».
Mamarelli sostuvo que el resultado concreto de este proceso es el opuesto al buscado por el gobierno. «No saben dónde están parados», resumió, en referencia a empleadores y trabajadores. El impacto se vuelve especialmente crítico en las pequeñas y medianas empresas. «Hoy una PYME que tiene que despedir, modificar condiciones laborales o liquidar una indemnización no sabe con qué ley hacerlo», explicó.
La disyuntiva es aplicar la nueva normativa —con riesgo de judicialización— o atenerse al esquema anterior, igualmente cuestionado, según evaluó el especialista. Ese cuadro, lejos de incentivar la contratación, tiende a retraer decisiones. «Lo único que hemos creado es una incertidumbre muchísimo mayor de la que teníamos antes», afirmó.
La confusión alcanza incluso a aspectos clave del mercado laboral emergente, como las plataformas digitales o las relaciones con monotributistas. «Tengo que contratar a alguien, ¿cómo lo contrato? ¿Es un trabajador independiente o está en relación de dependencia? Hoy no lo sabemos», ejemplificó.
Más allá del conflicto judicial, Mamarelli apuntó contra el diseño de la ley. A su criterio, el oficialismo priorizó una «conquista política» por sobre la construcción de un marco normativo sólido. «¿Fue bueno el haberse apurado tanto? ¿Fue bueno no hacer una reforma integral? Me parece que las cosas no se están haciendo bien», sintetizó.
Lejos de rechazar los cambios, el laboralista planteó una posición más compleja: considera que la Argentina necesita una reforma laboral «mucho más profunda» que la actual, pero con un enfoque distinto. El punto central, explicó, es que cualquier transformación debe abarcar tres pilares del sistema: la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos y el régimen sindical.
Sobre este último aspecto, dejó una de las definiciones más contundentes: «el modelo sindical no da para más». Pero aclaró que la crítica no implica debilitar a los gremios, sino lo contrario: reconstruir su legitimidad. «La gente putea a los sindicatos. Los tiene que empezar a reconocer como una entidad absolutamente necesaria para defender sus condiciones de trabajo», afirmó.
También cuestionó la rigidez de los convenios colectivos, muchos de los cuales —según indicó— tienen décadas sin actualización, y planteó la necesidad de mecanismos más ágiles de negociación.
En relación al vínculo individual de trabajo, Mamarelli criticó uno de los ejes de la reforma actual: la tendencia a «deslaboralizar» relaciones, es decir, sacarlas del ámbito del derecho laboral, llevándolas al derecho civil. «Lo que tenés que hacer es incorporar a ese 50% de informalidad, no excluirlo», sostuvo.
Para ello, propuso avanzar en figuras intermedias —como la «parasubordinación» o la «cuasi laboralidad»— ya desarrolladas en Europa, que permitan encuadrar nuevas formas de empleo sin desproteger a los trabajadores. «Eso significa trabajar en serio», concluyó, marcando la distancia entre una reforma estructural y los cambios parciales que hoy están en discusión.