La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves el régimen que permite el ingreso de personal temporario a la planta permanente de la administración pública provincial. La norma alcanza a más de 4.200 agentes y fue acompañada por la mayoría de los bloques. Durante la sesión se registraron cruces entre legisladores y militantes de ATE.
La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves el Régimen de Ingreso del Personal Temporario a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo un amplio respaldo del cuerpo. La jornada incluyó la presencia de militantes de ATE en las bandejas del recinto y un cruce con el legislador Juan Martín del PRO.
Según el texto sancionado, la norma alcanza al personal contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios que haya iniciado su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025 y que haya prestado servicios de manera ininterrumpida hasta su incorporación. La redacción final incluyó a quienes se desempeñan bajo la figura de Hora Cátedra.
El régimen fija como requisitos acreditar idoneidad mediante una evaluación, contar con informe favorable del área de Recursos Humanos, aprobar el examen preocupacional y no registrar sanciones. La ley crea la Comisión Ejecutiva Central como autoridad de aplicación y establece un plazo de sesenta días hábiles para que el Ejecutivo reglamente la norma.
En la exposición como miembro informante, el legislador Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) señaló que el pase a planta será voluntario para quienes reúnan los requisitos y que no implica nuevos ingresos ni un incremento de la masa salarial. El presidente del bloque oficialista, Facundo López, calificó a la ley de «importantísima» y sostuvo que las gestiones de JSRN «nunca» usaron a los estatales «como variable de ajuste».
Desde la puerta de la Legislatura, en Viedma, cientos de estatales sostuvieron una vigilia tras un acampe montado la noche anterior. «Dijimos que sin lucha no hay logros, y este sindicato no bajó nunca los brazos», afirmó el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente. Según datos del gremio, la ley alcanza a más de 4.200 agentes, de los cuales alrededor del 35% pertenece al sistema de salud pública.
El acompañamiento fue transversal: votaron a favor JSRN, Vamos con Todos, la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, la UCR, el PJ-Nuevo Encuentro y Primero Río Negro. En la vereda opuesta, siete legisladores rechazaron la iniciativa y cuestionaron el escaso tiempo destinado al análisis, la falta de precisiones sobre el universo definitivo de trabajadores alcanzados y la ausencia de un informe de impacto fiscal.
Durante el debate, el legislador del PRO Juan Martín comenzó su exposición entre abucheos e interrupciones de la tribuna. Martín instó a los manifestantes a «hacer un esfuerzo por ser educados» y defendió el protocolo antipiquete del gobierno nacional. El contrapunto se volvió personal con el propio Vicente, que le enrostró que su postura buscaba impacto en redes. Martín replicó apuntando a los sueldos del sector público y acusó a los sectores más duros del gremio de responder a lógicas de «patoterismo y violencia». Pese a ello, confirmó el voto favorable de su bloque.
En la misma jornada, la Legislatura aprobó por mayoría la prórroga por tres años del Fondo Específico destinado a mejorar la situación habitacional de los trabajadores del Ejecutivo provincial afiliados a ATE, parte del Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda creado en 2019. Los recursos pueden destinarse a construir, refaccionar o ampliar viviendas y a obras de infraestructura.
Esa prórroga volvió a exponer diferencias. Vamos con Todos acompañó pero reclamó datos sobre el destino de los fondos. Martín votó en contra y calificó la extensión como «otra señal de alineamiento con el sindicato ATE», al sostener que se financia un esquema «sin rendir cuentas» administrado por Río Negro Fiduciaria.
Con la ley de pase a planta sancionada, el foco se traslada a la reglamentación: el Ejecutivo tiene sesenta días hábiles para definir la letra chica y poner en marcha la Comisión Ejecutiva Central. En paralelo, el fondo de viviendas quedó garantizado por tres años más.