La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Neuquén emitió despacho para regular los controles toxicológicos obligatorios para los 35 diputados. El único voto en contra fue del diputado César Parra, del Partido Obrero.
La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Neuquén emitió un despacho para regular los controles toxicológicos obligatorios para los diputados provinciales. El dictamen fue aprobado por mayoría, con el voto en contra del diputado César Parra, del Partido Obrero.
El proyecto establece que los controles se realicen de manera bimestral, antes de las sesiones de Cámara y de las reuniones de comisión. El procedimiento será coordinado por el área de Medicina Laboral, con el soporte de la Secretaría de Cámara.
La iniciativa que obtuvo despacho fue presentada por el diputado Claudio Domínguez, del MPN, e incorporó aportes realizados durante el debate. También se analizó una propuesta de la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia, Zulma Reina, del bloque Comunidad, aunque no fue la que avanzó.
El despacho fue acompañado por los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, UxP, Democracia Neuquén, JxC y Juntos. El único voto negativo fue el de Parra, quien asumió recientemente en reemplazo de Andrés Blanco, del PTS, por el sistema de bancas rotativas de la izquierda neuquina.
En su fundamentación, Parra sostuvo que los narcotest “no contribuyen a la lucha contra el narcotráfico ni a generar políticas de contención frente a las adicciones” y agregó que “de hecho, estas propuestas las penalizan”.
El diputado Claudio Domínguez explicó que el procedimiento deberá ser “fácil, ágil, dinámico, in situ, sorpresivo y aleatorio”. El proyecto establece que los controles alcancen a los 35 diputados provinciales.
Durante el debate, el diputado César Gass, de JxC, respaldó la necesidad de avanzar con el protocolo para garantizar que los legisladores estén en condiciones físicas y biológicas de sancionar leyes. También pidió avanzar con otras iniciativas de transparencia, como el proyecto de declaraciones patrimoniales juradas.
La medida se enmarca en la ley vigente que ya se aplica en el Poder Ejecutivo provincial por decisión del gobernador Rolando Figueroa. La implementación en la Legislatura requiere una resolución de Cámara.