El informe final de la auditoría fue presentado este martes por María Marta Nieto, presidenta de la Cámara de Apelaciones. Se detectaron demoras en la atención de casos de violencia de género, automatización en la labor de los jueces y falta de concentración de trámites, entre otros puntos.
La Justicia presentó este martes los resultados de la auditoría realizada sobre el accionar de los profesionales del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia que intervinieron en el expediente que definió la guarda de Ángel, el nene de 4 años que falleció tras mudarse con su mamá. La muerte es investigada como un presunto homicidio.
La auditoría fue realizada por la Cámara de Apelaciones de la ciudad. Sus resultados y conclusiones fueron presentadas por la presidenta del cuerpo, María Marta Nieto, a través de una conferencia de prensa.
Según explicó Nieto, el análisis realizado a través de casos concretos tomados al azar permitió determinar que «el equipo interdisciplinario cuenta con los recursos humanos, materiales y de gestión necesarios» para realizar su trabajo.
Por otra parte, la magistrada analizó el procedimiento utilizado ante la recepción de violencia de género y sostuvo que es necesario mejorar. «En el triage el equipo designa una dupla, pero si hay medidas vigentes, suelen tener la ‘tranquilidad’ de que la persona está protegida y quizás ponen las entrevistas en la agenda un poco después. En abril tenían turnos señalados hasta junio; en una situación de riesgo, junio está muy lejos. Sugerí que si hay medidas, se haga una intervención inmediata e informen al juez si fueron las medidas correctas», remarcó.
También sostuvo que «en los casos de alto riesgo no se vio esta demora». Y analizó el trabajo de los magistrados del fuero de Familia: «Noté en los jueces una automatización y un corrimiento de su presencia en el caso concreto; por eso sugiero una mayor involucración de la judicatura».
La magistrada señaló además que el Superior Tribunal de Justicia ya dispuso la implementación de la totalidad de las medidas sugeridas, incluyendo capacitaciones en perspectiva de vulnerabilidad (niños, adultos mayores, discapacidad) y no solo perspectiva de género.
Nieto señaló que «los informes hoy son técnicamente superiores a los de hace 5 años, pero les falta reflejar todas las acciones realizadas, como charlas con docentes o psicólogos». También afirmó que hay una proliferación de trámites para una misma situación familiar (alimentos, violencia, comunicación), lo que obstaculiza el trabajo de la asesoría y del equipo técnico. «Sugerí concentrar todo en el mismo caso para evitar la omisión de información».
Por último, afirmó que en todo trámite en el que se define que un menor quede al cuidado de uno de sus progenitores se realiza un informe para definir las condiciones en las que viviría ese menor, uno de los puntos más cuestionados por el papá de Ángel, quien denunció que el chico vivía en una situación precaria desde que se mudó con su mamá y su padrastro por orden de la Justicia.
Consultada sobre su evaluación del sistema, señaló: «Creo que en gran parte no está funcionando bien porque hay una disconformidad en la sociedad y es mejorable».
Por último, agregó: «Falta tolerancia. Es una sociedad que exige respuestas inmediatas. Y cuando hay respuestas hay una parte que se satisface y una que no. Y ante esa sensación de injusticia, cuando no somos tolerantes o no comprendemos cómo funciona el sistema, nos ponemos demandantes. Nadie puede ejercer un derecho que no conoce».