Más de diez años después de una crisis que derivó en su expropiación, la empresa pesquera Alpesca, con sede en Puerto Madryn, volvió a ser escenario de un conflicto que podría abrir un nuevo capítulo judicial y encendió las alarmas en los Estados Unidos. La gestión del gobernador Ignacio Torres rescindió el contrato de arrendamiento que la provincia mantenía con Red Chamber, con sede central en California, y anunció el desembarco de la española Profand. El traspaso debe concretarse el próximo miércoles.
La decisión fue informada en medio de acusaciones cruzadas sobre incumplimientos contractuales y denuncias sobre un supuesto espionaje industrial con complicidad estatal. La polémica escaló a niveles diplomáticos. El presidente de Red Chamber Argentina, Marcelo Mou, fue recibido por el embajador argentino, Alec Oxenford, y se especuló con que el tema podía ser parte de la reunión bilateral que mantuvieron Javier Milei y Donald Trump.
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El conflicto tuvo su inicio formal el 9 de febrero de este año, cuando la Secretaría de Pesca y el Comité de Administración de Alpesca publicaron una resolución para declarar extinguido el contrato de arrendamiento que mantenía la provincia con Red Chamber Argentina S.A. La medida fue tomada en base a un informe del comité que señalaba graves incumplimientos por parte de la empresa y el vencimiento de los plazos establecidos en el acuerdo.
La planta pesquera funciona en Puerto Madryn. La empresa asegura que cumplió con la contratación de personal, mientras que el Gobierno lo niega.
“La única interpretación posible es que la duración del contrato es hasta que finalice el proceso de expropiación, requiriendo del asentimiento del arrendador cada 5 años. Conforme el deficiente cumplimiento por parte de Red Chamber Argentina S.A. a las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento, es aconsejable no renovar en estas condiciones el contrato que une a las partes. Corresponde intimar a la empresa a la devolución de los activos arrendados”, argumenta la resolución firmada por la cartera que encabeza Andrés Arbeletche.
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Esa misma resolución establecía un plazo de 120 días corridos para que la compañía restituyera a la provincia los bienes de Alpesca. La empresa apeló la decisión a través de un recurso jerárquico que fue rechazado el 29 de agosto, cuando el gobernador Ignacio Torres firmó el decreto que confirmó la rescisión del contrato.
A través de un comunicado, Red Chamber aseguró que antes de que se emitiera el decreto hubo negociaciones para acordar una adenda con nuevas condiciones. El 21 de julio, Red Chamber envió la última versión, consensuada por ambas partes, para su firma definitiva. “Desde entonces, el Gobierno dilató la fecha de la firma con diferentes evasivas”, señalaron desde la empresa, además de denunciar haber sufrido “una campaña mediática de hostigamiento y desprestigio”.
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Por el contrario, en el Gobierno creen que existió una presión mediática por parte de la empresa, con el objetivo de instalar la preocupación de Estados Unidos sobre un conflicto que llegó a los principales medios nacionales.
“No somos Nicolás Maduro, como pretende hacernos quedar la gente de Red Chamber. Acá no se está echando a nadie. Lo que está sucediendo es un contrato de alquiler que venció, que terminó su plazo y que nosotros como provincia decidimos no renovarlo en virtud de todos los incumplimientos que ha tenido la empresa. Estamos resolviendo un problema que dejó (el exgobernador) Martín Buzzi hace 10 años”, afirma Arbeletche, en diálogo con ADNSUR.
El funcionario reconoce que recibieron consultas de AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, y de la Embajada del país norteamericano. “Les explicamos que no tenemos intención de perseguir a ninguna empresa. El gobernador fue muy claro: protegemos a todas las situaciones, sean del país que sean, con igualdad ante la ley. Si la empresa Red Chamber incumple el contrato, se tendrá que ir o cumplir el mismo. Se les dio casi un año de negociaciones para tratar de lograr que cumplan con el contrato, pero no hubo caso”, afirma el secretario de Pesca.
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Los incumplimientos denunciados por el Gobierno
Un informe enviado por la Secretaría de Pesca a la Legislatura, tras un pedido realizado por el diputado Emanuel Coliñir (Arriba Chubut), detalla los incumplimientos contractuales auditados por el Comité de Administración de Alpesca.
Incumplimientos en la contratación de personal: el informe señala que la empresa se había comprometido a la incorporación progresiva de 600 empleados en los primeros tres años, llegando hasta 1.000 en el quinto año de operaciones. “Han transcurrido 10 años y RCA llega a sólo 602 trabajadores contando personal propio y marineros ajenos a Alpesca, con lo cual el número de ex dependientes de la mentada es inferior a los 600 puestos de trabajo comprometidos en el contrato de arrendamiento”, detalla el documento presentado en la Legislatura.
