Este martes un grupo de presos tomó una comisaría de Constitución. Fue después de que una mujer terminara detenida por intentar ingresar marihuana en un tubo de pasta de dientes. La Policía de la Ciudad cerró la cuadra a los vecinos de Avenida San Juan al 1100 y tuvo que intervenir una división especial para desactivar la revuelta.
El viernes otro preso fugó de la Comisaría Vecinal 9B de Liniers: Andrés Federico Giménez (36) estaba alojado en el «anexo» de la dependencia de Barragán 396. Logró escapar luego de doblar parte de la chapa del galpón contenedor donde dormía junto a otro preso. El oficial que estaba a cargo del cuidado de esos internos fue pasado a disponibilidad, según informaron fuentes policiales a Clarín.
Todo ocurre en medio de una seguidilla de fugas y motines en las comisarías de la Ciudad este año y en el contexto de una pelea entre el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por el alojamiento de los detenidos en Capital.
Según confirmaron fuentes oficiales, la Alcaidía 1 bis de San Juan 1158 tiene 11 plazas de alojamiento y al momento de la toma en Constitución había 29 detenidos.
En esa dependencia, uno de los presos recibió la visita una mujer y cuando los agentes la requisaron encontraron marihuana dentro de un tubo de pasta de dientes. Cuando se lo secuestraron y la demoraron, empezó el conflicto.
Los presos «reaccionaron con violencia» y «empezaron a hacer destrozos en los calabozos». La situación fue alertada de inmediato, por lo que agentes de la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (Dutia) acudieron al lugar y aseguraron la zona, mientras que un helicóptero comenzó a sobrevolar las inmediaciones de manera preventiva.
Durante esas horas de tensión, varios patrulleros cortaron la cuadra por completo y le prohibieron el ingreso a los vecinos, en el medio de un operativo cerrojo que buscaba evitar que los presos que habían tomado parte de la comisaría se escaparan.
Crisis carcelaria y mezquindades políticas
Todo esto ocurre en medio de una disputa entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penintenciario Federal (SPF) que, según denuncian, «no da cupos para recibir presos de la Ciudad». Es por esto que -asuguran- «se hicieron adaptaciones de emergencia en las comisarías y alcaldías para garantizar las condiciones básicas de alojamiento». Pero, insisten «hay un problema de fondo: la negación del SPF a cumplir con sus obligaciones tal y cual las demanda la ley vigente».
El 10 de octubre, nueve presos que esperaban la cena en una celda colectiva fugaron de la comisaría 3B de la Policía de la Ciudad. Cinco fueron recapturados a las pocas horas.
La comisaría 3B de la Policía de la Ciudad de la que el martes escaparon 9 presos. Foto Archivo / Juano TesoneSegún reconocen, en la Ciudad hay más de 1.600 presos sobre una capacidad básica de 729 plazas, lo que implica un exceso del 220 por ciento. «De estos, más del 90% son delitos que debe juzgar la Nación. Y requieren la custodia de más de 1.500 policías de la Ciudad que no pueden cumplir con otras tareas», se justifican.
La situación en la Alcaidía de Constitución tuvo que contar con la intervención de un negociador que logró que los presos regresaran a sus celdas.
En el mismo contexto de superpoblación y desborde estaba el preso que se fugó de la comisaría de Liniers. Las «adaptaciones» realizadas por la Ciudad incluyen contenedores donde los presos se alojan. Ahí estaba Andrés Giménez durmiendo con otro preso cuando, según la versión del efectivo policial a cargo de su custodia, «se fue a la cocina a hacerle un té» al detenido. Y, cuando regresó, encontró una de las chapas del contendor rotas: el preso escapó.
Giménez se fue a su casa de La Tablada donde finalmente lo recapturó la Policía Bonaerense.
En agosto hubo un motín en la Alcaidía 12C de Villa Urquiza. Foto Archivo / Juano Tesone«Al día de hoy no existe una justificación convincente por la cual no se reciben presos en el SPF. Desde la pandemia se dejaron de recibir presos, a pesar de que la misma página del Servicio Penitenciario Federal indica que estarían en condiciones de hacerlo«, cuestionan en la Ciudad.
Y ejemplifican: «En 2019 se remitieron más de 17 mil presos, y en 2022 poco más de 3.700. Por eso, nosotros desde la Ciudad entendemos que la razón es pura y exclusivamente política con el fin de generar una superpoblación en las comisarías y alcaldías de la Ciudad. Lo que termina gestando mayor cantidad de problemas potenciales en nuestra jurisdicción».
Hace dos semanas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó el miércoles un pedido de habeas corpus en favor de los presos bajo la órbita de la Justicia Nacional «porque la situación en la que se encuentran las personas privadas de su libertad es cada día más grave».
Ante la consulta de Clarín en una nota publicada el 12 de octubre de 2023, fuentes del Gobierno Nacional indicaron que «el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la CABA están en contacto permanente y todas las semanas ingresan detenidos».
Además, responsabilizaron a la Ciudad por la construcción de una cárcel que quedó paralizada. En 2018 el Ministerio de Justicia, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Ciudad firmaron un convenio que incluía la construcción de un establecimiento de 2.240 plazas dentro del Complejo de Marcos Paz.
«El problema estaría resuelto si la Ciudad hubiera finalizado la obra del nuevo complejo en Marcos Paz. El Ministerio de Justicia le transfirió el dinero y el predio para que lo construyan. Debían finalizarlo y entregarlo en diciembre de 2020. Esa obra se paralizó por decisión unilateral de la CABA. La CABA decide no tener servicio penitenciario propio, como tiene el resto de las jurisdicciones del país», cuestionaron en ese entonces.
MG