La administración de Javier Milei continúa avanzando con su plan de ajuste denominado «motosierra 2.0», enfocado en reducir el gasto público y reestructurar el Estado.
En este contexto, se concretó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, medida oficializada mediante el Decreto 70/2025 y publicada en el Boletín Oficial.
La decisión implica el despido de 500 empleados, incluidos contratados, lo que permitirá un ahorro anual estimado de $6.500 millones en impuestos, según informó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.
X de Fede Sturzenegger
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El funcionario explicó que el sueldo promedio del personal desvinculado rondaba $1 millón y defendió la medida como parte de una estrategia para liberar recursos y reducir la carga impositiva sobre el sector privado.
El cierre de esta dependencia también incluye la eliminación del Plan Procrear y los fondos fiduciarios que lo sostenían. Desde 2024, el Gobierno concretó más de 37.000 despidos en diversos organismos estatales, con el objetivo de lograr un equilibrio fiscal sin aumentar impuestos.
Según datos oficiales, las desvinculaciones afectaron a más de 22.000 empleados en la Administración Centralizada y Descentralizada, más de 12.000 en empresas estatales y cerca de 3.000 en áreas de seguridad y defensa.
El Gobierno Nacional concretó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda
Foto: radio.unr
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Sturzenegger aseguró que la racionalización del gasto público responde a una directiva del presidente Milei para priorizar la eficiencia estatal. Además, adelantó que se revisarán los contratos de auditores externos vinculados a programas habitacionales gestionados a través de universidades nacionales.
A pesar del respaldo oficial a estas medidas, especialistas advierten sobre los posibles impactos negativos en un país donde millones de personas enfrentan problemas habitacionales graves. Según cifras recientes, más de 6 millones viven en condiciones precarias o con hacinamiento.
La eliminación de la Secretaría marca un nuevo capítulo en la política económica del Gobierno, que busca reducir al mínimo la intervención estatal para fomentar la actividad privada.