Una nueva ley provincial establece un marco legal para el empleo de agentes encubiertos virtuales y el acceso remoto a dispositivos en investigaciones de cibercrimen, buscando dar seguridad jurídica a las pruebas.
La promulgación de la Ley XV N° 43 establece un marco normativo para la investigación de delitos complejos en la provincia de Chubut. La normativa regula el uso de herramientas tecnológicas como agentes encubiertos virtuales y el acceso remoto a dispositivos electrónicos.
Fernando Rivarola, jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Chubut, explicó que, si bien algunos de estos recursos ya se utilizaban, la nueva ley aporta la seguridad jurídica necesaria para que las pruebas recolectadas sean válidas en un juicio. Hasta ahora, el avance de las causas informáticas operaba en un vacío legal constante, donde los fiscales debían aplicar normas análogas del mundo físico.
Rivarola subrayó que «la ley promulgada resulta netamente restrictiva y no permisiva», ya que viene a poner límites claros y define de manera exacta cómo y con qué requisitos deben actuar los investigadores, protegiendo las garantías constitucionales de los ciudadanos.
El marco normativo divide la recolección de pruebas en tres niveles operativos. El primer paso es una orden de aseguramiento que faculta a los fiscales a exigirle a empresas tecnológicas que preserven la información de un sospechoso. Luego, habilita órdenes de presentación de datos para acceder al contenido y, finalmente, autoriza el secuestro de evidencia digital mediante inspecciones en la nube de almacenamiento.
Una de las figuras que oficializa la ley es el agente encubierto digital, que permite a efectivos policiales ingresar a canales cerrados de comunicación. Rivarola aseguró que esta infiltración «resulta la única forma de obtener evidencia frente al delito de grooming o ante las redes de tráfico de material de abuso infantil y estafas que operan mediante grupos encriptados». Para garantizar transparencia, la ley obliga a registrar todo el accionar del agente simulado, asegurando que las defensas puedan revisar cada paso.
El texto también faculta a la Justicia a disponer el uso de software para acceder de manera remota y secreta a teléfonos y computadoras, aunque la provincia aún debe desarrollar o adquirir los programas específicos. La ley establece un límite de 30 días para estas intervenciones remotas, buscando equilibrar la persecución del delito con el respeto a la privacidad.