El conflicto entre la pesquera Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) se intensifica tras los despidos de 39 empleados. El gremio presentó un pedido de conciliación obligatoria ante la Secretaría de Trabajo de Chubut, mientras los trabajadores niegan actos de violencia y exigen volver a sus puestos.
El conflicto entre la pesquera Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sumó un nuevo capítulo este viernes. La empresa comenzó a enviar telegramas de despido con causa a trabajadores involucrados en incidentes ocurridos el 15 de julio en la planta de Puerto Madryn. En paralelo, el gremio solicitó formalmente el dictado de la conciliación obligatoria para abrir una instancia de negociación. Los empleados despedidos rechazaron las acusaciones de violencia y reclamaron la reincorporación a sus puestos de trabajo.
Vladimir Rodríguez, vocero de los cesanteados, afirmó en declaraciones a Canal 12 que ya fueron notificados 39 trabajadores. Sostuvo que entre ellos hay personas que no participaron de los hechos señalados por la empresa. “Lo único que queríamos era trabajar. Nos echaron con causa injustamente y nos trataron de violentos cuando eso nunca ocurrió”, declaró.
Rodríguez explicó que la protesta se originó por un acuerdo firmado en la Secretaría de Trabajo para que el personal retomara tareas el 15 de julio. “Había un acuerdo firmado. Nosotros solo reclamábamos que se cumpliera ese compromiso”, señaló. Indicó además que una parte importante del personal llevaba cinco meses sin actividad. “Veníamos hace cinco meses parados. No nos rebelamos; nos cansamos. Lo único que pedíamos era volver a trabajar para llevar el sustento a nuestras familias”, expresó.
Negó que durante la protesta se hayan producido agresiones contra directivos o personal administrativo. “Entramos porque el propio Armando García nos dijo que fuéramos a hablar con él. Nunca hubo agresiones. Hay fotos y videos que demuestran que eso no pasó”, aseguró.
Otra trabajadora despedida sostuvo que la mayoría de los afectados son mujeres con más de una década de antigüedad en la empresa. “No fuimos a pedir plata ni un adelanto. Solo pedíamos trabajar. Somos madres de familia y necesitábamos recuperar nuestra fuente laboral”, manifestó.
El secretario general del STIA, Luis Núñez, confirmó que el sindicato presentó el pedido de conciliación obligatoria ante la Secretaría de Trabajo de Chubut y espera que el organismo convoque a una audiencia entre las partes. “Estamos pidiendo la conciliación obligatoria. Terminamos de trabajar con los abogados de la entidad sindical, armamos la presentación y la enviamos. Ahora esperamos que la Secretaría de Trabajo la dicte y convoque a la primera audiencia”, explicó. También solicitó que de las negociaciones participe WOFCO, el grupo empresario que controla Conarpesa. “Queremos que se presenten representantes de esa firma y no que todo quede manejado por Fernando Álvarez Castellano”, sostuvo.
Conarpesa ratificó los despidos y defendió su decisión. A través de un comunicado, sostuvo que durante la protesta hubo hechos de intimidación hacia el personal administrativo, lo que obligó a interrumpir la actividad y evacuar las oficinas con intervención policial. La empresa considera que esa conducta constituye una injuria grave que justifica la extinción del vínculo laboral.
En el comunicado, la firma expresó “su más enérgico rechazo a la ocupación de sus instalaciones en Puerto Madryn por parte del STIA, una medida que vulnera derechos fundamentales, altera el normal funcionamiento de la empresa y perjudica a cientos de trabajadores que desean desarrollar sus tareas con normalidad”. Afirmó que “ha sostenido históricamente una política de diálogo, inversión y generación de empleo” y reclamó que las diferencias “deben canalizarse por las vías institucionales y legales correspondientes, nunca mediante medidas de fuerza que impidan trabajar a quienes desean hacerlo”. Finalmente, pidió a las autoridades que garanticen “el libre acceso a las instalaciones, el derecho constitucional al trabajo y el normal desenvolvimiento de la actividad productiva”.
El conflicto continúa sin una solución a la vista, a la espera de una definición de la Secretaría de Trabajo sobre el pedido de conciliación obligatoria.