En esta quinta entrega analizamos la problemática estructural del agua, un bien vital esencial. En notas anteriores abordamos basurales, humedales, la Cuenca Matanza-Riachuelo y agrotóxicos.
El derecho al agua: desigualdad hídrica y una nueva avanzada privatizadora
En la provincia de Buenos Aires, la provisión de agua está a cargo de dos grandes empresas estatales —AySA y ABSA— y de operadores menores de distinto tipo. AySA abastece a más de 10 millones de personas en 26 partidos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires; mientras que ABSA presta servicios de agua potable y saneamiento en 92 localidades, incluyendo gran parte de La Plata, llegando a 2.5 millones de habitantes. En el resto del territorio, el servicio depende de concesiones privadas, cooperativas o sistemas mixtos.
En pleno 2025, millones de bonaerenses aún no tienen acceso garantizado a agua potable y segura. Según el último censo (2022), en la Región Metropolitana (CABA y 37 partidos) más del 20% de la población — 3 millones de personas — no cuenta con provisión de agua por red pública y casi un 5% directamente no tiene agua por cañería en su vivienda. Quienes quedan fuera de la red dependen de pozos de dudosa calidad, camiones cisterna o agua embotellada a precios más caros.
La desigualdad hídrica se expresa en que las zonas sin agua segura coinciden con aquellas donde viven las familias de menores ingresos. En distritos como José C. Paz y Malvinas Argentinas la cobertura histórica de agua y cloacas es históricamente baja, mientras que en Florencio Varela, La Matanza o Esteban Etcheverría fueron las propias comunidades quienes debieron organizarse para reclamar un derecho básico.
En el interior bonaerense la situación no es mejor. En distritos como Junín, Lincoln o Rojas, el agua de red presenta niveles de arsénico muy por encima de lo recomendado por la OMS, y se promueve el consumo de napas contaminadas. De acuerdo al Mapa del Arsénico en Argentina del ITBA, el 87% de la superficie provincial supera los límites provinciales permitidos (0,05 mg/L).
El arsénico es un elemento natural que llega al agua subterránea debido a procesos geológicos, como la erosión de minerales contenidos en cenizas volcánicas extendidas durante millones de años en la llanura pampeana. La ingestión prolongada de agua con arsénico se vincula a graves problemas de salud como cánceres, enfermedades neurológicas y cardiovasculares, entre otros.
En 2013, un fallo de la Corte Suprema estableció que el límite debía reducirse a 0,01 mg/L y obligó a ABSA a garantizar esos niveles. Sin embargo, la empresa provincial se amparó en un marco regulatorio que diferencia entre “agua potable” (que cumple con todos los parámetros) y “agua corriente” (que puede consumirse de manera “temporal” aunque no cumpla los estándares). Una definición que deja a miles de familias expuestas.
Pero el problema no se limita al arsénico, el agua también puede contener flúor en exceso, contaminación fecal (que provoca diarreas, gastroenteritis, cólera, hepatitis, giardiasis o incluso poliomielitis), residuos industriales y agrotóxicos como el glifosato, cuya combinación con metales pesados agrava los riesgos sanitarios.
Mientras tanto, los proyectos de extensión de redes y obras de saneamiento están paralizados. En la provincia se registran casi 950 obras detenidas, de las cuales casi la mitad son hídricas o de saneamiento, incluyendo cloacas, plantas depuradoras y sistemas de agua potable, en localidades como Patagones, General Madariaga, San Antonio de Areco, Carlos Casares, Villa Gesell, Saladillo. Una de las más emblemáticas es la ampliación del Sistema Riachuelo.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei dio un paso más en su política de entrega mediante los decretos 493 y 494/25 anunció la venta del 51 % del paquete accionario de AySA, habilitando aumentos de tarifas y cortes de servicio por falta de pago. Una lógica de lucro que amenaza con dejar a miles de familias más sin acceso a un bien vital.
A esto se suma otra denuncia, por estos días se conoció que AySA firmó convenios con Mekorot, la empresa estatal israelí que administra el agua en territorios ocupados de Palestina y que ha sido condenada a nivel internacional por aplicar un “apartheid del agua”. Mekorot impulsa un modelo de saqueo, exclusión y discriminación en el acceso a este bien natural. Pero su desembarco en Argentina vino de la mano del peronismo, con Wado de Pedro gestionando acuerdos entre la empresa y provincias argentinas desde el Consejo Federal de Inversiones en 2022.
¿Qué proponen las principales fuerzas políticas?
- Alianza Avanza la Libertad.
Consideran que el agua no debe ser un derecho garantizado por el Estado, sino una mercancía más, aunque eso signifique que haya barrios enteros desconectados del servicio por no poder pagarlo. Rechazan cualquier regulación que limite la “libertad de empresa” y proponen abrir el negocio del agua a empresas privadas con la privatización de AySA.
- Fuerza Patria.
Rechazan la privatización de AySA y denuncian los decretos de Milei como una “entrega de un recurso estratégico”. Sin embargo, durante sus gestiones no resuelven la crisis estructural del servicio, fomentan acuerdos con Mekorot y no la participación comunitaria. En muchas zonas donde gobiernan, los pozos siguen contaminados, los barrios siguen sin red y las obras no se hacen.
- Frente de Izquierda Unidad.
Defiende el acceso al agua como un derecho humano no mercantilizable, y se opone a cualquier intento de privatización. Plantea que AySA debe estar bajo control y gestión directa de trabajadores y comités vecinales, con participación desde abajo, presupuesto público y obras prioritarias en los barrios más postergados. Exige prohibir los cortes de agua por falta de pago y garantizar agua segura para todas las familias, tanto en el AMBA como en el interior. Rechaza los acuerdos con Mekorot.
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En la próxima entrega continuaremos con adaptación de las ciudades en el contexto de la crisis climática.