La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Conarpesa y el STIA, tras el despido de 39 trabajadores. El gremio exige la reincorporación mientras la empresa amplió una denuncia penal por la toma de sus oficinas.
La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), luego de que la empresa despidiera a 39 trabajadores. La medida ordena retrotraer la situación al estado previo al conflicto, aunque desde el gremio afirmaron que los empleados aún no fueron reincorporados a sus puestos.
Así lo confirmó el secretario general del STIA, Luis Núñez, en una entrevista con LU20 Radio Chubut. El dirigente explicó que, tras la presentación realizada por el sindicato, la autoridad laboral dispuso la conciliación y convocó a una audiencia en Puerto Madryn para intentar acercar posiciones entre las partes.
«Al retrotraerse la medida, esos trabajadores tendrían que haber sido incorporados. Hoy están en la calle», sostuvo Núñez, quien remarcó que la empresa debía dejar sin efecto temporalmente los despidos mientras dure la instancia de conciliación.
El conflicto se originó luego de que Conarpesa enviara telegramas de despido con causa a 39 trabajadores, a quienes acusa de haber protagonizado una actitud intimidatoria durante un reclamo en la planta. Sin embargo, el sindicato rechaza esa versión y sostiene que existen registros audiovisuales que demostrarían que no hubo violencia ni toma de las instalaciones.
«Hay grabaciones donde no hubo agresiones ni roturas de nada. La empresa va a tener que probar lo que sostiene», afirmó Núñez, quien aseguró que la decisión fue «intempestiva» y recordó que, según el gremio, la empresa ya perdió otros juicios laborales por medidas similares.
El dirigente también explicó que los despedidos son trabajadores efectivos discontinuos, con algunos casos de hasta 17 años de antigüedad. Según indicó, al comenzar la temporada pesquera la empresa tiene la obligación de convocarlos para reincorporarse a sus tareas, algo que —afirmó— no ocurrió este año pese a los compromisos asumidos durante audiencias anteriores en la Secretaría de Trabajo.
Núñez sostuvo que los 39 despidos forman parte de una estrategia para disciplinar a los trabajadores y recordó que el reclamo original alcanzaba a 85 empleados que aguardaban ser convocados para iniciar la temporada.
Respecto de la audiencia de conciliación, reconoció que no espera una postura flexible de la empresa. «Conociéndolo, coincido en que va a sostener esa posición. Nosotros vamos a seguir reclamando que se cumpla la ley y los acuerdos firmados», manifestó.
El secretario general del STIA también remarcó que representantes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) expresaron preocupación por la posibilidad de que el conflicto se extienda y afecte al resto de la actividad. En ese sentido, el sindicato aclaró que busca mantener el diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo e incluso solicitó la participación de representantes del grupo empresario Wofco, que posee participación en Conarpesa.
Conarpesa amplió la denuncia penal por la toma de sus oficinas
La causa judicial iniciada tras la irrupción en las instalaciones administrativas de Conarpesa sumó un capítulo clave este lunes con la presentación de nuevas pruebas documentales y materiales por parte de los apoderados legales de la firma. La ampliación de la denuncia penal, asentada bajo el Caso N.º 99.766 ante el Ministerio Público Fiscal, busca la identificación formal y el juzgamiento de las personas que ocuparon el edificio el pasado 15 de julio.
Según consta en la presentación incorporada al expediente, la ocupación se produjo cuando un grupo de al menos 40 personas ingresó sin autorización a las dependencias administrativas, aprovechando la apertura del portón durante el acceso de un vehículo a la planta. La presentación judicial señala además que los manifestantes declararon pertenecer al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y actuaron bajo la representación de José Díaz, Óscar Hughes y Osvaldo González al momento de tomar las oficinas.
Desde la compañía informaron que parte de los ocupantes pertenecía a la plantilla de la firma, por lo cual la conducción empresarial dispuso la cesantía inmediata de quienes participaron de la medida. De acuerdo con lo expuesto en el escrito, la gravedad del episodio afectó el normal funcionamiento de la planta y motivó la decisión de despedir con justa causa a los empleados involucrados, remarcando que la irrupción implicó un ingreso no autorizado a un ámbito privado de trabajo para el cual se solicita determinar responsabilidades individuales.
Entre los elementos incorporados al expediente, la pesquera entregó una nómina detallada de los trabajadores desvinculados y adjuntó un soporte digital con las filmaciones registradas por el propio personal durante el desarrollo de la medida. En el escrito judicial consignaron la entrega de una «dispositiva conteniendo la grabación efectuada por personal de la empresa durante uno de los momentos de la toma», un recurso audiovisual considerado central por la querella para la verificación de identidades. Asimismo, la representación legal ofreció la declaración testimonial de integrantes del personal jerárquico y administrativo que se encontraban cumpliendo funciones al momento del hecho.