El juez civil de Villa La Angostura, Astoul Bonorino, resolvió que Manu Ginóbili es el titular registral legítimo de un lote ubicado en la costa del lago Nahuel Huapi, donde proyecta un emprendimiento inmobiliario. La decisión se enmarca en un conflicto que lleva casi dos décadas con la comunidad mapuche Paichil Antriao, que ya adelantó que apelará la resolución.
La sentencia, de más de 100 páginas, validó la escritura de compraventa fechada en 2004 y la inscripción posterior a nombre del exbasquetbolista. El juez concluyó que la comunidad mapuche no logró acreditar la ocupación ancestral continua de esas tierras, consideradas parte del Lote Pastoril 9, Fracción III.
En consecuencia, ordenó a la comunidad restituir el inmueble en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de desalojo. El magistrado sostuvo que la ocupación se produjo en 2018, lo que constituyó un despojo de la posesión de Ginóbili.
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Argumentos en disputa
El juez descartó los informes antropológicos presentados por la defensa, al calificarlos como carentes de “soporte científico”, y tampoco dio valor probatorio a los testimonios de ancianos mapuches. Por el contrario, puso el foco en la vigencia de los títulos formales de propiedad.
Aunque la Constitución y el Convenio 169 de la OIT reconocen la propiedad comunitaria indígena, Bonorino consideró que la comunidad no probó su derecho sobre el lote en cuestión.
El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, cuestionó duramente la sentencia y la calificó de “dogmática y arbitraria”. Anticipó que apelarán ante la Cámara de Apelaciones de San Martín y, eventualmente, en la Corte Suprema de Justicia.
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“Se desechó el testimonio de los miembros de la comunidad y los informes de antropólogos. Lo único que se valoró fueron los títulos de Ginóbili”, afirmó.
El vocero mapuche, Florentino Nawel, señaló que el exbasquetbolista “fue estafado en su buena fe” por inmobiliarias, ya que las tierras estaban en reclamo antes de la sanción de la Ley 26.160, que relevó territorios comunitarios.
Un litigio de dos décadas
El conflicto comenzó en 2005, cuando Ginóbili compró el lote en la ladera del cerro Belvedere. Desde entonces, la disputa se trasladó a diferentes fueros: en 2023, integrantes de Paichil Antriao fueron sobreseídos en una causa penal por usurpación y amenazas.
Ahora, el fallo de Bonorino representa un nuevo antecedente favorable a los títulos privados en la región, aunque no está firme y seguirá en discusión judicial.