Milei al Fondo: un salvavidas de plomo

El viernes 11 de abril, un día después del paro nacional que expresó el descontento de millones de trabajadores y trabajadoras con el ajuste del gobierno de Milei, y a pocos minutos de darse a conocer el salto del índice de inflación a 3,7% en marzo, el ministro de Economía Luis Caputo anunció una devaluación del peso y la salida del cepo cambiario, condición necesaria que impuso el directorio del Fondo Monetario Internacional para aprobar, a los pocos minutos desde Washington, el acuerdo por un nuevo endeudamiento con Argentina por U$S 20.000 millones. La jornada se coronaba con una cadena nacional del presidente Javier Milei casi a la medianoche, en la que, teñido de escenas de un menemismo explícito, celebraba ser el “alumno ejemplar” del FMI.

El país se encamina así hacia un nuevo salto de la hipoteca con el fondo, en un marco internacional de mayores tensiones geopolíticas y guerras comerciales sin precedentes, que las clases capitalistas buscan descargar ferozmente sobre los trabajadores y que implicará aún más penurias para la clase trabajadora y el pueblo pobre. El salvataje del Fondo deja de manifiesto la encerrona en la que cayó el propio gobierno con el esquema cambiario, a pesar del alivio obtenido por el blanqueo de capitales en 2024 y el comercio superavitario (aunque en descenso).

Los apresurados tiempos en que se presentó el engranaje de anuncios por parte del gobierno y el FMI, en la previa de un fin de semana, y el discurso desalineado del Ministro de Economía, contrastaba con los agradecimientos y explicaciones con los que éste intentaba tapar lo que estaba comunicando: el sinceramiento de un fracaso. Tras asegurar pocos días atrás que el acuerdo con el FMI “no significará un salto devaluatorio”, el llamado esquema de bandas cambiarias, inicialmente entre un rango de $ 1.000 y $ 1.400 (que se irá ampliando mensualmente en un 1% hacia ambos lados), encubren una devaluación del peso que se trasladará rápidamente a los precios internos.

Se pasa de un valor fijado por el gobierno y apoyado en las restricciones para la compra de divisas, a un sistema donde el gobierno se compromete a no intervenir en el mercado mientras el peso cotice frence al dólar dentro de los valores fijados por la banda. Si queda debajo o arriba de ese valor, sí intervendrá, comprando o vendiendo dólares respectivamente para empujar el valor de la divisa nuevamente dentro de las bandas. Todo indica que de un dólar por debajo de $1.100 en el mercado mayorista, pasaremos a uno muy cerca de la banda superior de $1.400, e incluso presionando por superarla, lo que significará un incremento de 27,6% respecto del valor actual, un nuevo golpe a los ingresos del pueblo trabajador por la vía inflacionaria.

Se levantan así gran parte de las restricciones para la compra y venta de dólares (el llamado “cepo”), entre ellas, el plazo de 30 días para acceder a divisas por los importadores, la remisión de utilidades al exterior (para las empresas que declaren ganancias este año) y el famoso cupo de U$S 200 mensuales para la compra de dólares para ahorro [1]. Esta fue otra de las exigencias centrales del Fondo que el gobierno debió ceder antes de las elecciones de octubre e implica potencialmente mayor riesgo de desestabilización y descontrol de las variables.

La flotación administrada del tipo de cambio se complementa con la eliminación del “dólar blend”, que permitió a las empresas exportadoras obtener hasta ahora un tipo de cambio más alto que el oficial, rondando los $1.130, al poder liquidar un 20 % de sus ventas externas en el dólar contado con liquidación. Este será el “piso” que exigirán en adelante para liquidar sus exportaciones, aunque es probable que especulen con que la cotización llegue hasta el “techo” de las bandas. Hasta que nuevamente se considere que el tipo de cambio está otra vez apreciado, el blend se vuelve «abstracto», y su eliminaciòn le mejora el ingreso de divisas por exportaciones al Gobierno (se venìa sacrificando un 20 % del ingreso de exportaciones, o más de U$S 10 mil millones al año).

