El Ejecutivo convocó a los docentes a las 11 y a los no docentes a las 15 para retomar la negociación que quedó en cuarto intermedio el 1 de septiembre. Los sindicatos reclaman la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionan las partidas del Presupuesto 2027, que asigna $7,3 billones frente a los $11 billones que calcula el Consejo Interuniversitario Nacional.
El Gobierno nacional volvió a sentarse este jueves con los gremios universitarios para retomar la paritaria docente que había quedado en cuarto intermedio el 1 de septiembre, en medio de una nueva escalada de tensiones por los salarios y por las partidas que el Ejecutivo incluyó en el Presupuesto 2027.
La reunión con los representantes de los docentes fue convocada para las 11 y la de los trabajadores no docentes, para las 15, según confirmaron fuentes oficiales y sindicales. Hasta la mañana de este jueves no había trascendido una nueva propuesta salarial por parte de la Casa Rosada.
En el Ejecutivo vinculan la convocatoria con el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. «Estamos cumpliendo lo que dice la cautelar», expresan en Nación, mientras la discusión de fondo sigue siendo cuánto debe recomponer el Gobierno y sobre qué base debe calcularse la actualización.
Los gremios sostienen que todavía existe una pérdida salarial acumulada y reclaman que se aplique íntegramente la norma. La ley 27.795 establece que los salarios de docentes y no docentes deben recomponerse entre diciembre de 2023 y su sanción en un porcentaje no inferior a la inflación acumulada, obliga al Ejecutivo a convocar a la negociación paritaria con una periodicidad máxima de tres meses y dispone actualizaciones mensuales no inferiores al IPC.
La Justicia intervino sobre ese conflicto: una cautelar promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ordenó aplicar los artículos vinculados con salarios y becas, mientras que la UBA obtuvo posteriormente una resolución propia dentro de la disputa por la ejecución de la ley. El Gobierno y las universidades mantienen diferencias sobre el alcance de esas obligaciones.
La reunión llega además dos días después del envío del Presupuesto 2027, que volvió a colocar el financiamiento universitario en el centro de la negociación con el Congreso. El artículo 12 fija $7.349.082 millones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
El monto quedó lejos de la propuesta presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Los rectores calcularon necesidades cercanas a $11 billones para todo el sistema durante 2027, una diferencia de alrededor de $3,65 billones respecto del crédito incorporado por el Ejecutivo. Desde el sistema universitario sostienen que, si el Gobierno proyectara para 2027 el cumplimiento de la Ley de Financiamiento con el criterio que defienden los rectores, la partida debería ubicarse alrededor de $9,8 billones.
La UBA cuestionó también la composición de las partidas: en un documento sobre el proyecto afirmó que el salario docente quedaría 30,5% por debajo del nivel de diciembre de 2023 en términos reales y calculó caídas reales en funcionamiento, infraestructura, ciencia y becas. Son estimaciones de la universidad que el Ejecutivo no comparte.
El Gobierno sostiene una interpretación diferente. En Nación aseguran que las previsiones incorporan el cumplimiento que atribuyen a las cautelares y la inflación proyectada para 2027, y rechazan los cálculos del CIN sobre los recursos adicionales necesarios. El Presupuesto estima una inflación anual del 18% para el año próximo.
Nuevas condiciones para girar los fondos
La disputa no se limita al monto global. El proyecto incorpora además nuevas condiciones para la transferencia de fondos: las universidades deberán entregar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias información para asignar, ejecutar y evaluar los recursos recibidos, y Capital Humano podrá interrumpir las transferencias si esa información no se presenta en tiempo y forma.
Del lado oficialista, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabeza la ronda con los sindicatos en representación del Ministerio de Capital Humano. Los gremios aguardan que la reunión de este jueves permita destrabar una recomposición que consideran saldada solo parcialmente y que, advierten, volverá a golpear los salarios del sector en un año con clases en riesgo por el conflicto.
Nota en base a TN, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.