Fuentes legislativas que participaron de la reunión con el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, señalaron que la exposición estuvo centrada en el escenario crítico de inversiones en el país, marcado por la concentración de recursos en Vaca Muerta y la caída de los proyectos convencionales. Según indicó, mientras a nivel nacional las proyecciones muestran una retracción del orden del 40% en el convencional, Chubut aparece como una de las provincias que menos caída registra en ese segmento.
En efecto, según se desprende de los datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, la inversión proyectada para este año en Chubut es de un total de 914,5 millones de dólares, lo que resultaría un 23% más bajo que los 1.188 millones desembolsados el año pasado, según los datos del mismo organismo nacional.
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Comparativamente, dijo que en Santa Cruz las inversiones previstas para este año cayeron un 90%, producto de la salida de YPF, que para 2025 no prevé ningún tipo de desembolsos y el resto de las operadoras está muy lejos de acercarse al movimiento que generaba la operadora de bandera, aún con el proceso de desinversión que había iniciado en los últimos años.
El funcionario explicó que la principal diferencia con otras jurisdicciones radica en las medidas adoptadas en la provincia para preservar la actividad en yacimientos maduros. Recordó que, desde el inicio de la gestión, se avanzó en una normativa específica para áreas marginales y en la reglamentación de iniciativas privadas, además de la eliminación de aranceles a insumos estratégicos como los polímeros utilizados en la recuperación terciaria. Esta decisión —dijo— permitió que varios proyectos se volvieran factibles y que empresas planificaran nuevas plantas y perforaciones para los próximos años.
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Infobae
Chubut perdió 1.500 millones de dólares por el “barril criollo”
Otro punto destacado fue la defensa de la ley provincial que corrigió el desacople histórico entre el precio del crudo de Chubut y la referencia internacional, en lo que durante años se conoció como “barril criollo”, para evitar que los precios internacionales altos impactaran directamente sobre los valores de los combustibles en el país.
“Ese desfasaje le costó a la provincia alrededor de 1.500 millones de dólares en regalías, lo que afectó directamente a municipios y al presupuesto provincial”, subrayó Ponce, según reconstruyeron asistentes al encuentro.
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El ministro también puso como ejemplo el proceso de traspaso de áreas: comparó el caso de Chubut con lo sucedido en Santa Cruz tras la salida de YPF, donde los tiempos de tramitación demoraron inversiones por más de 500 millones de dólares anuales. En cambio, destacó que la rapidez con la que se concretó el traspaso de El Tréboel-Escalante, que según dijo permitió garantizar 1.500 puestos de trabajo e impulsar un plan de inversión de 157 millones de dólares con el nuevo operador.
Con ese mismo criterio, defendió la decisión de reducir regalías, en base a la actualización de precios del petróleo en el plano internacional, que al ajustarse por inflación resultan hoy mucho más bajos que los que regían años atrás, al momento de prorrogarse las concesiones, con cláusulas que impedían conceder ese tipo de beneficios.
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Captura Canal 12 Trelew
Críticas a PECOM y la incertidumbre por Manantiales Behr
Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando se le permitió intervenir al dirigente camionero Jorge Taboada, quien cuestionó el accionar de PECOM, al señalar que hay 90 trabajadores de su gremio que están en el marco de incertidumbre por no saber si tendrán continuidad laboral.
“La información que nos dan las empresas de servicios como Clear o Vientos del Sur, que tiene un montón de gente parada, nos dice que, si la operadora no sube los equipos o no paga el stand by para sostener los sueldos, indefectiblemente los tienen que despedir”, planteó el dirigente.
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Taboada enfatizó que si bien es entendible que las operadoras vayan a Vaca Muerta, negó que los yacimientos que deja la operadora sean en su totalidad deficitarios, al tiempo que planteó dudas de que la producción a través de recuperación terciaria pueda equiparar la cantidad de puestos de trabajo perdidos.
Por su parte, el diputado Juan Horacio Pais preguntó qué compromisos hay de cara a la posible cesión por parte de YPF del área Manantiales Behr, a lo que Ponce respondió que los compromisos de inversión asumidos al momento de prorrogar la concesión “están cumplidos”. Sin embargo, detalló que la provincia planteó la exigencia de que el nivel de actividad “debería mantenerse”, aunque advirtió que esto podría cambiar “al alza o a la baja en función de los precios del petróleo”. Según la declaración jurada ante la Secretaría de Energía, YPF comprometió este año un desembolso de 175 millones de dólares en Chubut.
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Al mismo tiempo, Ponce indicó que los compromisos de PECOM para este año en materia de perforación de pozos fueron cumplidos 6 meses antes del plazo previsto.
Sin precisiones de los despidos y el reclamo de eficiencia a las pymes regionales
El ministro se excusó de hablar de la cantidad de despidos o desvinculaciones que hubo en el sector, ante una pregunta del diputado Emanuel Coliñir, a quien le respondió que ese registro debe ser consultado en la Subsecretaría de Trabajo.
El mismo legislador, que mostró su desacuerdo con la respuesta, le preguntó al funcionario por el reclamo de las contratistas, a lo que el ministro respondió que “es un problema entre privados y no se puede exigir que porque YPF contrató durante muchos años a una empresa, debe tener continuidad. Si las empresas son eficientes y competitivas van a seguir con cualquier operadora y si no lo son, la forma de ser eficientes no es a través de una solicitada”.
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Coliñir insistió en que “es una avivada” remitir a la Subsecretaría de Trabajo, lo que motivó uno de los momentos más calientes de la reunión, según lo que pudo reconstruir esta agencia, aunque el ministro se mantuvo en que el organismo laboral el que lleva ese registro. En ese punto intervino Taboada para cuestionar que las desvinculaciones se hacen a través de escribanías, donde no quedan registros oficiales de la pérdida de empleos.
A su turno, el vicegobernador Gustavo Menna cuestionó las prórrogas de contratos acordadas en gobiernos anteriores, al plantear que no tuvieron salvaguarda para los puestos de trabajo que hoy se pierden.
Los diputados del oficialismo, por su parte, comprometieron impulsar una expresión de apoyo al proyecto de ley de incentivos a las cuencas maduras que impulsa la diputada nacional Ana Clara Romero en el Congreso de la Nación.