El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad evitó dar declaraciones en la apertura de la ronda de indagatorias por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Un conjunto de grabaciones difundidas por un canal de streaming fue el punto de partida de la causa ANDIS en agosto del año pasado. Los audios revelaron conversaciones en las que el ahora ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, habría realizado presuntos pedidos de dinero a empresas proveedoras del Estado a cambio de facilitar el acceso a contratos públicos.
Este martes comenzó una etapa clave en la investigación, considerada el primer gran caso de corrupción que impacta en el gobierno de Javier Milei, con las indagatorias a 35 imputados en Comodoro Py. Las audiencias fueron ordenadas por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi para profundizar la investigación por presuntas maniobras irregulares en contrataciones dentro de la ANDIS.
El primero en desfilar fue Diego Spagnuolo, quien fue citado para ampliar su indagatoria. Ya se encuentra procesado, aunque esa decisión aún es revisada por la Cámara Federal. Acusado de un fraude de 76.000 millones de pesos, se negó a declarar y tampoco dejó un escrito.
La investigación apunta a una presunta asociación ilícita que habría manipulado contrataciones públicas para beneficiar a empresas proveedoras de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud. Según la acusación, se simulaban procesos competitivos, pero las adjudicaciones ya estaban direccionadas a firmas previamente seleccionadas. A cambio, funcionarios habrían recibido retornos y dádivas.
Uno de los puntos centrales es el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en ANDIS en junio de 2024. Según la investigación, ese sistema habría sido utilizado para direccionar compulsas de precios en favor de droguerías y proveedores “amigos”. Solo en el rubro medicamentos, la causa menciona 21 licitaciones por más de 30.000 millones de pesos, de las cuales dos empresas concentraron más del 93% de las adjudicaciones entre julio de 2024 y agosto de 2025.
Además de Spagnuolo, otro nombre clave es el del lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como nexo entre funcionarios y empresas privadas. El juez Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre personas y empresas involucradas para evitar movimientos patrimoniales y garantizar un eventual decomiso si se confirman las acusaciones.
Con información de Infobae y Clarín.