El 2024 fue un año en el que se sintió una agudización de la conflictividad en Bolivia. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo se registraron 563 protestas, la mayoría relacionados con asuntos económicos como la escasez de dólares, el incremento sostenido de los precios de la canasta familiar y la provisión irregular de combustibles.
A las demandas económicas, que prevalecieron en 145 casos de conflicto, le siguieron los reclamos de orden laboral (93), gobernanza (87), infraestructura (42), medioambiente (39), educación (39) y sistema de justicia (19), entre los principales.
En el informe, la Defensoría del Pueblo indica que los epicentros del conflicto fueron La Paz y Santa Cruz y que las protestas se expresaron principalmente mediante el bloqueo de caminos y las marchas.
En ese sentido, las manifestaciones provocaron una serie de vulneraciones a los derechos de la población, como el derecho al trabajo, el derecho político, el acceso a la infraestructura, a la educación, a los servicios básicos, el acceso a la justicia y a la salud.
Los casos de conflicto más prolongados tuvieron que ver con protestas del partido oficialista, en medio de la disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el control del partido y la candidatura para las elecciones de 2025.
En septiembre, Evo Morales y sus aliados realizaron una marcha de siete días a La Paz con demandas económicas y políticas relacionadas con el control del partido y el futuro político del ex presidente.
En octubre, con las mismas motivaciones, realizaron un bloqueo de caminos que se extendió durante 23 días (del 14 de octubre al 6 de noviembre) y que llegó a tener más de 23 piquetes simultáneos, con lo que imposibilitaron el tránsito entre las principales ciudades del país.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó a las instituciones estatales a “fortalecer la gestión de conflictividad” en este año porque prevé que los “problemas económicos” van y se van a sumar las disputas propias de un ambiente electoral, puede provocar conflictos “con mayor recurrencia.”
Bolivia terminó el año con una inflación que de 9,97%, la más alta de los últimos 16 años, que ha provocado el alza del costo de vida. El Gobierno atribuyó la tasa de inflación a al menos cinco factores: la demanda interna, la inflación importada, la sequía, los conflictos sociales y la especulación.
Sin embargo, la población sintió los primeros síntomas de la crisis en el primer trimestre de 2023 cuando empezaron a escasear los dólares y los bancos fueron progresivamente restringiendo las operaciones bancarias en ese moneda, los giros internacionales, el retiro de ahorros en dólares y las transacciones por internet. En paralelo surgió un mercado alterno de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza casi al doble del tipo de cambio oficial.
A este problema se sumó la escasez de combustible, principalmente de diésel, que se agudizó en los últimos meses del año, provocando largas filas en surtidores y reclamos de sectores estratégicos, como el agroindustrial, que se vieron particularmente afectados por el desabastecimiento.
En enero de este año ya se registraron algunas manifestaciones. El 10 de enero, una marcha de seguidores de Evo Morales partió desde la localidad de Patacamaya hacia La Paz, en un recorrido de 98 kilómetros que estiman transitar en cuatro días, y para el 13 de enero está anunciada una movilización de varios sectores en La Paz, para protestar contra el alza de los precios y el Presupuesto General del Estado.
La cifra que presentó la Defensoría del Pueblo en su “Reporte de Conflictividad” es menor de lo que proyectan organizaciones independientes como la Fundación Unir, que monitorea los conflictos en el país. Si bien aún no emitió su reporte anual, los informes mensuales sugieren que la cifra puede duplicar lo contabilizado por la entidad defensora de los derechos humanos.