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Tribunal de EE.UU. anula condena millonaria contra Argentina en caso YPF y ordena revisión

Una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo que obligaba al país a pagar unos 16.000 millones de dólares. El expediente regresa a la jueza de primera instancia para un nuevo pronunciamiento.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar aproximadamente 16.000 millones de dólares, más intereses, a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management, por la expropiación de YPF. El tribunal ordenó que el caso sea revisado por la jueza Loretta Preska, quien había dictado la condena inicial.

El fallo de apelación consideró que los reclamos de los demandantes no se ajustan a la ley argentina, que es la que rige aspectos clave del estatuto de YPF y del proceso de expropiación de 2012. Bajo este criterio, el tribunal sostuvo que la demanda, tal como fue planteada, carece del mérito suficiente para mantener la condena original. Este punto centra la discusión en la interpretación jurídica del estatuto de la empresa y la eventual obligación de lanzar una oferta pública de adquisición al momento de la estatización.

Sin embargo, la Cámara rechazó el argumento de la defensa argentina que proponía que el caso debía tramitarse en tribunales locales. Determinó que la jurisdicción correcta sigue siendo Nueva York, por lo que el litigio continuará en el sistema judicial estadounidense.

El expediente vuelve ahora al juzgado de Preska, quien deberá emitir un nuevo fallo ajustado a los criterios de la apelación. Esto abre varios escenarios posibles: una nueva sentencia con un monto indemnizatorio menor, un eventual rechazo total de la demanda si se profundiza la interpretación sobre el incumplimiento, o nuevas instancias de apelación por cualquiera de las partes.

La decisión representa un alivio inmediato para las cuentas públicas argentinas, al dejar sin efecto, por el momento, una condena de magnitud equivalente a varios puntos del PBI. No obstante, el caso permanece abierto, manteniendo un factor de incertidumbre jurídica y financiera para el país.

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