Fue uno de los reductos preferidos de La Cámpora, por varias razones: buenos sueldos, viáticos, viajes al exterior y penetración territorial al punto de tener representación en cada lugar donde hay un aeropuerto. Con semejantes características, los exjóvenes kirchneristas se frotaban las manos cuando empezaron a manejar la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El año pasado los sorprendió una auditoría que mostró enormes irregularidades, el mundo aéreo tomó nota y la Argentina está a punto de bajar una categoría en materia aerocomercial. Hoy, el Gobierno intervino el organismo, urgido por los tiempos, para intentar frenar la mala nota. En medio quedó una factura por desidia, mala gestión, puestos políticos, acomodos y falta de conocimiento. Llegó la hora de pagarla, quizá, de la peor manera ya que un descenso en la nota del país (de categoría 1 a 2) sería un impacto bajo la línea de flotación de los mentados “cielos abiertos”.
Formalmente, lo que sucedió es la intervención del la dependencia oficial encargada de la seguridad operacional del sistema aéreo local. “Dispónese la intervención de la ANAC, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, por el plazo de 180 días corridos. Dicho período podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del Titular del citado Ministerio”, dice el decreto que se conoció ayer.
Pero más allá de la letra de la norma, en realidad lo que el Gobierno hizo es construir una suerte de contrafuego para intentar salvaguardar la calificación del sistema argentino antes de que la Administración Federal de Aviación (FAA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos baje la nota, algo que a la Argentina ya le sucedió en 2002, después de una auditoría en la que quedó expuesta la baja calidad del la operación local. Entonces, fueron dos años de fuerte trabajo y finalmente, el sistema regresó a su anterior lugar en 2005.
En la práctica, perder la categoría significa que se toma una foto actual que funciona como el universo de lo “permitido”, algo así como no innovar. No se puede sumar ningún servicio más, ni tampoco autorizar que ninguna empresa americana llegue al país, o que alguna Argentina quiera volar a Estados Unidos. Los servicios actuales, se mantienen, pero ni siquiera se puede cambiar el tipo de avión. Claro que tiene efecto sólo para el mercado americano pero tal es la influencia de la FAA que todos los organismos del mundo la toman como referencia. Un golpe letal a los cielos abiertos.
Veinte años después, todo el mercado nuevamente está al borde del abismo. Esta vez, se trata de pagar las consecuencias de la gestión de La Cámpora, que repartió amigos y funcionarios por todo el sector aerocomercial. De hecho, en la ANAC estaba Paola Tamburelli, un alfil de la organización kirchnerista, amante de los viajes al exterior, que pese a haber dejado la dirección, aún se mantiene en la nómina de empleados con la categoría A, la más alta en el escalafón del organismo. Aún está al resguardo de la motosierra, como muchos funcionarios de la gestión anterior, seguramente embelesada por el cargo público. Un asterisco al asunto: la nómina de empleados de la ANAC es un formidable ayuda memoria de apellidos ilustres de la política que pasaron por el área de transporte. Jaime, por caso, Ricardo, exsecretario y condenado por corrupción, que se lee antes del nombre de una de sus hijas, Julieta, que trabaja en el organismo.
El antecedente más cercano es de 2005, cuando se levantó la categoría. De hecho, no son pocos los que en el sector recuerdan que entonces, el ascenso se dio por una razón práctica: el presidente George Bush (hijo) tenía que viajar al país en 2005 a la Cumbre de las Américas. Tal fue la alevosía de la coincidencia temporal que el entonces canciller Rafael Bielsa definió como “una afortunada coincidencia” el hecho de que este cambio aconteciera a pocos días del inicio de reunión de mandatarios que ocurriría en noviembre de ese año.
La historia de este regreso al banquillo de los acusados y que involucra a Tambulelli ocurrió durante 2022, cuando se llevó a cabo la Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, realizada por la Organización de Aviación Internacional (OACI), uno organismo de las Naciones Unidas. El tema, claro, fue el rutinario informe sobre el sistema aeronáutico, y tenía que evaluar el nivel de cumplimiento efectivo de la Argentina de las normas y procedimientos establecidos por ese organismo. Un dato más: la funcionaria camporista, como se dijo amante de los viajes al exterior, tenía una silla en la OACI, lugar al que viajaba con frecuencia y que se sesiona en Quebec, Canadá.
