La prolongada crisis de SanCor Cooperativas Unidas Limitada alcanzó un punto de inflexión esta semana en los tribunales de Rafaela, Santa Fe. Durante una audiencia clave en el marco del concurso preventivo de acreedores, el gremio ATILRA ratificó su oposición al plan de reestructuración propuesto por la empresa y, en una jugada determinante, insistió en su pedido de «quiebra con continuidad de la explotación». La decisión final quedó en manos del juez Guillermo Adrián Valés, quien deberá arbitrar entre dos caminos antagónicos que definirán el destino de cientos de trabajadores y de un ícono de la industria nacional.
La audiencia, convocada por el magistrado, reunió a los directivos de la cooperativa, a los representantes sindicales y a los asesores legales de las partes, en un intento por encontrar una salida a una situación que se agrava con el correr de los meses, marcada por una abultada deuda salarial y una parálisis productiva casi total.
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Dos caminos opuestos: el plan de crisis de SanCor vs. la quiebra con continuidad
La semana pasada, SanCor presentó ante el juzgado un «plan de crisis» como última carta para evitar la liquidación. La propuesta se sostiene sobre tres pilares: una drástica reducción de personal del 32,5% (desvinculando a 304 de sus 936 empleados), la venta de activos considerados improductivos para generar liquidez, y una reconversión de su modelo de negocios para enfocarse en el procesamiento de leche para terceros, conocido como fasón. Según los apoderados de la empresa, esta estrategia permitiría ordenar las finanzas y recuperar una estabilidad operativa mínima.
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Sin embargo, para ATILRA, esta propuesta carece de todo sustento. El gremio argumenta que el propio plan reconoce la incapacidad de la cooperativa para afrontar sus compromisos más básicos, como el pago de salarios. Esta situación, a criterio del sindicato, hace que cualquier promesa de mejora sea inviable. Por ello, impulsan la declaración de quiebra, pero bajo una modalidad específica que proteja el aparato productivo.
Qué implica la «quiebra con continuidad productiva»
La alternativa que propone el sindicato está contemplada en la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina. A diferencia de una quiebra tradicional, que conduce al cese inmediato de actividades y a la liquidación de los bienes por separado, la «continuidad de la explotación» es una herramienta de salvataje.
Cuando un juez la decreta, la empresa sigue funcionando bajo la administración de un síndico y, en algunos casos, un coadministrador. El objetivo principal es evitar el desmantelamiento de las plantas, preservar el valor de la empresa como un bloque y, fundamentalmente, proteger las fuentes de trabajo. Este proceso permite ganar tiempo para buscar nuevos inversores o una cooperativa de trabajo que pueda hacerse cargo de la operación, asegurando que la producción no se detenga.
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El abogado de ATILRA, Alberto Coronel, explicó que esta figura es la única vía para impedir la liquidación por partes y garantizar un futuro para los trabajadores y las plantas activas, como las de Balnearia, La Carlota y San Guillermo.
La postura del sindicato: «El plan carece de sustento»
El argumento central del gremio, encabezado en la audiencia por el delegado Alejandro Cabrera, es la crítica situación de los trabajadores, que son el principal termómetro de la inviabilidad de la gestión actual. Según datos aportados por los representantes legales, la deuda salarial es insostenible: SanCor adeuda el 70% de los haberes de mayo y la totalidad de los sueldos de junio, julio, agosto, septiembre y el medio aguinaldo.
Según informó Ámbito Financiero, Coronel cuestionó duramente la viabilidad del plan de crisis, señalando que la cooperativa ya opera mayormente bajo el formato de fasón y, aun así, la deuda con sus empleados no para de crecer. La postura de ATILRA no es aislada; el estudio jurídico Regali y Asociados, en representación de otros acreedores, adhirió a la postura sindical y también solicitó que se considere una intervención judicial.