La Cámara de Apelaciones de Trelew realizará el próximo jueves 29 de mayo a las 9:00 horas una audiencia clave para revisar la sentencia dictada en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, un expediente que marcó un precedente histórico en la provincia de Chubut: fue la primera vez que la Justicia declaró penalmente responsables a funcionarios y asesores por percibir sueldos estatales sin cumplir funciones efectivas.
En este proceso intervendrá un nuevo tribunal que evaluará la validez del fallo emitido por los jueces Carlos Richieri, José Ennis y Marcela Pérez Bogado, quienes condenaron a Cecilia Torres Otarola, exdiputada y exministra de Familia, por múltiples delitos vinculados a la corrupción y el abuso de la función pública.
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La causa judicial fue impulsada por el fiscal Omar Rodríguez, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE DAP). Durante la investigación, se demostró que Torres Otarola había nombrado a asesores tanto en la Legislatura como en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia sin que realizaran tareas concretas.
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Archivo-Prensa del Poder Judicial
Además, la Justicia determinó que exigía a sus asesores legislativos que le transfirieran parte de sus sueldos, una maniobra coordinada junto a Mariela Cañumil, también condenada en la causa. Esta práctica fue calificada como exacciones ilegales, es decir, el pedido indebido de dinero aprovechando una posición de poder.
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La exfuncionaria fue hallada culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres hechos de exacciones ilegales. La acusación se apoyó no sólo en documentación oficial, sino también en el testimonio del propio denunciante, quien confirmó haber sido víctima directa de la operatoria.
Junto a Torres Otarola y Cañumil, también fueron condenados Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, todos domiciliados en Buenos Aires. Según la investigación, ocupaban cargos como Directores en el Ministerio, pero tampoco cumplían funciones efectivas. En su lugar, empleados de planta permanente debían asumir las tareas correspondientes a estos contratados fantasmas, lo que terminó de fortalecer las pruebas en su contra.
En este proceso intervendrá un nuevo tribunal que evaluará la validez del fallo emitido por los jueces Carlos Richieri, José Ennis y Marcela Pérez Bogado
Archivo-ADNSUR
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El fallo no solo tuvo un impacto judicial, sino que fue considerado un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia de Chubut. Los jueces que firmaron la condena hicieron especial énfasis en la importancia de respetar la normativa internacional y la ley de ética pública, y señalaron que este tipo de prácticas no deben ser toleradas bajo ningún aspecto.
Desde la fiscalía también remarcaron que esta condena se enmarca en los compromisos asumidos por la provincia en materia de transparencia y rendición de cuentas, y destacaron que continuará la política de “cero tolerancia a la corrupción”.
La audiencia de revisión del 29 de mayo será crucial para determinar si el fallo de primera instancia se mantiene firme o si, por el contrario, es modificado o anulado. El nuevo tribunal deberá analizar nuevamente todas las pruebas, testimonios y argumentos jurídicos expuestos durante el juicio, así como también las apelaciones que presentaron las defensas.
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Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR