La iniciativa, impulsada por Omar Lattanzio y aprobada por unanimidad, modifica el régimen de adjudicación de obras públicas para exigir mayores controles cuando las ofertas superen el presupuesto oficial. Además, el Ejecutivo deberá remitir al Concejo una propuesta para actualizar los montos de las modalidades de contratación.
El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó este jueves, por unanimidad, una ordenanza que introduce cambios en el régimen de contratación de obra pública y limita la posibilidad del Poder Ejecutivo de adjudicar trabajos mediante concursos privados sin un mayor control legislativo.
La iniciativa, presentada sobre tablas por el concejal Omar Lattanzio, fue primero habilitada para su tratamiento y luego aprobada por unanimidad durante la sesión ordinaria. El eje central del proyecto apunta a modificar el mecanismo mediante el cual se justifican las adjudicaciones cuando las ofertas superan el presupuesto oficial establecido para una obra.
Durante la exposición del proyecto, Lattanzio explicó que la normativa vigente, la Ordenanza 16.797 de 2022, permitía que una obra fuera adjudicada sin mayores fundamentos siempre que la oferta presentada no excediera en más del 30% el presupuesto oficial.
«El artículo 18 dice que cuando se resuelva aconsejar la adjudicación en favor de una propuesta que exceda el presupuesto oficial en más del 30%, será condición inexcusable que el personal técnico formule el acta», sostuvo el concejal.
Y agregó: «Si el Ejecutivo calcula que una obra costará 400 millones de pesos y recibe una oferta con un incremento del 29%, directamente se le adjudica la obra sin tomar en consideración ningún análisis de a qué se debe ese incremento. Esa ordenanza está desactualizada».
Con la modificación aprobada, ese margen se reduce considerablemente. A partir de ahora, cada vez que una oferta supere en más del 10% el presupuesto oficial, el dictamen y el acta de preadjudicación deberán justificar y fundamentar expresamente las razones de esa diferencia de precio.
Además, la ordenanza deroga el artículo 9 de la Ordenanza 16.197/22 y establece que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante una propuesta de actualización de los montos previstos para las distintas modalidades de contratación contempladas en la Ordenanza 3834/91 y sus modificatorias.
En la práctica, la modificación implica una limitación para que el Ejecutivo continúe adjudicando obra pública mediante concursos privados en determinados montos sin intervención del cuerpo legislativo. A partir de esta reforma, esas contrataciones deberán atravesar un mayor control político y administrativo, con la participación del Concejo Deliberante.
Lattanzio remarcó que el objetivo es dotar de mayor transparencia al proceso de contratación y evitar que diferencias importantes entre el presupuesto oficial y las ofertas presentadas queden sin una fundamentación técnica.
La aprobación se dio sin objeciones de los distintos bloques, que acompañaron por unanimidad tanto el tratamiento sobre tablas como la sanción definitiva de la ordenanza.