Un hombre que cumple una condena de 8 años por abuso sexual solicitó una reducción de pena basada en cursos realizados por internet. La jueza de ejecución Karina Breckle rechazó el pedido de la defensa y solo concedió un mes de descuento por haber terminado la escuela secundaria en prisión.
En el marco de un incidente de ejecución de pena, un hombre que cumple una condena de 8 años de prisión por un delito de abuso sexual solicitó, a través de su defensa oficial, acogerse a la ley de estímulo educativo para reducir su condena. A instancias de la Fiscalía de Rawson, que llevó adelante la acusación, la pena se redujo en solo un mes por haber terminado la escuela secundaria en prisión.
La defensa había solicitado que se tuvieran en cuenta otras 15 capacitaciones realizadas por internet sobre oficios y habilidades de diversa índole. Esta postura no fue convalidada por la jueza de ejecución Karina Breckle, quien hizo suyos los argumentos de la funcionaria de fiscalía Analía Acuña para no considerar esas capacitaciones.
Los cursos mencionados por la defensa incluían “gestión operativa de servicios de alojamiento”, “seguridad vial”, “fotografía”, “procesador de textos de Google Drive”, “cultivo hidropónico en casa” y “peluquería y barbería masculina”, entre otros. Todos con cargas horarias intensas y en poco lapso de tiempo. Por la realización de estos cursos, la defensa pidió que se redujera la pena en 14 meses.
Durante la audiencia, la funcionaria de fiscalía Acuña realizó una comparación: “A una persona que estudió una carrera como medicina, ingeniería, abogacía, que implican cinco o más años de estudios universitarios intensos, la Ley 24.660 le reduce la pena en solo 9 meses. En este caso no se puede pretender que se le reduzca la pena en 14 meses por estos cursos aislados que afirma la defensa haber realizado”.
Finalmente, el pedido no prosperó ante la oposición de la representante del Ministerio Público Fiscal y la resolución final de la jueza de ejecución Breckle.
El condenado fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia, con acceso carnal, en cuatro hechos bajo la modalidad de delito continuado contra una menor de edad. La condena fue dictada el 2 de febrero de 2024 y se agotará el 24 de febrero de 2032.