La filtración de las grabaciones de Diego Spagnuolo fueron un golpe para el Gobierno y, después del titubeo inicial, la Casa Rosada pisó el acelerador. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal y pidió allanar a los periodistas que revelaron el escándalo. Karina Milei, por su parte, consiguió una medida cautelar para evitar que se continúe con la difusión de sus audios. La contraofensiva llegó y los autores de la investigación que destapó el escándalo denunciaron haber recibido amenazas.
El 19 de agosto, los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro difundieron el primer audio en el canal de streaming Carnaval. Desde entonces, en La Libertad Avanza todo es caos y confusión. La primera reacción del Gobierno fue el desplazamiento de Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras intentaban determinar quién había sido el “traidor” que filtró las grabaciones a la prensa. Luego llegó el intento por instalar que todo se trataba de una “operación” de sus adversarios.
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Las explicaciones de Martín y Eduardo “Lule” Menem, a la prensa y en redes sociales, no fueron suficientes. Tampoco se entendió cuál fue el objetivo del presidente, Javier Milei, cuando decidió compartir el comunicado de la droguería Suizo Argentina, señalada como parte de la presunta red de recaudación ilegal. Las caravanas de campaña, tanto en Lomas de Zamora como en Corrientes, terminaron con disturbios en la calle.
Dos semanas después, el Gobierno decidió probar una nueva estrategia con una avanzada judicial.
La cautelar a favor de Karina Milei
Desde que comenzó el escándalo, cada día aparece una nueva grabación de Spagnuolo. Pero el viernes 29 de agosto hubo una filtración que heló la sangre de los funcionarios del gobierno nacional. Con claridad, en el fragmento se escucha la voz de la secretaria general de la Presidencia y aunque el contenido no era comprometedor, la idea de que Karina haya sido grabada en la Casa Rosada sembró el pánico.
Ese mismo día, con el asesoramiento del abogado Santiago Viola, Karina pidió una medida cautelar que le fue otorgada el lunes 1 de septiembre. El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello dispuso “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”. El magistrado prohibió que fueran reproducidos “por cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales de todo sitio, plataforma y/o canal web”.
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Desde el Gobierno distribuyeron la resolución de Maraniello, pero no dieron a conocer la presentación que hizo Karina. Según ellos, para evitar que “se hable de otras cosas cuando lo importante es lo que dice el juez” a pesar de que se trate de los argumentos de la hermana del Presidente para limitar el ejercicio del periodismo.
En sus fundamentos, el juez sostuvo que la decisión no busca convalidar la censura previa “en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa” y que se sustenta en “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos”.
La decisión de Maraniello fue cuestionada por la prensa y por la oposición, que analiza la medida como una búsqueda por evitar la cobertura del tema. También, y en paralelo, fue puesto en la mira el propio magistrado y su trayectoria: en 2024, cuando se postuló para ascender a camarista, fue denunciado por abuso sexual. En total, se abrieron seis expedientes y hace dos semanas fue notificado por el Consejo de la Magistratura para que haga su descargo.
La denuncia de Patricia Bullrich contra la prensa
En paralelo a la cautelar de Karina, Bullrich presentó una denuncia penal para que se investigue la filtración. Su hipótesis es que se trata de una “operación de inteligencia ilegal”. En la demanda, firmada por el abogado Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad, se pidieron allanamientos y se deslizó la existencia de una supuesta red de espías rusos.
Bullrich pidió que se allanen los domicilios de “Franco Bindi Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente sin fueros parlamentarios, a fin de secuestrar dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives) y documentación vinculada a las maniobras descriptas, de las cuales pueda determinarse quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos”.
En la denuncia, Bullrich habla de “maniobra golpista” con el objetivo de desestabilizar al Poder Ejecutivo y afectar al Gobierno de cara a las elecciones legislativas. En particular, el escrito apuntó contra Federico por difundir los audios primero en Data Clave, su programa en Carnaval; Rial por haber anticipado la existencia del material antes de que fuera difundido; Toviggino, mano derecha de Claudio «Chiqui» Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino y dueño del canal de streaming; y Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano y señalado como el posible autor intelectual de esta trama.
Al estilo Bullrich, la denuncia planteó que la filtración de los audios de Karina se podría inscribir en una suerte de operación orquestada por una red de espionaje rusa en Argentina. La ministra aseguró que un grupo de estas características estaría trabajando en el país bajo el liderazgo de Lev Andriashvili y su esposa Irina Iakovenko, ambos de Rusia, con el objetivo de instalar desinformación, financiar medios y manipular la opinión pública en favor de los intereses de Moscú.
No es la primera vez que, frente a un escándalo nacional, la ministra Bullrich agita el fantasma de la conspiración internacional. Lo hizo. por ejemplo, durante el conflicto en la Patagonia con el pueblo mapuche. Ahora su hipótesis está en la Justicia, que deberá determinar si las sospechas de la ministra tienen asidero.
Las denuncias de los periodistas por amenazas
En este contexto, Rial hizo una fuerte denuncia en su programa de radio. El periodista contó que un Ford Falcon se estacionó en la puerta de su domicilio con un hombre dentro del vehículo que lo observaba mientras tomaba mate.
«Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, contó. Rial. El periodista, además, relató que la policía se acercó a su casa porque también advirtieron la presencia del vehículo en el barrio. «No es un auto de la cuadra y es un Falcon… con todo lo que eso significa», reflexionó.
«Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura», agregó Rial. Enel program de C5N, Argenzuela, su colega Mauro Federico también relató la presencia de una persona tomando fotos en la entrada del canal.
GL/EM