Las relaciones entre Washington y Buenos Aires suman un nuevo capítulo sensible. Según reveló The New York Times, ambos gobiernos mantienen conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos enviar a la Argentina inmigrantes deportados de terceros países, con el objetivo de que desde Buenos Aires puedan continuar su regreso a sus lugares de origen. El entendimiento aún no está cerrado y los detalles operativos siguen en discusión.
De acuerdo con el diario neoyorquino, que citó a dos personas al tanto de las negociaciones, la iniciativa habilitaría el traslado de extranjeros detenidos poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Kristi Noem, explicó que la Argentina aceptaría su ingreso como parte del esquema de derivación.
Tras 40 años, cierra un histórico comercio de Comodoro: los motivos del final de un legado familiar
Negociaciones reservadas y dudas internas
Documentos a los que accedió el medio estadounidense señalan que a comienzos de año el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, presentó una propuesta para avanzar con el acuerdo y que el canciller Pablo Quirno habría expresado su compromiso de firmarlo.
Consultadas por la prensa, fuentes de la Cancillería evitaron hacer comentarios, una postura que también adoptó el Departamento de Estado norteamericano al remarcar que no divulga detalles de comunicaciones diplomáticas.
Desde Washington, no obstante, dejaron en claro el marco político de la iniciativa. Voceros del Departamento de Estado subrayaron que la aplicación de las políticas migratorias del segundo gobierno de Donald Trump es una prioridad y recordaron las declaraciones del secretario Marco Rubio sobre el objetivo de frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza.
La historia de Ian, el nene que salió a vender torta fritas para arreglar su celular y fue sorprendido con un hermoso gesto
Del lado argentino, los registros oficiales mencionados por el Times reflejan preocupaciones internas: el posible rechazo social, los esfuerzos locales por limitar la inmigración, la carga financiera en un contexto de ajuste presupuestario y la falta de infraestructura para alojar y trasladar migrantes. Estas dudas contrastan con la sintonía política entre el gobierno de Javier Milei y la Casa Blanca, que se expresó recientemente en la adhesión argentina a la llamada Junta de la Paz impulsada por Trump.
Antecedentes regionales y un clima de tensión
De concretarse, la Argentina se sumaría a una lista de países aliados de Washington que firmaron acuerdos similares. Paraguay y Ecuador ya avanzaron en esquemas de “tercer país seguro”, mientras que en marzo la administración Trump trasladó a más de 200 personas —en su mayoría venezolanos con procesos judiciales— al CECOT de El Salvador, a cambio de un pago millonario al gobierno local.
Las dos materias que ya no serán obligatorias en todas las escuelas de Argentina en 2026
El endurecimiento de la política migratoria estadounidense también generó fuerte rechazo interno. En las últimas semanas se registraron redadas del ICE y protestas en distintos puntos del país, con llamados a una huelga general bajo la consigna de no trabajar, no asistir a clases y no consumir, en repudio a los operativos. En ese contexto, el eventual acuerdo con la Argentina aparece como una pieza más de una estrategia regional que combina control fronterizo, alianzas diplomáticas y alto costo político.