El gobernador Alberto Weretilneck firmó la norma que establece un canon por el uso del agua en las centrales hidroeléctricas. La provincia cobrará el equivalente al 1% de la energía comercializada, dentro de un esquema del 2% que comparte en partes iguales con Neuquén.
El gobernador Alberto Weretilneck promulgó este miércoles la ley que fija un canon por el uso del agua destinada a la generación hidroeléctrica en territorio rionegrino. La norma le reconoce a la provincia el derecho a percibir una compensación económica por el aprovechamiento de sus recursos hídricos en las centrales del Comahue, una cuenca que durante décadas alimentó el sistema eléctrico nacional sin dejar una contraprestación equivalente en la provincia.
En concreto, el texto establece que Río Negro cobrará el equivalente al 1% de la energía comercializada por las empresas concesionarias de las represas. Ese porcentaje forma parte de un esquema más amplio del 2%, que la provincia reparte en partes iguales con Neuquén, la otra jurisdicción ribereña de los ríos que mueven las turbinas del sistema.
Qué es el canon y de dónde sale
El canon es, en términos simples, un pago por usar un recurso que es propiedad de la provincia. Hasta ahora, según el planteo del gobierno provincial, ese uso no tenía una compensación acorde para Río Negro, pese a que los ríos del Comahue son uno de los pilares de la generación hidroeléctrica del país.
El cobro no surgió de la nada. El reconocimiento llegó a partir de la negociación que Río Negro encaró junto a Neuquén ante el Gobierno Nacional, en el marco del proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas. La ley promulgada le da respaldo legal definitivo a un acuerdo que ya se había alcanzado en la mesa con Nación.
«Esta ley le da marco legal definitivo a un logro histórico. No se trata solamente de recursos económicos: es defender nuestros derechos, hacer cumplir nuestra Constitución y ejercer un federalismo real», sostuvo el gobernador al firmar la norma.
Desde el Ejecutivo provincial enmarcaron la medida dentro de una estrategia más amplia de defensa de los recursos rionegrinos, con el objetivo declarado de transformar esos ingresos en infraestructura, desarrollo y obras a lo largo de las próximas décadas. El argumento oficial conecta el cobro del agua con el resto de la agenda de renta de recursos naturales que la provincia viene impulsando, desde los hidrocarburos hasta la minería.
Con la promulgación, el siguiente paso será la reglamentación y la implementación efectiva del cobro, que definirá el flujo de fondos que la provincia empezará a recibir de las concesionarias. El monto final dependerá de la energía que comercialicen las centrales del Comahue, un dato que recién podrá dimensionarse cuando el esquema esté operativo.