Este lunes, gobernadores de todas las provincias del país, incluido el jefe de gobierno porteño, se reunieron para aunar sus quejas en una demanda común. El gobierno de Milei interrumpió y retuvo envío de dinero a las provincias por diversas vías: lo que iba al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), también lo destinado a obras hídricas y de infraestructura vial, entre otros. Calculan que el gobierno nacional ajustó por más de $30 billones en lo que va del mandato. Los mandatarios impulsan un proyecto de ley para coparticipar recursos del impuesto a los Combustibles, como así también los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
A la vista de todo el mundo, Milei viene usando los recursos de las provincias -en particular los ATN- como prenda de cambio para lograr favores políticos. Sobre todo dentro de la cámara de Diputados y la de Senadores, donde muchos legisladores y legisladoras provinciales responden a sus propios gobernadores. Así lograron aprobar la corrupta Ley de Bases, con votos también comprados con favores personales como a Lucila Crexell del MPN o Edgardo Kueider de Unión por la Patria. Y mediante estas «extorsiones presupuestarias» también lograron los votos para blindar el veto presidencial al aumento a los jubilados y jubiladas.
Al día de hoy, apoyado en esa nefasta Ley, Milei viene gobernando a decretazo limpio, por lo que sostener aliados, no solo dentro de la derecha del PRO y la UCR sino también dentro del peronismo, le es vital para que no le volteen los decretos en el Congreso. Hasta ahora no ha pasado. Pero, por ejemplo, el distanciamiento público del gobernador peronista Osvaldo Jaldo (que fraccionó el bloque peronista para alinearse al Gobierno), es un dato llamativo.
Jaldo también acompañó a Milei en el veto al financiamiento universitario. Ahora, tras el cierre de la planta de Scania y las suspensiones a trabajadores en Topper, por primera vez critica al Gobierno. «A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas». Dice estar de acuerdo con cómo Milei y Caputo manejan la «macro», pero a su feudo no le estaría tocando la racha. «La macro es importante, pero no suficiente. Hay que ver si nuestras empresas hoy están en condiciones de competir con otros países del mundo frente a la liberación de las importaciones. La situación nos está demostrando que no».
También vemos a Ignacio Torres del PRO, gobernador de Chubut, volver a tomar protagonismo en la exigencia de envío de dinero al Gobierno nacional. No es que no compartan políticas de fondo, con el mismo ministro que tuvo Mauricio Macri. Hace pocos meses Torres dijo «Hay que darle un voto de confianza al plan económico de Milei«. Pero cada gobernador, igual quiere su pedazo.
Por su parte, también adhiere y participa el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que viene administrando igual que sus pares mandatarios, el ajuste presupuestario en su provincia. Así se enfrenta a la lucha de docentes bonaereses por salario y también a la de trabajadoras y trabajadores de la Salud.
Por el momento, el Gobierno a través de Guillermo Francos, se muestra totalmente impenetrable a cualquier negociación con este particular frente de gobernadores que se arma en un año electoral. Son las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que el gobierno nacional no quiere descuidar y para eso pasó la aspiradora en los recursos coparticipables. Pero gran parte de las fuerzas políticas que hoy presentan este proyecto de Ley por el ajuste en las cajas provinciales, son las mismas que votan a favor del hambre a los jubilados y jubiladas. Y sin dudas, ninguna de las fuerzas políticas que gobiernan la Argentina se opone a la fraudulenta deuda externa con el FMI.
Aún así, habrá que ver qué ocurre con las alianzas y los pactos de gobernabilidad con los que se sostiene Javier Milei. ¿Podrían temblar un poco? ¿o resquebrajarse? Un presidente autoritario, que gobierna por decreto en un régimen donde existe proscripción política y se persigue a la protesta social, no puede darse el lujo de perder aliados en el Congreso.