La semana pasada se oficializó la Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), que introduce cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y abre el debate dentro del sector ganadero. La norma desregula parcialmente el esquema vigente: la aplicación de las dosis deja de estar exclusivamente en manos de los entes vacunadores —fundaciones vinculadas a entidades rurales que operaban por zona— y habilita a veterinarios particulares a registrarse para prestar el servicio. Estos profesionales podrán adquirir las vacunas a través de distribuidores nacionales, de los propios entes o directamente de los laboratorios.
Aunque se trata de una decisión de carácter técnico-sanitario, las reacciones entre los productores muestran que sus implicancias van más allá de lo estrictamente operativo. En distintos espacios de discusión del sector emergen visiones contrapuestas sobre el impacto que podría tener la medida.
“Estoy totalmente a favor de la desregulación y pido sanciones fuertes para veterinarios y productores que incumplan”, sostuvo un productor de la provincia de Buenos Aires en un chat agropecuario en el que una encuesta informal arrojó una amplia mayoría a favor del cambio.
Entre los argumentos favorables aparece con frecuencia el cuestionamiento al rol económico que cumplían los entes vacunadores dentro de las entidades rurales. “Las sociedades rurales están enganchadas en la vacunación y cubren sus costos con eso: las cuotas sociales y otras prendas. Sin eso se les pone cuesta arriba, pero sería bueno que se ajusten y no se enganchen en todo como si fuera otro impuesto”, opinó otro productor.
Un tercero, con campo mixto en Zárate, aportó un ejemplo concreto: “En Carbap Zárate/Exaltación de la Cruz nos cobran 5.500 pesos la dosis con la excusa de que con esa plata financian gastos de la policía rural, la oficina del Senasa o la vacunación en lugares alejados. Un verdadero descontrol. No sé si sucede con otras sociedades de Carbap”.
Otro productor que participó durante años en la conducción de una entidad rural también reconoció el peso económico del sistema: “Para las rurales es más fácil financiarse así que salir a buscar nuevos socios, cobrar cuotas más altas o generar actividades aranceladas. Soy socio desde hace años y participé en la comisión directiva; era la principal fuente de financiamiento y siempre había temor a que la saquen”.
En esa misma línea, otro participante del debate planteó una cuestión de principios: “Con ese razonamiento estaría bien que las cuotas sindicales fueran obligatorias. Si queremos tener representación debemos pagarla directamente y no a la fuerza. Además, si criticamos que la tasa vial se desvíe para otros usos, ¿cómo podemos sostener hacer lo mismo con la vacuna contra la aftosa?”.
Sin embargo, la decisión del Gobierno también generó una fuerte reacción institucional. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió un comunicado en el que manifestó su firme rechazo a la resolución.
“A los ojos del mundo, el sistema sanitario argentino aparece hoy como robusto. Sin embargo, en medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta y sin evidencias económicas que lo respalden, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña”, señalaron desde la entidad.
Carbap también advirtió que la medida pone en riesgo uno de los pilares del esquema sanitario. “Esta decisión desconoce el principio de solidaridad entre productores, una de las columnas centrales del programa, ya que todos hemos acordado pagar el mismo valor por dosis aplicada dentro de cada fundación, independientemente del tamaño de nuestros rodeos”, indicaron.
Además, recordaron que el modelo que se intenta implementar ya fue probado en el pasado y que su fracaso derivó en la creación del sistema actual basado en fundaciones y entes sanitarios. “Modificar de manera intempestiva el principal programa sanitario de nuestras carnes bovinas, sin los consensos necesarios y considerando nuestros antecedentes, en una región donde países vecinos avanzan hacia el estatus de libres de aftosa sin vacunación, puede generar un problema adicional o incluso una nueva barrera comercial innecesaria”, alertaron.
