Un análisis del proyecto de Presupuesto 2027 de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia indica que las partidas sociales cerrarán ese año un 16,1% por debajo de 2023, pese a un aumento previsto del 6,1% para 2027. Vivienda y urbanismo registra una baja del 99% y agua potable y alcantarillado, del 93%.
El gasto público destinado a los servicios sociales acumulará una caída real del 16,1% entre 2023 y 2027, de acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2027, difundido el lunes 12 de octubre, en la previa del tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados.
El informe señala que el aumento previsto para el año próximo, de 6,1% real en las partidas sociales y el más alto desde 2024, no compensa las caídas de los tres años previos. El gasto en salud, educación, vivienda, agua potable, asistencia social, ciencia y seguridad social terminará 2027 un 16,1% por debajo de 2023, descontada la inflación.
Qué partidas se recortan
- Vivienda y urbanismo: 99% menos que en 2023.
- Agua potable y alcantarillado: 93%.
- Trabajo, promoción y asistencia social: 74%.
- Educación y cultura: 44%.
- Ciencia, tecnología e innovación: 38%.
- Seguridad Social: 2%, la baja más leve, sostenida por la movilidad jubilatoria.
- Salud: +30%, la única función que mejora.
El caso más extremo es Vivienda y urbanismo. Según ACIJ, la mayor parte de la inversión en vivienda e infraestructura en barrios populares se canalizaba a través del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), que no está contemplado en las partidas del Presupuesto 2027 y que también fue desfinanciado. En Agua potable y alcantarillado el recorte llega al 93%, mientras que en Trabajo, promoción y asistencia social alcanza al 74%.
Salud, la excepción que no es lo que parece
El sector de Salud es el único que logra una mejora sustancial frente a 2023, con un aumento del 30% real. Pero ACIJ aclara que ese salto está fuertemente influido por un cambio en el financiamiento del PAMI: desde 2024, y especialmente después de la finalización del Impuesto PAIS, una parte de los recursos del instituto comenzó a canalizarse mediante transferencias del Tesoro registradas en la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Eso eleva el gasto que se contabiliza dentro de la función Salud, aunque en parte reemplaza fuentes de financiamiento que antes no se registraban ahí.
De dónde salió el ajuste
El informe sostiene que el 40% de los recortes presupuestarios totales de los últimos cuatro años se explica por las reducciones en las partidas de servicios sociales. El ajuste se canalizó sobre todo por dos vías: el recorte de las transferencias no automáticas a las provincias y la disolución de cerca de una veintena de fondos fiduciarios. Las dos vías son claves para entender el impacto: buena parte de los programas de asistencia, hábitat y obra pública se ejecuta con esos giros y fondos, de modo que la reducción se siente en los servicios que llegan a los barrios y no en un número de una planilla.
Qué significa en el bolsillo
Para una familia, el dato se traduce en menos presupuesto para los programas que sostienen el acceso a la vivienda, el agua, la asistencia alimentaria y la educación pública: una obra de cloacas que no arranca, un comedor o una beca que depende de una partida nacional, un plan habitacional que queda sin financiamiento. También implica menos recursos para las provincias, que reciben esos fondos por transferencias y los ejecutan en hospitales, escuelas y planes sociales. Y deja una advertencia para 2027: aunque el gasto social suba respecto de 2026 y alcance su nivel más alto desde 2024, seguirá por debajo del de 2023.
Nota en base a BAE Negocios, con datos del análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2027, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.