Un jurado de enjuiciamiento resolvió destituir por mal desempeño a los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes estuvieron a cargo de la investigación del asesinato de Nora Dalmasso en distintos períodos. La decisión se conoció tras un proceso impulsado por la fiscal general adjunta de Córdoba, Betina Croppi.
Un jurado de enjuiciamiento resolvió destituir por mal desempeño a los tres fiscales que, en distintos períodos, estuvieron a cargo de la investigación del asesinato de Nora Dalmasso. Se trata de Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes fueron apartados de sus cargos tras un proceso impulsado por la fiscal general adjunta de Córdoba, Betina Croppi. Se esperan los fundamentos del fallo para el 20 de este mes.
La decisión del jury volvió a poner en el centro una de las investigaciones criminales más cuestionadas de la historia judicial de Córdoba: un expediente atravesado por filtraciones, hipótesis contradictorias, falta de perspectiva de género, imputaciones fallidas y años de exposición pública de la víctima y de personas que luego fueron desvinculadas de la causa.
La hipótesis que hoy prima es que Dalmasso fue abusada sexualmente y asesinada por asfixia con el cinto de la bata que llevaba puesta en ese momento. En el cinto de la bata y en un pelo encontrado en sus genitales había ADN del supuesto asesino, pero se encontró recién en diciembre de 2024, cuando la causa ya estaba prescripta.
Facundo Macarrón, hijo de Nora y quien estuvo imputado durante cinco años, dijo: “Creemos que se ha hecho justicia en parte y que es una reivindicación a mi mamá, que no tuvo la posibilidad de defenderse. Ella fue ‘la mala víctima’ para el primer fiscal y desde ahí se desvió toda la investigación. Ninguna familia merece pasar por lo que nosotros pasamos”.
El tribunal estuvo integrado por la presidenta, Julieta Rinaldi (vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert; y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti. El jury concluyó que existió mal desempeño y negligencia por parte de los tres fiscales que intervinieron en la investigación del crimen ocurrido el 25 de noviembre de 2006, en Río Cuarto.
Gustavo Di Santo tuvo la causa entre 2006 y 2015, Daniel Miralles entre 2016 y 2017 y Luis Pizarro entre 2017 y 2019. El primero imputó al pintor Gastón Zárate como sospechoso y también al hijo de Nora, Facundo Macarrón, a quien le pesó la acusación durante 5 años por presuntamente haber abusado y asesinado a su propia madre. El móvil que se le endilgaba a Facundo fue que la habría atacado porque su madre no aceptaba su orientación sexual. Junto a Zárate, fueron sobreseídos sin llegar a juicio.
Miralles imputó a Marcelo Macarrón, esposo de la víctima, como presunto autor material del hecho, pero la causa no llegó a juicio. Su destitución fue por adelantar opinión en una conferencia de prensa. Luego, Pizarro tomó la causa e incriminó a Macarrón como autor intelectual del hecho (sin saber quién era el autor material). Esta última hipótesis fue la única que llegó a juicio, en 2022, pero el viudo fue absuelto.
Luego la familia Macarrón pidió un “juicio por la verdad” que fue concedido por el Tribunal Superior de Justicia. El fiscal a cargo de la investigación, Pablo Jávegas, ordenó un análisis de ADN a una veintena de personas, que resultó positivo para Roberto Bárzola, entonces parquetista que trabajaba en la casa de la familia Macarrón.
Durante los alegatos, Croppi cuestionó el rumbo que tomó la investigación y sostuvo que hubo irregularidades graves en la instrucción de la causa. “Los funcionarios concibieron una construcción sistemática de culpables basada en un prejuicio de género que se conoce bajo el concepto de ‘mala víctima’”, dijo Croppi durante el alegato, al tiempo que señaló: “La actividad de los fiscales ha sido un manual de cómo no investigar un caso de violencia de género”.
Durante el jury, las defensas de los fiscales rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las decisiones tomadas deben analizarse en el contexto de una investigación compleja, desarrollada hace casi dos décadas y bajo fuertes niveles de presión pública y mediática. Según los abogados defensores, muchas de las medidas cuestionadas respondieron a hipótesis investigativas válidas para ese momento procesal y no constituyen causal de destitución. También plantearon que la hipótesis del abuso no fue considerada porque los tres forenses que hicieron las pericias médicas indicaron que Dalmasso había tenido relaciones consentidas, por la ausencia de signos de violencia.
La abogada Luciana Caminal, defensora de Di Santo, cuestionó especialmente que la acusación estuviera construida sobre la idea de que la línea investigativa sobre Nicolás Bárzola era “obvia”. Según planteó, esa hipótesis todavía no está confirmada judicialmente y la causa sigue abierta. “No se sabe quién es el asesino de Nora Dalmasso”, sostuvo durante el alegato.
El abogado Daniel Fernández, defensor de Miralles, explicó que distintos fiscales, investigadores y peritos analizaron a Bárzola sin encontrar entonces elementos concluyentes. Nora Dalmasso tenía 51 años cuando fue asesinada en su casa del barrio Villa Golf de Río Cuarto.