La primera audiencia de conciliación obligatoria entre el Grupo Conarpesa y el STIA terminó sin avances. La empresa solo envió un abogado que presentó un escrito y se retiró, mientras los 39 trabajadores despedidos continúan sin ser reincorporados.
El conflicto entre el Grupo Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que fracasara la primera audiencia convocada en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Chubut. La reunión, realizada en Puerto Madryn, terminó sin avances debido a la ausencia de directivos de la empresa, mientras los 39 trabajadores despedidos continúan sin ser reincorporados.
La conciliación obligatoria había sido dispuesta por la cartera laboral por un plazo de 15 días, tras la escalada del conflicto originado por el despido con causa de 39 empleados, a quienes la empresa responsabiliza por los incidentes ocurridos durante una protesta realizada el 15 de julio en la planta del Parque Industrial Pesquero.
Sin embargo, la instancia de diálogo comenzó con un nuevo foco de tensión. Según informó Canal 12, en representación de Conarpesa solo asistió un abogado, quien presentó un escrito y se retiró sin participar de la negociación.
En el documento, firmado por Luis Novoa, la firma sostuvo que «la sociedad Conarpesa no tiene ningún tipo de conflicto con su personal». Esa postura fue cuestionada porque los trabajadores despedidos pertenecen formalmente a Agropez, empresa del mismo grupo económico, aunque desempeñan sus tareas en la planta de Conarpesa en Puerto Madryn.
En la previa de la fallida audiencia, desde el STIA señalaron que la conciliación obligatoria implica retrotraer el conflicto al estado previo a los despidos, por lo que los empleados deberían haber sido reincorporados mientras se desarrolla la negociación. No obstante, el secretario general del gremio, Luis Núñez, aseguró que esa medida aún no fue cumplida. «Al retrotraerse la medida, esos trabajadores tendrían que haber sido incorporados. Hoy están en la calle», sostuvo.
El dirigente también volvió a rechazar la versión empresarial sobre los hechos ocurridos durante la protesta y afirmó que existen registros audiovisuales que demostrarían que no hubo agresiones ni daños en las instalaciones. «Hay grabaciones donde no hubo agresiones ni roturas de nada. La empresa va a tener que probar lo que sostiene», expresó.
Núñez explicó además que los despedidos son trabajadores efectivos discontinuos, algunos con hasta 17 años de antigüedad, que debían ser convocados al inicio de la temporada pesquera. Según el sindicato, el reclamo original alcanzaba a 85 empleados que esperaban volver a trabajar y los despidos constituyen una maniobra para disciplinar al personal. Aun así, admitió que no espera un cambio de postura por parte de la empresa durante la conciliación. «Nosotros vamos a seguir reclamando que se cumpla la ley y los acuerdos firmados», afirmó.
Mientras el conflicto laboral continúa sin solución, Conarpesa mantiene firme su decisión de sostener las cesantías. Además de ratificar los despidos, la empresa amplió la denuncia penal iniciada por la ocupación de sus oficinas administrativas y presentó nuevas pruebas ante el Ministerio Público Fiscal, entre ellas filmaciones del episodio, una nómina de los trabajadores desvinculados y el ofrecimiento de testimonios de personal jerárquico y administrativo para avanzar en la identificación y eventual juzgamiento de quienes participaron de la protesta.