La iniciativa fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y detallada por el ministro Federico Sturzenegger. El proyecto propone modificar el régimen societario vigente.
El Gobierno nacional anunció este viernes el envío al Congreso de una nueva Ley General de Sociedades. La confirmación fue realizada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en la red social X. “Durante la jornada de hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley General de Sociedades. Fin”, escribió el funcionario.
Minutos después, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, amplió detalles sobre el contenido del proyecto. Según explicó, la reforma busca reemplazar un sistema “rígido y anacrónico” por un esquema basado en “la autonomía, la libertad y la desregulación”.
Uno de los cambios principales será que las normas de la ley pasarán a tener carácter supletorio, lo que implicará que los estatutos societarios tendrán prioridad para definir el funcionamiento interno de las empresas. “Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios”, afirmó Sturzenegger.
El ministro indicó que los registros públicos no podrán establecer restricciones adicionales a las previstas por la ley y que se eliminarán numerosas trabas burocráticas. Entre las modificaciones, señaló que el objeto social de las compañías podrá ser amplio y no necesitará relación entre las actividades declaradas. Si una sociedad no especifica un objeto social determinado en su estatuto, se entenderá automáticamente que puede desarrollar cualquier actividad lícita.
Otro eje central de la iniciativa es la digitalización integral del sistema societario. El proyecto prevé habilitar domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital y legajos públicos electrónicos para cada empresa. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, sostuvo Sturzenegger.
La propuesta también permitirá que las sociedades puedan establecer cláusulas arbitrales para resolver conflictos internos sin necesidad de recurrir a la Justicia ordinaria. Además, se habilitará la posibilidad de someter controversias al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional. Sturzenegger comparó parte del esquema con modelos utilizados en centros internacionales de negocios como Dubái.