¿Qué sucedió con ese informe? “Como resultado de esa evaluación, la ANAC, como autoridad aeronáutica, ha alcanzado un nivel de cumplimiento de 60,47%, resultado que se encuentra por debajo del promedio mundial”, reconoció el Gobierno en los considerandos del decreto.
La calificación fue una catástrofe. “Las ocho áreas evaluadas, “Organización de la Aviación Civil” arrojó un nivel de cumplimiento de 41.67%, mientras que en “Operaciones”, asociada al cumplimiento de los estándares internacionales en relación con el control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves, el nivel de cumplimiento fue de 37,29%”, sentenció la norma.
Semejante nivel de incumplimiento generó que la FAA, autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, “haya realizado una inspección al sistema aeronáutico argentino, detectando novedades que podrían afectar la continuidad de la categoría que ese organismo otorga al país”, se lee en el decreto.
El asunto se convirtió en un tema de Estado. Ni bien llegó al gobierno Javier Milei se encontraron con un viaje inmediato y programado para febrero de la FAA. La canciller, Diana Mondino, fue la encargada de negociar una prórroga para que la noticia no llegue los primeros meses de mandato. Finalmente, se pasó a abril, cuando la FAA tomó los antecedentes receptados en la auditoría de OACI en 2022 y 2023 y llegó al país. Se fue con la hoja llena de anotaciones en rojo.
La gestión de Tamburelli quedó en el ojo de la tormenta. De hecho, un poco de memoria lleva inmediatamente a los últimos meses de gestión donde engrosó la nómina de la entidad con medio centenar de cargos para empleados sin ninguna experiencia en la inspección, ni de aeronaves ni de aeropuertos. Algunos malpensados hablan de favores políticos, pero como se dijo, son sólo malpensados.
En una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que se presentó en febrero, quedaron expuestos enormes irregularidades en el organismo más importante para el mundo de los aviones. De hecho, para entender el tamaño del reducto camporista, los exjóvenes kirchnerista manejaron el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria que en diciembre de 2023 tenía $ 11.313.448.086 en una cuenta del Banco Nación. Se daban los gustos en las oficinas de la ANAC, al punto que contrataban buenos servicios. Por caso, atendían bien a quienes pasaban por esas oficinas. Mediante el expediente 2023-90324848 pagaban un abono a Señal de Ajuste SRL por el “servicio integral de ceremonial”. La factura era de 17,63 millones de pesos. Como para que no se vayan con el estómago vacío, mediante la orden de compra (directa) número 327-0010-OCA23, expediente 2023135748291, el 4 de diciembre le pagaron a Servicios en Gastronomía SRL la suma de 1.998.000 pesos.
A semejante herencia se sumó cierto malestar con Gustavo Marón, el administrador que nombró este Gobierno, a quién le pedían un poco más de velocidad, además de una conjunción con la actual política de cielos abiertos. Finalmente, asumirá María Julia Cordero, una funcionaria que ingresó a la administración pública de la mano de Nilda Garré cuando era ministra de Defensa. Gran parte de su carrera la hizo de la mano de Nicolás Abelardo Dapena Fernández, uno de los gerentes más importantes de Aerolíneas Argentinas, designado por La Cámpora y Mariano Recalde cuando se estatizo la empresa. Cordero, conocedora de que le hagan un test de cultura libertaria en sangre, olvidó incluir en el currículum aquel contacto cercano con el kirchnerismo. Apenas una mención: “Directora Nacional de Análisis Técnico y Lucha contra el Narcotráfico entre 214 y 2016″. En ese momento, Dapena era subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico.
Antes de que sea tarde, se optó por la tangente: intervenir el organismo. Dicen que tienen tiempo hasta septiembre, es decir, poco. Intentarán negociar una un plazo mayor antes de que el aplazado se imprima en el sistema aerocomercial local, un duro golpe a la política de cielos abiertos.