Un grave caso de violencia de género se judicializó esta semana en Cutral Co, donde un hombre fue acusado de agredir físicamente a su expareja y luego violar una orden de restricción que le impedía cualquier tipo de contacto con ella. La situación escaló al punto de que la Justicia le impuso mudarse a otra localidad y le prohibió regresar a Cutral Co y Plaza Huincul.
El acusado, identificado como N.G.N, fue imputado formalmente el miércoles durante una audiencia realizada en la Oficina Judicial local, a cargo de la jueza de Garantías Laura Barbé. La acusación fue presentada por el asistente letrado de fiscalía, Matías Alonso, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Dos hechos en menos de dos semanas
El primer hecho ocurrió el 4 de julio de 2025, cerca de las 20:30, en una vivienda del barrio Belgrano. Según relató el fiscal, la mujer regresaba a su domicilio junto a su hija cuando fue interceptada por su expareja, quien la amenazó, la agredió y le provocó lesiones leves.
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A pesar de tener una orden judicial vigente que le prohibía el contacto, el acusado volvió a vulnerar los derechos de la víctima entre el 14 y 15 de julio. En ese lapso, le envió más de 600 mensajes por WhatsApp, además de contactarla por otros medios digitales, violando nuevamente la restricción impuesta por la Justicia.
Cargos y medidas cautelares
Los delitos atribuidos por la fiscalía a N.G.N fueron amenazas simples y lesiones leves agravadas (en concurso ideal), además de desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real y en carácter de autor.
Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público Fiscal solicitó dos medidas cautelares por el plazo de cuatro meses:
- Prohibición total de contacto con la víctima y su hija, incluyendo redes sociales y cualquier forma de comunicación.
- Obligación de mudar su domicilio a otra localidad y prohibición de ingreso a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.
La jueza Laura Barbé dio por formulados los cargos y, al no recibir objeciones por parte de la defensa, ordenó de forma inmediata el traslado del imputado a otra ciudad para garantizar la seguridad de la víctima y su entorno.
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Protección y plazos judiciales
Además de imponer las medidas restrictivas, la magistrada fijó un plazo de cuatro meses para la investigación preparatoria del caso. Durante ese período, se recopilarán pruebas y testimonios clave para definir si la causa avanza a juicio.