El Gobierno avanzó esta tarde con el desplazamiento del titular de Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, en medio de fuertes cuestionamientos internos. En la Casa Rosada critican su gestión al frente del organismo antilavado por sus movimientos en causas que consideran emblemáticas y apuntan que le hicieron “reiterados llamados de atención por los abultados gastos del área”, según dijeron fuentes gubernamentales a LA NACION.
Tras el desplazamiento, que le comunicó a Yacobucci el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el gobierno ofreció el cargo al fiscal federal Paul Starc.
En el Gobierno piensan que la UIF “no debería ser querellante necesariamente en ninguna causa”, algo que -según aseguraron- Yacobucci buscó hacer en algunas oportunidades. Entienden que “para eso están los fiscales”, a lo que suman que “los últimos gobiernos lo vienen utilizando con total discrecionalidad”. Y se preguntan: “¿Por qué la UIF es querellante en unas causas y en otras no?”.
Uno de los expedientes que generan roces en la administración libertaria es Hotesur-Los Sauces, que tiene como acusada a la expresidenta Cristina Kirchner y en la que la UIF es querellante. Las fuentes también admitieron que otra de las causas en las que el Gobierno objeta la participación del organismo antilavado es la de los cuadernos de las coimas.
Pero en la Casa Rosada explayan otros argumentos para justificar el desplazamiento de Yacobucci. “En diversas ocasiones llamaron la atención las enormes comitivas y los viajes en primera clase. Desobedeció la política de austeridad del Gobierno”, abundaron fuentes del Poder Ejecutivo. A eso le sumaron críticas a la gestión de Yacobucci, en especial ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que la administración libertaria tenía especial interés. Su trabajo en ese sentido fue calificado como “pésimo”, a pesar de que la Argentina evitó este año caer en la “lista gris” del organismo.
“Tanto es así que tuvo que ser relegado al rol de coordinador”, dijeron desde la administración nacional donde no ahorraron críticas para justificar la decisión de removerlo un año después de su designación en el cargo. Agregaron que “la gota que rebalsó el vaso fue un intento de viaje a fin de año a Paraguay, que nuevamente fue en primera clase y con una comitiva enorme”. Las fuentes gubernamentales sostuvieron que “es el momento adecuado para que lo echen, dado que terminó la evaluación del GAFI en diciembre y necesitamos gente idónea para implementar rápidamente todas las medidas que exige el organismo”.
Las fuentes libertarias sostuvieron además que el propio GAFI dijo “que la UIF no debería querellar y lo hacen solo dos en el mundo y lo hacen para perseguir”. En ese sentido, ampliaron: “No querella ningún país salvo Argentina. La facultad de querellar, técnicamente hablando, sólo la tienen México y Argentina. Pero en México no se querella por el riesgo de atentados que esa facultad de querellar les ha generado, entonces no la usan”.
En el entorno de Yacobucci afirmaron que los rumores que anticiparon su salida de la UIF fueron un “baldazo de agua fría”. Desmintieron las acusaciones en su contra difundidas en voz baja por el Gobierno sobre los presuntos gastos que desafiaban la austeridad del Gobierno. Todos los vuelos, señalaron, fueron en clase económica, y estuvieron aprobados por el Ministerio. Apenas uno, tramitado con urgencia por pedido expreso del ministro Cúneo Libarona, fue en “Premium economy”, y solo porque no quedaban más pasajes, remarcaron.
Ante una consulta de este medio, fuentes cercanas a Yacobucci indicaron que muchos de los viajes estuvieron vinculados a la prueba que la Argentina afrontó con éxito en el GAFI, agregaron. “No fuimos a la lista gris”, resaltaron.
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