Mediante un recurso excepcional, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal intervenga directamente para dejar sin efecto la suspensión de artículos clave de la norma, que fue ordenada por un juzgado laboral a pedido de la CGT.
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga de forma directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de artículos clave. La estrategia apunta a recuperar la vigencia de la norma en el menor tiempo posible.
La presentación se realizó mediante un «per saltum», un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal. Según trascendió, el pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo. El recurso busca revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la reforma, luego de una demanda presentada por la CGT.
La medida cautelar había sido dictada por un juzgado laboral que cuestionó la aplicación de la ley en todo el país. Desde el Ejecutivo sostienen que ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una norma de alcance nacional y remarcaron la necesidad de que la Corte unifique criterios frente a un conflicto que ya se encuentra judicializado en distintas instancias. En ese marco, consideran que la intervención directa del máximo tribunal es clave para dar previsibilidad.
La decisión se da en medio de una fuerte disputa judicial y sindical por la reforma laboral, que fue parcialmente suspendida a fines de marzo y cuyo futuro quedó ahora atado a lo que resuelva la Corte. Con este movimiento, el Gobierno intenta acelerar los tiempos y evitar que el tema continúe trabado en instancias inferiores.
El «per saltum» es un mecanismo jurídico excepcional que permite que un caso llegue de manera directa a la Corte Suprema, sin pasar por todas las instancias judiciales intermedias. Su utilización está prevista para situaciones de gravedad institucional o cuando se considera que hay una cuestión de interés público urgente que requiere una definición rápida. No es un recurso de uso habitual, ya que su aplicación está limitada a casos específicos donde se justifique la urgencia y la relevancia institucional del tema en debate.
Para que el «per saltum» sea aceptado, la Corte Suprema debe considerar que están dadas las condiciones legales y que existe un riesgo concreto en la demora de la resolución. Es decir, no basta con que una de las partes lo solicite: el tribunal evalúa si corresponde habilitar esta vía extraordinaria.
En la historia reciente argentina, este mecanismo fue utilizado en casos de alto impacto político o institucional, donde se buscó evitar resoluciones contradictorias o dilaciones excesivas en el sistema judicial. Su uso suele generar debate, ya que implica una intervención directa del máximo tribunal en etapas tempranas del proceso.
En este caso, el Gobierno recurre al «per saltum» con el objetivo de acelerar la definición sobre la reforma laboral y revertir la suspensión de sus artículos. La decisión final dependerá de la Corte Suprema, que deberá determinar si admite el recurso y si interviene de manera inmediata en el conflicto.