Marina Aristimuño escribe desde Paraná, Entre Ríos, con una mezcla de dolor, impotencia y un propósito firme: evitar que otra familia atraviese lo mismo que la suya. Su hijo Facundo tenía apenas tres años y cinco meses cuando murió tras una cirugía de amígdalas y adenoides en septiembre de 2024.
El procedimiento fue realizado por el médico Guillermo Riolo, hoy formalmente imputado por homicidio culposo en Entre Ríos, pero que actualmente continúa ejerciendo en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia, Santa Cruz, y que también tiene matrícula vigente en Chubut, según los datos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA).
En una extensa carta dirigida al vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, ingresada en la Legislatura, la mujer detalla cómo una intervención que parecía rutinaria terminó en tragedia. Relata que el médico la convenció de realizar la cirugía en una clínica privada de la localidad entrerriana de Bovril, a 125 kilómetros de Paraná, a pesar de que no contaba con las condiciones adecuadas para ese tipo de procedimientos.
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Guillermo Riolo, el médico imputado por la muerte de un nene de 3 años en Entre Ríos.
Durante la operación, su hijo sufrió una hemorragia nasal que derivó en un shock hipovolémico. Fue trasladado de urgencia en una ambulancia precaria hacia Paraná, donde falleció seis días después, tras sufrir un daño cerebral irreversible.
“Llegamos a esa clínica engañados por el modus operandi del profesional. No tenía autorización para hacer esa cirugía en esa institución. La situación se agravó cuando él se desentendió del estado de mi hijo”, escribió Marina. En la causa penal, Riolo fue imputado formalmente el 27 de agosto de 2025 bajo la carátula “homicidio culposo”.
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La madre asegura que, pese a la imputación y al proceso judicial abierto, el médico continúa ejerciendo en la Patagonia. “Me siento en la obligación de advertir y poner en conocimiento a las autoridades locales que vienen ejerciendo en un hospital público a un profesional que se encuentra suspendido en la provincia de Entre Ríos por el caso de mi hijo”, planteó.
Por eso, elevó un pedido formal a las autoridades chubutenses para que evalúen replicar esa suspensión de matrícula “de manera preventiva y cautelar”.
En su carta, acompañada del sumario administrativo iniciado por el Gobierno de Entre Ríos, Marina no sólo pide justicia, también busca proteger a otros niños. “Mi objetivo como mamá de Facu es evitar futuros casos como el de mi hijo. No podemos dejar de reconocer que la vida y la salud son derechos fundamentales que deben preservarse y resguardarse siempre”, escribió.
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Los padres de Facundo llevan adelante el reclamo de justicia.
La mujer recuerda cada detalle con precisión quirúrgica: la decisión de operarlo en una clínica sin habilitación, la urgencia mal gestionada, el traslado tardío y la muerte que, según la justicia entrerriana, podría haberse evitado.
“En nombre de mi hijo siento la obligación de advertir y poner en conocimiento a las autoridades de que este hombre está ejerciendo en otra provincia. Hago un profundo llamado a la solidaridad, porque nuestro interés superior es la vida de los niños de esa localidad y de todos los lugares en los que este señor decida ejercer”, expresó.
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Finalmente, Marina solicitó a la provincia de Entre Ríos que comunique formalmente la suspensión de la matrícula y pidió a las autoridades de Chubut que actúen en consecuencia. “Les pido que esta decisión se replique en las provincias, para salvaguardar la vida de las personas”, concluyó.