La defensa de Cristina Fernández de Kirchner amplió el planteo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con documentación que, según sostiene, cuestiona uno de los fundamentos de la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del planteo internacional realizado por la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad.
Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego buscan que el organismo internacional analice las garantías que, según sostienen, fueron vulneradas durante el proceso judicial. La presentación ante el Comité se realizó luego de que la condena quedara firme en la Justicia argentina.
El nuevo planteo incorpora una documentación que, de acuerdo con la interpretación de los abogados de la expresidente, cuestionaría uno de los fundamentos utilizados durante el proceso para sostener que existió un direccionamiento de la obra pública en beneficio de empresas de Lázaro Báez. La información surgió de una planilla de Excel que fue exhibida por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad durante una declaración en la causa conocida como Cuadernos. A partir de ese material, la defensa solicitó acceder a información más amplia sobre la distribución de los fondos e inició un análisis sobre el destino de los recursos.
Según explicó Beraldi durante una conferencia de prensa realizada el 15 de septiembre, el análisis de esos datos mostró que, pese al volumen de recursos destinados a Vialidad durante el período analizado, las empresas vinculadas a Báez recibieron menos del 1% de los fondos. La defensa ubicó esa cifra en torno al 0,85% y sostiene que el dato contradice la hipótesis de que existió una decisión destinada a beneficiar al empresario. Se trata de una interpretación planteada por los abogados de la ex mandataria, quienes consideran que la nueva documentación debe ser tenida en cuenta al revisar los fundamentos de la condena.
Beraldi sostuvo que la nueva información resulta determinante para el planteo que llevan adelante. Según explicó, el dato permite comparar la participación de las empresas de Báez con la del resto de las compañías que recibieron fondos durante el período investigado. Desde la defensa remarcaron que las firmas vinculadas al empresario no se encontraban entre las principales destinatarias de esos recursos y que las empresas que ocupaban los primeros lugares en la distribución no tenían relación con el gobierno de ese momento.
La incorporación de esta evidencia se suma a la presentación que el equipo de abogados había realizado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. En ese planteo, la defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron distintas garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y cuestiona, entre otros aspectos, el desarrollo del juicio y las consecuencias de la condena sobre los derechos políticos de la ex presidente. El objetivo de la presentación internacional incluye el pedido de revisión de esas cuestiones y la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La condena por la causa Vialidad quedó firme en junio de 2025, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos presentados por la defensa. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Actualmente cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Desde el equipo jurídico de la ex mandataria sostienen que la nueva evidencia permite cuestionar la valoración realizada durante el proceso y que debe ser considerada dentro de la estrategia de revisión. La presentación ante Naciones Unidas constituye una vía internacional distinta de los recursos disponibles dentro de la Justicia argentina. El Comité de Derechos Humanos analiza denuncias individuales relacionadas con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, según la información disponible sobre este caso, la defensa espera que el planteo sea tratado en una próxima sesión del organismo.
El planteo de los abogados también pone el foco en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una de las consecuencias de la condena que la defensa busca suspender. En la presentación ante el Comité, los letrados sostienen que esa sanción afecta los derechos políticos de Cristina Kirchner y cuestionan las garantías que, según su posición, fueron vulneradas durante el proceso. Esos argumentos forman parte de la presentación de la defensa y deberán ser evaluados por el organismo internacional.
Cuáles son las nuevas pruebas presentadas
El principal elemento incorporado por la defensa es la información contenida en una planilla de Vialidad que detallaba la distribución de fondos del fideicomiso utilizado para financiar obras viales. El documento apareció en el marco de la causa Cuadernos, cuando un funcionario técnico de Vialidad fue convocado como testigo y explicó el contenido de la base de datos. Los abogados de Cristina Kirchner señalaron que hasta ese momento no habían tenido acceso a esa información.
A partir de ese documento, la defensa realizó un análisis de los fondos destinados a las empresas que participaron de la obra pública entre 2009 y 2015. Su conclusión es que las compañías vinculadas a Báez recibieron aproximadamente el 0,85% de los recursos analizados. Para Beraldi, ese dato contradice la hipótesis de que durante el gobierno de Cristina Kirchner se hubiera diseñado una distribución de fondos destinada a favorecer al empresario.