En el marco de la causa por la muerte de Mario Giannobile, un imputado ofreció costear su propia tobillera electrónica para obtener el beneficio, pero la magistrada consideró que persisten riesgos de fuga.
En una audiencia desarrollada en el caso por el homicidio de Mario Giannobile, ocurrido a fines del año pasado en Playa Unión, uno de los imputados realizó un planteo inusual: ofreció comprar su propia tobillera electrónica para acceder al arresto domiciliario. Sin embargo, la jueza de garantías Eve Ponce rechazó el pedido y resolvió que Francisco García continúe detenido, al considerar que persisten riesgos procesales, especialmente el de fuga.
El acusado, identificado como Francisco García, argumentó a través de su defensa que necesitaba cumplir la detención en su domicilio para poder acompañar a una de sus hijas. “Me comprometo a lo que usted disponga y a seguir las pautas de conducta. Quiero acompañar a mi hija en su proceso”, expresó durante la audiencia. Incluso propuso hacerse cargo del costo de una tobillera electrónica y que luego quede a disposición del Estado.
El planteo fue impulsado por su abogado defensor, Diego Cruceño, quien sostuvo que “la regla debe ser la libertad del imputado y sobre él pesa el estado de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario”. En esa línea, destacó que su asistido no cuenta con condenas previas y que tiene arraigo en la zona, por lo que —según su postura— no existiría riesgo de fuga. Además, la defensa ofreció un departamento como caución a favor del Estado provincial en caso de incumplimiento y aseguró que no hay posibilidad de entorpecer la investigación.
Sin embargo, la jueza Ponce desestimó los argumentos. Consideró que no se presentaron informes que acrediten la necesidad específica de asistencia a su hija y relativizó ese punto al señalar que “el vínculo entre padre e hija se encuentra afectado, pero eso ocurre con todos los detenidos respecto de sus respectivos grupos familiares”.
El fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill se opuso al pedido y puso el foco en los antecedentes del imputado y en la gravedad del caso. “El riesgo de fuga aún persiste y para ello basta tener en cuenta su comportamiento tras el crimen: falsificó documentos de identidad, se mantuvo prófugo con el auxilio de su familia y además tiene un pedido de prisión preventiva por parte de la Justicia Federal”, sostuvo. El representante del Ministerio Público también detalló que existen pruebas científicas que ubican a García tanto en el lugar del hecho como en la camioneta en la que se trasladó el cuerpo de la víctima. A esto se suma la expectativa de una pena severa: en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar prisión perpetua.
Según la investigación, la víctima fue asesinada a golpes y su cuerpo arrojado desde un acantilado entre Magagna y Santa Isabel. Por el hecho también permanecen detenidos otros dos imputados: el capitán de barco César Fresco y Fabián Sampietro. Días atrás, la jueza Ponce ya había resuelto extender por seis meses el plazo de la investigación, a pedido de la Fiscalía.
En ese contexto, y ante la persistencia de los riesgos procesales, la magistrada decidió rechazar el arresto domiciliario, dejando sin efecto incluso la propuesta del acusado de costear su propio control electrónico.