La Fiscalía cuestionó varias decisiones adoptadas durante la audiencia preliminar por el crimen del trabajador rural Pedro Segundo Quilodrán y pidió que se incorporen testigos y pruebas que fueron rechazadas.
La causa judicial por el homicidio de Pedro Segundo Quilodrán volvió a tener actividad este martes en los tribunales de Sarmiento, donde un tribunal revisor escuchó los argumentos de la Fiscalía y de la defensa en torno a distintas decisiones adoptadas durante la audiencia preliminar del proceso que tiene como acusado a Carlos Omar Llaipen.
La resolución que surja de esta instancia será clave para definir qué pruebas y testimonios podrán ser utilizados cuando el caso llegue a juicio por jurados.
La audiencia se desarrolló en la Oficina Judicial de Sarmiento y estuvo a cargo de los jueces Mauro Soza y Ariel Quiroga. Allí, las fiscales Andrea Vázquez y Rita Barrionuevo solicitaron que se revoquen varios puntos de la resolución dictada el pasado 5 de mayo por el juez Alejandro Rosales, al considerar que algunas de esas decisiones afectan la posibilidad de presentar evidencia que consideran relevante para sostener la acusación contra Llaipen.
Entre los planteos realizados por el Ministerio Público Fiscal figura el rechazo a la exclusión de dos testigos pertenecientes al entorno familiar de la víctima. Las fiscales sostuvieron que sus declaraciones pueden aportar elementos importantes para el debate oral y cuestionaron que hayan sido declaradas inadmisibles durante la etapa preliminar. Asimismo, impugnaron la decisión que permitió a la defensa incorporar testigos de referencia vinculados al grupo familiar del acusado.
Otro de los puntos cuestionados por la acusación fue la admisión de una prueba documental presentada por el abogado defensor Guillermo Iglesias. Según argumentaron las representantes de la Fiscalía, dicha documentación fue incorporada fuera de los plazos procesales correspondientes y no reúne las garantías necesarias para acreditar su autenticidad. En la misma línea, también reclamaron que se permita incorporar una prueba de refutación que había sido excluida durante la audiencia preliminar y que consideran fundamental para responder eventuales argumentos de la defensa durante el juicio.
Del otro lado, el abogado Guillermo Iglesias solicitó a los magistrados que mantengan sin modificaciones la resolución de Rosales. El defensor sostuvo que las decisiones adoptadas durante la audiencia preliminar fueron ajustadas a derecho y pidió que se confirme la admisión de las pruebas ofrecidas por su parte, así como la exclusión de aquellos elementos rechazados por el magistrado.
Tras escuchar a ambas partes, los jueces informaron que emitirán una resolución dentro del plazo legal previsto. Esa decisión determinará qué evidencia quedará incorporada al expediente y cuáles serán finalmente los elementos que podrán ser expuestos ante el jurado popular cuando se realice el debate.
La causa investiga el asesinato de Pedro Segundo Quilodrán, un trabajador rural de 43 años que perdió la vida el 16 de marzo de 2025 mientras desarrollaba tareas de arreo de caballos baguales en cercanías de la estancia La Fuencisla, ubicada a unos 50 kilómetros de la localidad de Doctor Ricardo Rojas. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima recorría la zona a bordo de una motocicleta cuando fue alcanzada por un disparo efectuado con una carabina calibre 22.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, Llaipen habría utilizado un rifle equipado con mira telescópica para disparar contra Quilodrán desde una distancia estimada de entre 10 y 50 metros. La autopsia confirmó que el proyectil impactó en el lado derecho del tórax del trabajador rural y provocó su muerte. Para los investigadores, se trató de un ataque sorpresivo que impidió cualquier posibilidad de defensa por parte de la víctima.
La búsqueda de Quilodrán comenzó durante la noche del mismo domingo, cuando sus compañeros de trabajo advirtieron que no regresaba al punto de encuentro. Luego de varias horas sin resultados, retomaron el rastrillaje al día siguiente y localizaron primero la motocicleta y luego el cuerpo sin vida del trabajador. Tras dar aviso a las autoridades, se inició una investigación que rápidamente apuntó hacia Llaipen.
Uno de los elementos que más llamó la atención durante la etapa inicial de la pesquisa fue el comportamiento que, según los testimonios incorporados a la causa, habría tenido el acusado al presentarse en el lugar donde se encontraba el cadáver. Allí, delante de los presentes, habría reconocido haber efectuado el disparo que terminó con la vida de Quilodrán. Además, uno de los testigos aseguró que también lanzó una amenaza contra otro trabajador rural que participaba de la búsqueda.
Desde el 19 de marzo de 2025, Carlos Llaipen permanece detenido bajo prisión preventiva en la Comisaría de Sarmiento. La Fiscalía sostiene la acusación por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, una figura penal que prevé una de las sanciones más severas contempladas por el Código Penal argentino.
De confirmarse la elevación definitiva a juicio, el caso se convertirá en el cuarto proceso que será juzgado mediante el sistema de jurados populares en la Circunscripción Judicial de Sarmiento. En ese mecanismo, doce ciudadanos seleccionados serán los encargados de determinar si el acusado es culpable o no culpable, mientras que un juez profesional conducirá el debate y definirá la pena en caso de una eventual condena.