Empresarios, financistas y ex funcionarios quieren evitar sentarse en el banquillo de los acusados. El 6 de noviembre inicia el juicio del caso de los Cuadernos de las coimas y el 24 de septiembre hay una audiencia ordenatoria de cara al debate. Sin embargo, un extenso listado de imputados pidieron evitar el juicio pagando una reparación integral, una figura que existe en la Justicia. Algunos de ellos son arrepentidos en la causa entre los que figuran empresarios como Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Ángelo Calcaterra, Alberto Taselli, el financista Ernesto Clarens, y el ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, integran el extenso listado al que accedió Clarín.
Para la justicia federal, según confirmaron los jueces de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros.
La elevación a juicio que se escuchará el jueves 6 de noviembre cuando se dé inicio al debate oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) sostiene que el circuito de sobornos reflejado en los cuadernos se trataba de “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.
A criterio del juez de instrucción, el fallecido Claudio Bonadio, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.
En toda la investigación hay 26 calificaciones jurídicas, respecto al rol ocupado por cada uno de los acusados. Pero también, se señaló la totalidad de hechos investigados que asciende a 540.
Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.
Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente.
Ahora, a menos de dos meses del inicio del juicio que tendrá a cargo el TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con la intervención de la fiscal general Fabiana León, más de treinta imputados pidieron que se les conceda la posibilidad de realizar una reparación integral y así evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
Uno de los argumentos centrales que se reiteran en los escritos a los que accedió Clarín es la duración que puede llegar a tener un juicio con 174 personas imputadas, audiencias virtuales -una por semana- y la cantidad de hechos investigados.
El problema, como discuten en Comodoro Py algunos funcionarios judiciales, es que con la reparación los acusados buscan un sobreseimiento y no afrontarían ninguna condena por el delito atribuido.
Según pudo constatar este diario, en el listado de los acusados que tendrán una audiencia este viernes 12 de septiembre ante el TOF 7 y la representante del Ministerio Público Fiscal se encuentran Enrique Pescarmona y Rubén Valente, que propusieron una reparación integral ”que conlleva a la extinción de la acción penal”.
Mismo camino siguieron los ex directores de Isolux Corsán (que tuvieron a cargo la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio), Juan Carlos y César De Goycochea, junto a Mario Maxil.
El ex dueño de IECSA y primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra junto a Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri, todos bajo la misma representación legal, requirieron acogerse al mismo beneficio: acceder a una reparación integral.
Otro argumento refiere a la edad de mucho de los imputados, que tienen más de 70 años. Dicen que por los años que puede demandar el proceso lo lógico sería una reparación integral.
La figura a la que apelan muchos acusados en esta etapa del proceso se trata de un pago económico incondicional. Sería un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y la querella. Lo que se busca es, como su nombre lo indica, “reparar el daño que se les atribuye haber hecho”, explicó una fuente judicial a Clarín.
Pero a diferencia del juicio abreviado, donde se admite la responsabilidad en el hecho y se acepta el acuerdo acerca de la pena a imponer, en la reparación integral no es indispensable: “no hace al instituto que acepten la responsabilidad de los hechos”, indicó otra fuente en Comodoro Py.
De todos modos, algunas defensas indicaron a Clarín que la reparación integral «no deja de ser una condena».
El listado de quienes piden resolver el caso Cuadernos a través de una reparación integral es más amplio. En este caso hay dinero embargado por 1.100 millones de dólares, cifra que debería actualizarse «y de allí se puede determinar la reparación», indicaron fuentes allegadas a las causas.
Fabián Ezequiel García Ramón, exdirector de Energías Renovables del Ministerio de Planificación, también requirió la reparación, al igual que el ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain.
Entre los empresarios y también imputados colaboradores en la causa Cuadernos que busca ahora una reparación económica, se encuentra Claudio Glazman, quien fue director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones.
También presentó un escrito la defensa de Alberto Taselli, hermano de Sergio Taselli, dueño de empresas alimenticias y de la metalúrgica Aceros Zapla, y de Materfer, una empresa de Córdoba que fabrica vagones ferroviarios y ómnibus, ambos fueron mencionados en las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.
El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su ex secretario Hugo Larraburu también buscan acordar una reparación integral para evitar el juicio oral y público.
Los empresarios Jorge Balán y Hugo Dragonetti, buscaron hasta último momento que el tramo que los involucra pase al fuero electoral, con el intento de hacer pasar las coimas atribuidas como aportes de campaña. Todo fue desestimado y están incluidos en el juicio por hechos de corrupción, por eso ahora buscan la reparación integral.
Del Grupo Romero, Benjamín Romero y Rodolfo Poblete esperan que la fiscalía acceda al pedido interpuesto para saldar la pena atribuida a través de una reparación económica.
Todos estos imputados llegaron a la instancia del juicio oral tras las acusaciones corroboradas en etapa de instrucción y Tribunales de Alzada.
Desde que inició la investigación el expediente completó 220 cuerpos, que guardan las 231 medidas realizadas durante la instrucción: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.
Otros números explican el caso, según un informe confeccionado por la fiscal León. En el caso central como en los seis conexos, la totalidad de imputados es de 159. Nunca en la historia de Comodoro Py existió una investigación en hechos de corrupción con esa cantidad de personas involucradas.
Apoyos a la reparación integral
El abogado y miembro del consejo directivo de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Yofré, respaldó la reparación integral en la causa de los cuadernos, aunque consideró que no puede ser para todos. «Los funcionarios públicos y los máximos responsables de los delitos deben afrontar el proceso», sostuvo en declaraciones a Radio Milenium
Wortman Yofré consideró que la medida “sería histórica para la Argentina para recuperar dinero de la corrupción”.
«Pensar que la pena es el único camino es algo en lo que no estoy de acuerdo. El jucio del caso de los cuadernos, así como está planteado que habrá una audiencia por semana los días jueves, con 85 imputados. ¿Saben ustedes lo que esto va a significar? Años de juicio, muchos de ellos ni siquiera van a llegar a ver la sentencia y mientras tanto no va a haber ningún tipo de recupero. Fíjense lo que pasa en el caso de Cristina de Vialidad, la plata no aparece», dijo.
Y agregó: «Si acá hay empresarios que reconocen que obraron mal, se recupera, se repara y se tomamos medidas adicionales en las empresas. Pero no significa que se aplique a funcionarios ni los máximos responsables de los delitos, esos sí deben afrontar el proceso», cerró.