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Barcos sin utilizar y subejecución de las cuotas de pesca: la Secretaría de Pesca afirma que el contrato establecía la puesta en funcionamiento de la planta instalada en Puerto Madryn y de siete barcos pesqueros con sus respectivos permisos, de los cuales solo usa tres. Además, la empresa obtuvo cinco permisos de flota amarilla, utilizando los mismos mediante la cesión a otras firmas, sin establecer una obligación de contratar a personal que pertenecía a Alpesca. Tampoco cumplió, según señala el informe, con el compromiso de adquirir cinco barcos langostineros.
Uno de los barcos que la empresa muetra en su página web. El Gobierno asegura que sólo utiliza tres de los siete que figuraban en el contrato de arrendamiento.
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Por otra parte, el gobierno provincial remarca que Red Chamber contaba con una cuota de captura de 16.500 toneladas de merluza hubbsi, una de las más importantes de la Argentina, de la cual explotó menos del 20% en reiteradas ocasiones. “Estamos hablando de millones de dólares que no se ‘recolectaron’, que no generaron puestos de trabajo, que no generaron divisas para el Estado, que por desidia, impericia o falta de capacidad de inversión no se utilizaron”, sostiene la auditoría realizada por el Comité de Administración Alpesca.
Canon “irrisorio” y falta de pago: el contrato establecía un canon de locación de $300.000, ajustable mediante “una tasa de interés que nunca fue aplicada”. Esa falta de actualización, señalan desde la Secretaría, provocó que el valor establecido fuera “irrisorio y absolutamente desproporcionado en comparación con los bienes arrendados”.
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En febrero de este año, tras recibir una intimación por los cánones adeudados, la empresa abonó $190.486.915 por el período enero/diciembre 2024, unos US$13.000 mensuales. El Comité de Administración de Alpesca señaló que ese pago fue “unilateral” y que equivale a “una tasa de retorno anual del 0,15% del valor de los activos”, estimados en US$100 millones. En ese contexto, la propuesta del Comité era establecer un canon locativo mensual de US$200.000, equivalente a una tasa anual de retorno del 2,4% del valor aproximado de los activos.
Falta de vinculación legal con Red Chamber Co.: el informe de la Secretaría señala que “Red Chamber Co. no es accionista de Red Chamber Argentina S.A., ni existe una relación de filial-casa matriz. La responsabilidad patrimonial de RCA S.A. se limita hacia los bienes que posee en Argentina”.
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Esa falta de vinculación legal, asegura Arbeletche, es clave para asegurar la solvencia de la empresa y de la actual transición. “Ahora que se están yendo, yo no sé si van a pagar los sueldos, las deudas que dejaron de canon por más de $2.000 millones, compromisos con proveedores por otros $2.000 millones. Si fuera una filial de Red Chamber Co., la responsabilidad se podría extender a la filial extranjera”.
En este punto habría una clara diferencia con la empresa que se hará cargo de la ex Alpesca desde el miércoles 1° de octubre. “El contrato se hace con el grupo Profand, con una de las sucursales que ellos tienen acá en Argentina, cuyo nombre es Pesquera Deseado. Vos vas al IGJ y el accionista y dueño es el grupo Profand español”, explica Arbeletche.
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La dura respuesta de la empresa, con una acusación de espionaje
A través de un extenso comunicado, Red Chamber aseguró que desde su llegada al país invirtió más de US$70 millones, recuperó los activos de la ex Alpesca, reincorporó a sus trabajadores, generó más de 700 empleos directos en Puerto Madryn. Además, afirmó que con la decisión tomada por el gobierno chubutense se convirtió en “el primer inversor estadounidense expulsado arbitrariamente de la Argentina”.
“La falta de seguridad jurídica que atraviesa Red Chamber Co. en la provincia envía, además, un mensaje alarmante a la comunidad empresarial internacional: una decisión intempestiva y arbitraria —como el decreto firmado por el gobernador Ignacio Torres— puede deshacer en cuestión de días años de inversión, empleo y esfuerzo sostenido, poniendo en riesgo la credibilidad de la Argentina como destino confiable para atraer inversiones”, señaló la compañía.
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Torres, en su etapa como senador, durante una reunión con autoridades de Red Chamber.
Además de negar los incumplimientos contractuales señalados por el Comité de Administración de Alpesca, la compañía afirmó que no tuvieron acceso a la auditoría, no fueron notificados sobre sumarios iniciados y que la única inspección que recibieron en la planta fue “acompañados por dos personas con acento del Reino de España, hecho que derivó en una denuncia formal de Red Chamber por presunto espionaje corporativo”.
