La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Esquel, realizó allanamientos en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte, en Luján de Cuyo, y en una vivienda del barrio La Gloria, en Godoy Cruz, ambos en la provincia de Mendoza, en el marco de una investigación por extorsión bajo la modalidad conocida como “sextorsión”.
La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, a cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer. El denunciante, un vecino de Cholila, informó que había sido víctima de una maniobra de extorsión luego de mantener contacto con una persona a través de redes sociales.
Según la investigación, el hombre fue contactado por Facebook por una mujer que se identificó como “Carla”. Posteriormente, la conversación continuó por WhatsApp, donde intercambiaron mensajes e imágenes. En ese contexto, la supuesta joven manifestó ser menor de edad y cortó el contacto.
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Días después, el denunciante comenzó a recibir mensajes de un hombre que se presentó como el padre de la menor. En esos mensajes le exigía dinero bajo la amenaza de denunciarlo, argumentando que la joven había intentado quitarse la vida a raíz de la conversación mantenida.
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De acuerdo con la pesquisa, posteriormente se sumaron otras personas que afirmaban ser abogados e incluso un fiscal. Estas personas enviaron documentación apócrifa, entre la que se incluía un supuesto recurso de amparo por “ciberacoso” y un acta de defunción, asegurando que la menor se había suicidado.
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Ante las amenazas y la presión ejercida, la víctima realizó transferencias de dinero que, en total, alcanzaron los 2 millones de pesos. A partir del análisis de los movimientos bancarios, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los fondos e identificar a los presuntos beneficiarios.
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Según informaron fuentes oficiales, el dinero era derivado a allegados de un interno alojado en el penal Almafuerte, quien fue señalado como presunto organizador de la maniobra. Además, se identificó a colaboradores que operaban desde una vivienda ubicada en Godoy Cruz.
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Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Mendoza, se llevaron adelante las órdenes judiciales dispuestas en el marco de la causa. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y soportes informáticos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.
Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las tareas para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si existen otras posibles víctimas.