Entre los productores también hay posiciones intermedias. Uno de los participantes del chat, alineado con la visión de Carbap, reconoció que existen problemas pero defendió el rol histórico de las fundaciones. “Hay algunas que han cometido excesos, pero no son todas. Los que participamos durante muchos años sabemos que la aftosa se eliminó gracias a las fundaciones. Los más viejos somos más desconfiados y cautos porque hemos pasado malas épocas. Espero que hoy los productores sean más responsables”, señaló.
Ese mismo productor recordó además que las fundaciones cumplen funciones administrativas adicionales: “El sellado es una ley provincial; si no lo hace la rural lo hacen las cámaras de comercio o las bolsas de cereales. Además hay que informar al Senasa las vacunaciones y a la provincia de Buenos Aires la vacunación contra carbunclo. Si no, no hay DTE ni guía”.
Otros productores coincidieron en que el sistema ha funcionado razonablemente bien, aunque admitieron que requiere ajustes. “El sistema en general ha funcionado bien, pero todos sabemos que hay cosas a mejorar. El valor de la vacuna -sobre todo comparándolo con lo que pagan los países vecinos- ya fue un buen punto de partida”, señaló un ganadero entrerriano.
En medio del intercambio, otro participante pidió “no mezclar los tantos”. “Lo que se paga por la aftosa -porque es un programa nacional y porque corresponde- debe ir para la aftosa. Si se quiere financiar algo más, como la policía rural o el Senasa, se debería cobrar aparte y pagarlo también quienes no tienen vacas”, planteó. Distinguió, no obstante, la situación de las zonas alejadas, donde el mayor costo logístico podría requerir algún tipo de subsidio interno.
Ese punto remite justamente al “principio de solidaridad entre productores” mencionado por Carbap. La aftosa representa un riesgo para todo el rodeo argentino y su control sólo puede abordarse de manera colectiva. Si determinadas regiones o productores quedan desprotegidos por mayores costos o menores recursos, el riesgo sanitario se traslada al conjunto del sistema.
Algunos productores propusieron alternativas para sostener ese equilibrio. “Las zonas de monte y marginales deberían cobrar por vacunar; la vacunación les tiene que generar un ingreso”, planteó uno de ellos. Según su propuesta, los vacunadores de otras zonas deberían cobrar más caro en esos lugares y el costo adicional podría financiarse con un pequeño aporte sobre la venta final del ganado gordo. “Los productores chicos marginales incluso deberían vacunar sin pagar. El beneficio sanitario es para todos”, argumentó.
En términos similares se expresó otro empresario ganadero: “El virus no mira si es un productor chico o grande, de zona núcleo o marginal. Es el riesgo que tenemos. Cada región deberá encontrar un mecanismo para subsidiar, pero todos deben vacunar porque el problema de uno termina siendo el problema de todos”.
Desde el Gobierno, en tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida a través de la red social X y señaló dos problemas del sistema anterior. Según explicó, por un lado generaba “monopolios locales”, ya que cada productor debía vacunar exclusivamente con el ente correspondiente a su zona. Por otro, dificultaba el desarrollo de una red de distribución eficiente.
Al Presidente @JMilei le gusta describir al @MinDesreg_Ar como el «Ministerio de los Rendimientos Crecientes». La idea es que al liberar trabas, las actividades económicas pueden expandir su escala, reducir costos y aumentar la eficiencia económica. No hay mejor ejemplo de esto… pic.twitter.com/ak2WjRbv6v
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 13, 2026
“Al dividir el país en innumerables pedacitos era imposible desarrollar una red de distribución nacional con escala y más económica”, afirmó. El funcionario sostuvo que en un mercado más abierto podrían surgir nuevos mecanismos logísticos. “Imaginamos a los laboratorios o a empresas intermediarias generando sistemas de distribución nacional con más escala y, de hecho, con mejor control sanitario”, indicó.
En ese marco, destacó que ahora “cada productor puede comprar la vacuna a quien le plazca y recibirla directamente en su campo”. Y concluyó: “Esperamos que esta desregulación permita seguir bajando los costos de la ganadería argentina, que vive uno de los mejores momentos de su historia”.