“Se privatiza la empresa Intercargo. Fin”, escribió Manuel Adorni, entonces portavoz del Gobierno Nacional, el 18 de marzo de 2025. A pocos días de cumplirse un año, el Gobierno Nacional sigue avanzando a paso firme en el proceso de privatización y este jueves se dio a conocer el lanzamiento de la licitación pública, tanto nacional como internacional, para vender la empresa estatal que se encarga de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país.
La licitación pública fue publicada este jueves, a través de la resolución 282, en el Boletín Oficial. Allí se establece la venta del 100% del paquete accionario de la compañía, lo que implica la salida total del Estado Nacional de su participación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado la decisión y explicó que el proceso se realizará bajo la modalidad de “empresa en marcha”. Esto significa que la firma se transferirá completa, con todos sus activos, contratos, licencias y operaciones en funcionamiento.
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Intercargo quedará en manos de privados a partir de una decisión tomada por el gobierno nacional.
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De esta manera, quien resulte adjudicatario deberá hacerse cargo de toda la estructura actual de Intercargo, que cuenta con unos 1500 empleados, y garantizar la continuidad del servicio en los aeropuertos donde opera.
El proceso de privatización incluye la venta total de las acciones sin que el Estado conserve participación ni presencia en la conducción de la empresa. Además, se fijó un precio mínimo de venta de 45.120.000 dólares.
Los interesados en participar de la licitación tendrán tiempo hasta el 7 de mayo para presentar sus ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR. En tanto, podrán realizar consultas sobre las condiciones hasta el 27 de abril.
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La empresa que gane la licitación brindará el servicio en los principales aeropuertos del país.
Perfil
La empresa estatal Intercargo, creada en 1961, brinda servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos del país. Entre sus clientes se encuentran la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en Argentina.
Desde el Gobierno justificaron la decisión al señalar que entre 2020 y 2023 la empresa necesitó asistencia estatal por alrededor de 6.700 millones de pesos para sostener sus operaciones. Además, recordaron que desde fines de 2024 se dejaron de otorgar subsidios, se desreguló el servicio y se avanzó en la apertura del sector a operadores privados.
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Con este nuevo paso, el Ejecutivo busca completar la salida del Estado de la compañía y avanzar en su estrategia de reducción del gasto público y mayor participación del sector privado en los servicios aeroportuarios.
Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR