El abogado Roberto Castillo fue aceptado como querellante en el caso que investiga el fallecimiento del menor Ángel López, tras una audiencia adelantada para este mediodía. La decisión del juez Alejandro Soñis habilita al letrado a intervenir plenamente en el proceso y a presentar su propia teoría del caso.
El abogado Roberto Castillo se constituyó este martes como querellante en la causa que investiga la muerte de Ángel López. La medida fue adoptada por el juez Alejandro Soñis, a pesar de los cuestionamientos presentados por las defensoras de los imputados, quienes adelantaron que impugnarán la decisión. La audiencia, que inicialmente estaba prevista para mañana, fue anticipada para este mediodía y permitió dar un paso fundamental dentro del expediente.
Hasta ahora, Castillo solo había intervenido como letrado patrocinante del padre del menor, Luis Armando López, pero sin constituirse formalmente como acusador privado. Ese detalle procesal no era menor. En el escrito presentado semanas atrás ante el juez penal de la causa, el abogado había dejado expresamente asentado que solicitaba acceso al sistema y copias del expediente para “formular oportunamente y por acto separado” la constitución como querellante, una reserva que generó observaciones dentro del ámbito judicial local.
Fuentes vinculadas al proceso habían advertido entonces que, sin aceptación formal como querellante, Castillo no tenía legitimación para impulsar medidas de prueba ni intervenir activamente en decisiones centrales de la investigación, pese a la fuerte exposición pública que asumió desde su llegada al caso.
Tras la audiencia, el abogado querellante planteó su hipótesis sobre el caso y se diferenció de la presentada por el Ministerio Público Fiscal, donde Mariela Altamirano es señalada por no hacer nada para evitar las golpizas que habrían provocado la muerte del menor. “Aparecen testimonios y dicen, yo vi que ella entraba al supermercado y que le pegó. Entonces, ese es un testimonio nuevo con el cual el Ministerio Público no contaba al inicio, pero nosotros, como querellantes, interviniendo en el proceso, decimos que la acusación es una coautoría funcional”, señaló Castillo.
En la misma línea, agregó: “Para nosotros no pegó él, pegaron los dos, porque ella era violenta desde los pocos meses de vida de Ángel, era una maltratadora serial. El chico estaba sometido a un régimen de violencia estrepitoso en manos de esta mujer y en manos de su padrastro. Son contundentes los testimonios”.
Por último, remarcó que hay fundamentos para sostener la coautoría. “Hay prueba de que ella tenía ataques de ira, que rompía cosas. Hay una coautoría funcional con agravantes. El agravante es la alevosía. Mataron sobre seguro un nene que no podía o que tenía complicaciones para expresarse y que estaba aislado por una medida institucional que era una prohibición de acercamiento. ¿Qué más indefenso que eso?”, analizó.
La situación había escalado incluso a un plano institucional. Desde el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia cuestionó públicamente su actuación al señalar que no contaba con matrícula habilitante en Chubut, por lo que no podía participar formalmente en audiencias ni acceder al expediente por sí mismo. Esto quedó subsanado luego de la matriculación, semanas atrás, en el Colegio de Abogados de Trelew.
En paralelo, Castillo respondió con duras críticas hacia el sistema judicial de Comodoro Rivadavia y denunció intentos de “silenciar” a la familia del niño. Desde que asumió la representación del padre de Ángel, el abogado sostuvo reiteradamente que existieron graves fallas institucionales previas a la muerte del menor y llegó a hablar de “corporativismo” dentro de la Justicia local.
La formalización de su rol como querellante aparece ahora como un punto de inflexión en el expediente. Tras ser aceptado por el juez, Castillo quedará habilitado para intervenir plenamente en la causa, proponer medidas probatorias, acceder integralmente a las actuaciones y sostener una teoría del caso propia frente a la fiscalía. Hasta el momento, su participación había quedado limitada a la presentación de un poder especial para “actos procesales ulteriores”, mecanismo que le permitió acompañar a la familia y realizar planteos públicos, aunque sin el reconocimiento procesal pleno que buscará obtener este martes.
En las últimas horas, además, el abogado profundizó sus cuestionamientos al accionar estatal y confirmó que avanzará con denuncias —ante el Consejo de la Magistratura de Chubut— contra funcionarios judiciales y profesionales que intervinieron en el seguimiento del caso de Ángel antes de su muerte.