«No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario. No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentín, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra».
Con esa contundencia se expresaron el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la Argentina en un comunicado conjunto, en respuesta a la amenza por parte de la empresa Vicentin de no pagar los sueldos de febrero.
La nueva confrontación sucede días después de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazara la homologación del concurso de acreedores de la firma agroindustrial, tras darle lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por Commodities S.A., uno de los acreedores.
Vicentin entró en cese de pagos a fines de diciembre de 2019 y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores por el «estrés financiero que le dificultaba cumplir regularmente con sus obligaciones contraídas». Luego, el gobierno de Alberto Fernández intervino la empresa e intentó expropiarla, finalmente sin éxito.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe, había homologado la propuesta de pago que le había hecho la firma a sus acreedores en marzo del años pasado. Pero desde la empresa Commodities, del Grupo Grassi, llevaron el proceso hasta el máximo tribunal, que anuló la decisión.
Según la sentencia, uno de los fundamentos para rechazar el anterior fallo es que el acuerdo presentado por Vicentin establecía un pago inicial de US$ 30.000 para cada acreedor quirografario, sin distinguir el monto total de sus acreencias.
En una carta al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, los gremios afirman que unos 3.000 puestos de trabajo dependen del funcionamiento de la empresa y detallan que durante una reunión el día lunes entre los directivos de la empresa y representantes gremiales, desde Vicentin afirmaron que la empresa se encuentra «al borde del abismo» y que no saben si «podrán abonar los alarios de febrero».
Por esa razón, solicitaron una audiencia urgente con el Gobernador y advirtieron que se encuentran en estado de alerta y que podrían paralizar todas las plantas aceiteras del país.
El futuro de la empresa es una incógnita. El fallo de la corte santafesina abre el camino a un salvataje de terceros, conocido como «cramdown», para que empresas puedan presentar una oferta para competir con el plan de pagos original de Vicentin, elaborado con sus interesados estratégicos Viterra, Bunge y ACA.
El plan de pagos original o uno alternativo que surja del cramdown, serían las dos posibilidades para la continuidad operativa de la empresa, que reclaman especialmente los trabajadores.