Eduardo Maidana, integrante del Foro de Discapacidad, cuestionó las modificaciones que el Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre el sistema de prestaciones y pensiones para personas con discapacidad. El Congreso analiza en paralelo la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, que rige hasta el 31 de diciembre de 2026.
El debate por el futuro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo con la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 por parte del Gobierno nacional. Mientras en el Congreso se analiza la posibilidad de extender hasta diciembre del próximo año la emergencia nacional en discapacidad, la iniciativa oficial incorpora modificaciones sobre el esquema de prestaciones, los aranceles y las pensiones no contributivas.
Eduardo Maidana, integrante del Foro de Discapacidad, habló con ADNSUR y planteó las principales preocupaciones que tienen las organizaciones frente a los cambios que quedaron incluidos en el proyecto.
Maidana explicó que la discusión actual debe analizarse junto con la situación que atraviesa el sistema desde hace aproximadamente dos años. Según señaló, las organizaciones vienen reclamando la continuidad de las prestaciones contempladas por la Ley 24.901, además del sostenimiento de las pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad.
También incluyó dentro de las áreas que requieren continuidad a los talleres protegidos de producción y otras alternativas vinculadas con la atención y la inclusión. Para el referente, la emergencia no representa solamente una herramienta económica, sino un mecanismo que permite sostener una estructura de servicios de la que dependen miles de personas y sus familias.
La emergencia nacional en discapacidad fue establecida por la Ley 27.793 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderse por un año más. En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso plantea cambios en varios de los puntos que las organizaciones consideran centrales. Entre ellos aparece la modificación del esquema de aranceles de las prestaciones y del régimen de pensiones, por lo que el debate por la prórroga se desarrolla al mismo tiempo que el Congreso comienza a analizar la propuesta presupuestaria del Poder Ejecutivo.
Uno de los aspectos que más preocupa al Foro de Discapacidad es la modificación del nomenclador, que actualmente establece valores de referencia para las distintas prestaciones. Maidana explicó que este sistema permite que una persona con discapacidad pueda acceder a servicios independientemente de la capacidad económica que tenga su familia y que, de esta manera, una misma prestación tenga un criterio común de financiamiento. Entre los servicios alcanzados se encuentran los centros educativos terapéuticos, centros de día, rehabilitación, hogares, residencias, atención temprana y transporte. El proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar el criterio de valores universales y modificar el mecanismo de determinación de los aranceles.
Para Maidana, el cambio puede generar diferencias entre las prestaciones según el lugar, el financiador o la institución que las brinde. Su preocupación está centrada especialmente en aquellas familias que no tienen recursos suficientes para afrontar por su cuenta la diferencia entre lo que una obra social o prepaga esté dispuesta a pagar y el valor que necesite cobrar un prestador para sostener el servicio. “Si se desregula o se ponen al libre albedrío los aranceles, esto va a llevar adelante que cada uno pague lo que quiera”, sostuvo, al explicar que el sistema actual establece condiciones comunes para evitar que el acceso a una prestación dependa de la capacidad de negociación de cada familia.
El proyecto oficial plantea que el nomenclador deje de establecer valores universales y establece un esquema diferente para la determinación de los aranceles. De acuerdo con el análisis publicado sobre la iniciativa, en el caso de las prestaciones brindadas por el sector público los valores serían fijados de manera trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras que el proyecto modifica también el mecanismo de actualización que hasta ahora contemplaba la evolución de determinados indicadores. El Gobierno, por su parte, sostiene que busca garantizar la atención y ordenar el sistema de prestaciones, además de avanzar en una actualización del nomenclador y en una reorganización del régimen de pensiones.
Otro punto que Maidana consideró central es el futuro de las pensiones no contributivas. Según explicó, las modificaciones pueden cambiar las condiciones para acceder al beneficio y advirtió que el impacto sería especialmente fuerte sobre las personas con discapacidad que además se encuentran en situación de pobreza. El proyecto de Presupuesto modifica el régimen de pensiones y establece cambios en los criterios de acceso y compatibilidad con el trabajo formal. El análisis de la iniciativa señala que el Certificado Único de Discapacidad dejaría de funcionar como vía directa para acceder al beneficio y que la pensión pasaría a estar vinculada nuevamente con un criterio de invalidez laboral.
Maidana puso el foco en la cantidad de personas que, según estimó, dependen de estos ingresos y servicios para sostener sus tratamientos y su vida cotidiana. Mencionó una cifra aproximada de un millón y medio de personas con discapacidad en situación de pobreza y sostuvo que, en esos casos, la pérdida de una pensión o de una prestación puede tener consecuencias que van mucho más allá de una cuestión económica. “Si no tiene su pensión, no va a tener el acceso mínimo a una calidad de vida razonable”, afirmó, al remarcar que las organizaciones consideran que el acceso a la salud, la educación y los apoyos necesarios forman parte de un sistema de derechos que se construyó durante décadas.
El referente también recordó que la discusión por la emergencia ya había pasado por el Congreso y que la ley sancionada el año pasado fue aprobada por ambas cámaras antes de ser vetada por el Gobierno nacional. Posteriormente, el Congreso insistió con la normativa y se destrabó su aplicación, aunque Maidana cuestionó el nivel de implementación alcanzado hasta el momento. Entre las dificultades mencionó la actualización y compensación a los prestadores y la existencia de pensiones que todavía permanecen pendientes de resolución. El Gobierno, en tanto, defendió ante la Comisión de Discapacidad las medidas adoptadas y sostuvo que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.
La discusión legislativa continuará ahora con dos procesos que quedaron estrechamente relacionados: por un lado, el tratamiento de la prórroga de la emergencia en discapacidad y, por otro, el análisis del Presupuesto 2027, que incorpora modificaciones sobre normas que regulan el sistema. Para Maidana, lo que está en juego es la continuidad de un esquema que durante casi tres décadas permitió ampliar el acceso a tratamientos y servicios para las personas con discapacidad. “Estamos defendiendo la posibilidad y el trabajo que se hizo durante 30 años”, concluyó.