El barrio Otaño de Cutral Co fue escenario de un intento de homicidio que dejó en shock a vecinos y familias que se encontraban en la plaza, frente al Jardín N°3, durante la tarde del viernes. Allí, una mujer identificada con las iniciales L.A. y su pareja M.M.A. agredieron violentamente al padrastro de ella, provocándole graves heridas con armas blancas.
El ataque en plena plaza pública
Según explicó la fiscal Gabriela Macaya, los dos imputados se acercaron al hombre mientras estaba sentado en la plaza y lo increparon antes de iniciar la agresión. El ataque, realizado frente a numerosos testigos, dejó al padrastro con múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, varias de ellas en zonas vitales que comprometieron órganos internos.
El hombre fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que ingresó con un hemo-neumotórax y una hemorragia abdominal. Gracias a la rápida intervención quirúrgica, lograron estabilizarlo y preservar su función respiratoria, evitando un desenlace fatal.
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Imputación por tentativa de homicidio
La fiscalía calificó los hechos como homicidio en grado de tentativa, en carácter de coautores, conforme a los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal.
“El dolo está dado por la multiplicidad de lesiones en zonas vitales y las complicaciones médicas que pusieron en riesgo la vida de la víctima. La muerte no se produjo por causas ajenas a la voluntad de los imputados”, explicó Macaya durante la audiencia.
Frente a la gravedad del caso, la fiscal solicitó la prisión preventiva por dos meses para ambos acusados, señalando dos factores de riesgo: la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, dado el temor expresado por algunos testigos, y el peligro de fuga, ya que los imputados no tienen domicilio estable y residen en una vivienda muy precaria hecha con chapas y nylon.
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Resolución judicial y próximos pasos
El juez de garantías Ignacio Pombo avaló la imputación y coincidió con la fiscalía en la necesidad de una medida de coerción, aunque inicialmente dictó la prisión preventiva por cinco días. Cumplido ese plazo, se realizará una nueva audiencia para evaluar si corresponde extender la medida o reemplazarla por una detención domiciliaria.
La decisión judicial busca equilibrar el resguardo del proceso con la situación socioeconómica de los acusados, pero deja abierta la posibilidad de medidas más severas si se comprueba un riesgo real de fuga o de intimidación a los testigos.