Las retenciones se encuentran en uno de los niveles más bajos de la historia reciente. Un estudio privado reveló que la presión tributaria asociada a los derechos de exportación equivale actualmente al 0,95 por ciento del PBI, considerando el acumulado de los últimos doce meses. Por otra parte, el impacto fiscal de la reciente reducción en los derechos de exportación agropecuarios sería limitado este año: se estima en 0,1 por ciento del PBI.
Los derechos de exportación, usualmente conocidos como retenciones, son gravámenes que aplican a las ventas de bienes y servicios al exterior. En Argentina las retenciones volvieron al centro del debate luego que el presidente Milei decidiera una rebaja permanente sobre las alícuotas sobre diversos productos agropecuarios, anuncio que realizó al cierre del tradicional encuentro en la Rural. Existen, no obstante, distintos argumentos justifican su implementación: “generar recursos fiscales, capturar rentas extraordinarias en contextos de devaluación, incentivar las industrializaciones mediante alícuotas diferenciadas, estabilizar precios internos en contextos internacionales volátiles, proteger industrias incipientes, entre las principales”, detalla un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que analiza su evolución reciente.
Actualmente el peso de las retenciones sobre el PBI (habitualmente denominado “presión tributaria”) está en uno de los niveles más bajos de la serie histórica que empieza en 1998, alcanza 0,95 por ciento, considerando el acumulado de los últimos 12 meses, según analizó el Iaraf.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el costo del aumento extraordinario del 8,1 por ciento en los haberes, más la moratoria previsional y el aumento del bono que cobran quienes perciben la mínima tiene un costo total de 1,1 por ciento del PBI.
Antecedente histórico
El régimen de derechos de exportación actual data básicamente de 2002, pese a que en sus inicios se introdujo como un impuesto “transitorio o de emergencia” debido a la crisis argentina del 2001 y las necesidades de financiamiento de las políticas públicas. Así lo recopila el Iaraf: entre 2002 y 2004 la recaudación por retenciones creció fuertemente, alcanzando un pico del 2,45 por ciento del PBI en 2004, impulsado por altos precios internacionales y un tipo de cambio competitivo.
En 2008 se registró el máximo histórico, con una presión tributaria efectiva de 3,17 por ciento del PBI. Luego, en 2018 inició un ciclo descendente, y para enero de ese año, la presión tributaria cayó al 0,43 por ciento del PBI, afectada por la baja de alícuotas, caída de precios y una fuerte sequía.
En 2021 se recuperó el peso de las retenciones hasta 2,1 por ciento del PBI, gracias a la suba de precios internacionales y mayores alícuotas. Pero en 2023 volvió a caer a 0,4 por ciento del PBI por la baja de precios y la sequía histórica.
Probable impacto
La baja de las retenciones (a la soja y sus derivados, el maíz y sorgo, el girasol, la carne y el trigo y la cebada) que anunció el Gobierno apunta a beneficiar a un sector económico como el campo que tiene su correlato electoral también en la región pampeana. Aun así, según estimó el Iaraf, teniendo en cuenta otros efectos indirectos, el costo fiscal de bajar los derechos de exportación este año como máximo alcanzaría 0,1 por ciento del PBI y en 2026 un 0,2 por ciento.
El primer efecto indirecto que considera el informe es que aumentará, con la rebaja, la base imponible del impuesto a las Ganancias y por ende su recaudación. Aunque también puede darse una disminución de pérdidas, y por lo tanto no llegaría a representar un pago extra del impuesto. Un segundo efecto indirecto es que, de la mayor renta de los productores, podría esperarse que una parte se destine a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales para los tres niveles de gobierno. Y el tercer efecto indirecto podría ser una mayor producción.