La aprobación general de la Ley de Bases y la discusión en particular que ocurre por estas horas encuentra en el potencial aval al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) a uno de sus puntos más ríspidos y que continúa generando fuego cruzado. El capítulo en cuestión flexibiliza por completo las condiciones de arribo para compañías trasnacionales y apunta a profundizar la ampliación de negocios extractivistas como la mega minería de productos ligados a la transición energética. El régimen en cuestión fija un cúmulo de exenciones que, con vistas a captar la atención de los capitales internacionales, elevó las quejas entre los industriales argentinos, quienes entienden que una apuesta de esas características puede alentar la competencia desleal además de complicar la supervivencia de los proveedores locales.
El RIGI se propone como un régimen al cual pueden adherir aquellas compañías que aseguran inversiones por un mínimo de 200 millones de dólares. Al mismo tiempo, los capitales que propongan desembolsos del orden de los 1.000 millones podrán integrarse al apartado Exportación Estratégica de Largo Plazo. En ambas instancias los beneficios que incluye el capítulo se extenderían por el plazo de tres décadas.
Entre otros aspectos, el RIGI que propone el gobierno de Javier Milei elimina el pago de importaciones, el impuesto PAIS, establece la libre disponibilidad de divisas y el manejo de dividendos, y exceptúa a las empresas de obligaciones como el abono de impuestos y tasas incluso municipales.
En el artículo 182 de la Ley de Bases se especifica que los capitales incluidos en el RIGI «se encontrarán exentos del Impuesto a las Ganancias», mientras que en el apartado 185 se indica que los beneficiados no serán alcanzados por «ningún tributo local» de «la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales».
Beneficios para las importaciones
«Las importaciones para consumo de mercaderías, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, que constituyan bienes de capital, repuestos, partes, y componentes para tales sujetos, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales», se especifica en el artículo 187.
Ya en el 190 se detalla que quienes adhieran «al RIGI podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo de dicho Proyecto Adherido, sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones directas, restricciones cuantitativas, cupos o cuotas, de ningún tipo, ni cualitativas, de carácter económico. Tampoco podrán aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno…».
La mega minería, unas de las actividades que busca incentivar el RIGI.
Petroleras, mega mineras y actores ligados a la producción de gas se encuentran entre los principales actores que aguardan por la aprobación final del RIGI. En la vereda de enfrente se ubican desde entidades emblema de la producción interna, como es el caso de la Unión Industrial Argentina (UIA) hasta ex funcionarios como Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo del gobierno anterior.
Precisamente desde la entidad se puso a circular un comunicado en el que se define al régimen como una decisión capaz de «fomentar la competencia desleal para las pymes«. Desde la UIA se expuso que, si bien se «viene destacando la importancia de contar con un régimen para grandes inversiones, también es clave desarrollar un régimen de incentivos para PyMis (pequeñas y medianas industrias) que fomente las inversiones del entramado local».
«Asimismo, la UIA advirtió a los distintos bloques parlamentarios que la actual redacción del régimen de incentivo para grandes inversiones coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas», afirmó la entidad.
Pedido de inclusión de proveedores locales
Por el lado de Kulfas, el ex funcionario utilizó su cuenta en la red social X para señalar que, tal como busca aprobarse, el RIGI desincentiva el desarrollo de proveedores nacionales.
«El RIGI está fundamentalmente orientado a la inversión en actividades primarias. Las mejores experiencias internacionales y nuestra propia historia indican que el gran desafío en las inversiones vinculadas a recursos naturales consiste en desarrollar proveedores nacionales, industriales, tecnológicos e ingeniería que permitan justamente utilizar al recurso natural como una palanca para el desarrollo productivo», argumentó.
«El RIGI genera exactamente lo contrario. Por una parte, admite la posibilidad de importar sin ningún tipo de arancel cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que éstos deban ser nuevos o usados, con lo cual incluso se da la posibilidad de que operadores internacionales ingresen maquinaria ya utilizada generando una competencia desleal con instrumental obsoleto, es decir, donde no hay transferencia de la mejor tecnología internacional», añadió.
La industria nacional demanda soluciones para no perder competitividad.
Según su óptica, el régimen desarma las políticas de desarrollo de proveedores. «Nuestras industrias deberán pagar aranceles de importación para ciertos insumos que no deberán afrontar quienes ingresen en este régimen, generando desincentivos groseros a la producción en el país«, advirtió. En el debate maratónico que ocurre en el Congreso, el Gobierno juega sus fichas a aprobar el RIGI sin cambios mientras que, por su lado, la industria nacional busca entreabrir una puerta que le garantice, de alguna forma, cierto protagonismo en el esquema a través de sus legisladores más cercanos.