En la misma línea, cuestionaron: “Si esa supuesta auditoría se llevó a cabo ese único día, donde además permanecieron menos de dos horas, sin dejar un acta o algún tipo de constancia administrativa y en presencia de dichos asesores españoles —que estarían vinculados a la empresa a la que el Gobierno ya había decidido entregar los activos de Alpesca—, es lógico concluir que tal auditoría carece de objetividad y responde a intereses ajenos a la transparencia y a la legalidad”.
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Según informó Pesca, la empresa presentó una denuncia sobre supuesto espionaje industrial en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de Comodoro Py, donde se detalla que los presuntos ciudadanos españoles “se presentaron como asesores técnicos e indicaron poseer documentos cuyos números, en caso de ser argentinos, pertenecen a ciudadanos menores de edad; aunque eran adultos y con un notorio acento español”.
El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, negó que la provincia haya participado de un operativo de espionaje contra Red Chamber.
Foto: prensa Gobierno del Chubut
Arbeletche niega que haya existido un operativo de espionaje con complicidad de la provincia. “El director del Comité de Administración de Alpesca concurrió junto con dos inspectores que lo acompañaban para hacer un relevamiento de la planta, en virtud de un pedido de información que nos hizo la Justicia. La documentación que nosotros presentamos son estas tres personas. Ellos manifiestan que había dos personas más que no pertenecían a la empresa, que tendrían acento español. Red Chamber es la responsable de controlar el ingreso. Yo no estuve presente, me parece un disparate. Creo que están utilizando un tema sumamente menor para inventar lo del espionaje, que en nuestro Código Penal es cuando se trata de empresas que hacen a la Seguridad Nacional, no una planta pesquera que pertenece a la provincia de Chubut. Encima nos haríamos espionaje a nuestra propia empresa. Es ridículo”, afirmó el secretario de Pesca.
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Transición tensa y ¿conflicto legal en puerta?
En el cierre de su comunicado, Red Chamber afirmó que la rescisión del contrato más la supuesta acción de espionaje “no solo constituyen un atropello institucional, sino que también dejan abierta la vía a un inevitable proceso judicial en el ámbito internacional”.
Desde el gobierno afirman que el contrato establece que la competencia ante un reclamo judicial debe ser tratada por los tribunales ordinarios del fuero provincial. Sin embargo, sostienen que es el Estado el que está en condiciones de realizar demandas por los incumplimientos del contrato, al revés de lo que plantea la empresa. “Hay que reclamar los cánones adeudados y también los daños que se produjeron en la planta, con máquinas que faltan y otras que las dejaron tiradas hace 10 años a la intemperie”, describe el secretario de Pesca.
La entrega de los bienes fue en las últimas horas el centro de las tensas charlas que mantienen las partes, con el objetivo de lograr que el 1° de octubre tome el control de la planta Profand.
“Se concentraron no en retirar las cosas que les pertenecen, sino en desarmar la planta. El viernes estaban desarmando una puerta o llevándose los cables de sistemas eléctricos”, ejemplifica el funcionario.
Reacciones políticas y apoyo empresarial
La polémica no se limitó a los cruces entre la empresa y el gobierno, sino que dijo presente en la última sesión de la Legislatura, donde el diputado Coliñir afirmó: “El Gobierno ha impulsado la adhesión al RIGI intentando venderle al mundo una supuesta seguridad jurídica que después echa por tierra” y calificó a la decisión como “una especie de iniciativa bolchevique por parte de un gobernador que no es así, que no ha tenido comportamiento de ese estilo”.
El jefe del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, agregó: “Sería una mancha indeleble para los chubutenses que se hubiera permitido y avalado espionaje corporativo por parte de autoridades públicas. Lejos está de cumplir esto cualquier estándar de transparencia nacional e internacional”.
Distinta fue la reacción del sector empresarial. La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) acompañaron la llegada de Profand a la provincia.
“Es un socio estratégico de nuestra cámara, porque tiene una fortaleza como empresa y grupo a nivel mundial. Nos parece muy importante su llegada porque tiene las mejores cartas de presentación para llevar adelante un plan de trabajo con la empresa ex Alpesca”, remarcó Agustín De la Fuente, presidente de la CAPIP.
El gremialista Luis Núñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), también evaluó el cambio de forma positiva. “El nuevo contrato incluirá exigencias que la anterior empresa no cumplió: procesamiento en la planta local, reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores y la incorporación de personal, entre otros puntos clave para la estabilidad laboral”, aseguró.