Para engrosar las reservas, el FMI realizará un fuerte desembolso inicial de U$S 12.000 millones y otro más de U$S 2.000 millones en junio. Al mismo tiempo, el gobierno especula con que la suba del dólar sea suficiente para atraer liquidaciones de la cosecha gruesa por unos U$S 15.000 millones en los próximos meses. Pero los dólares ingresados corren el riesgo de evaporarse rápidamente con la fuga de capitales si se llega a la banda superior y no hay forma de bajarlo, lo que forzaría al gobierno a una salida no deseada del esquema y devaluar, provocando un descalabro de las variables y una espiralización de la inflación. El lunes se conocerá el “veredicto” de “los mercados”, es decir, del poder económico concentrado y el capital financiero.

Si la economía estaba tan bien, ¿por qué pidieron un rescate al FMI?

Apenas iniciado el segundo año del experimento “liberal libertario” en el país, se vuelven a poner bajo la lupa los problemas estructurales de la economía -atrasada y dependiente- que hacen fuerza como en una olla a presión ante las contradicciones del plan económico de “la motosierra y la bicicleta financiera”.

Las reservas brutas del Banco Central descendieron a niveles mínimos desde enero de 2024 y se encuentran por debajo de los U$S 25 mil millones. Según datos de la consultora Eco Go las reservas netas negativas rondarían los U$S 11.722, muy cerca del saldo heredado del último gobierno peronista. En los primeros 3 meses del año el gobierno dilapidó más de U$S 5.000 millones de reservas, una caída sostenida que fue pronunciándose a medida que crecían las dudas sobre el plan del gobierno.

Luego del impacto de las medidas de shock iniciales en diciembre de 2023 (devaluación del 120%, desregulación de precios, ajuste del gasto público), el gobierno logró acumular reservas principalmente posponiendo el pago de importaciones, utilizando los bonos BoPreal. Al mismo tiempo, la recesión económica con ingresos por el piso y el consumo en niveles mínimos ayudaba a reducir el nivel de importaciones.

Durante la segunda mitad de 2024, el atraso cambiario comenzó a generar problemas en la cuenta corriente, que desde junio acumula 10 meses de déficit ininterrumpidos, una sangría de U$S 9.981 millones entre junio de 2024 y febrero de 2025 según el Banco Central, y a reducir el saldo en balance comercial. Milei y Caputo consiguieron “sortearlos” apuntalando las reservas con los dólares ingresados por el blanqueo de capitales. Según los datos de ARCA (ex AFIP) sólo en la primera etapa -que fue desde julio a noviembre- ingresaron US$22.000 millones en efectivo en cuentas CERA y ALyC.La baja de la inflación (por el ancla cambiaria y la recesión) fue acompañada de una baja en la tasa de interés que habilitó el otorgamiento de créditos hipotecarios, mientras en los sectores populares la carestía de vida se impuso a tal manera que se cuotificó el consumo de alimentos y bienes básicos. El endeudamiento de los hogares es un símbolo de la crisis y los salarios arrasados.

A su vez, el ancla cambiaria creó las condiciones para una nueva ronda de carry trade. Los bancos, exportadores y grandes empresas se subieron a la bicicleta financiera aprovechando que los rendimientos de inversiones en pesos superan los rendimientos en dólares por la devaluación controlada, el crawling peg (devaluación pautada mensual) que fue de 2% en 2024 y de 1% desde comienzos de 2025.

El atraso cambiario también incentivó una fuerte salida de dólares para turismo. En el mes de febrero el déficit en la cuenta “Servicios” de USD 1.038 millones se explica por “los egresos netos en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, de “Otros servicios” y de “Fletes y seguros” por USD 941, millones, USD 197 millones y USD 171 millones, respectivamente”. La apertura comercial, como las compras puerta a puerta siguieron presionando sobre las menguantes reservas del Central. Todo este esquema que tenía como uno de sus pilares al ancla cambiaria para mantener la inflación “controlada” comenzó a derretirse por las expectativas de devaluación que crecieron frente a la demora del acuerdo con el FMI. También frente al agotamiento de los dólares del blanqueo. Sin inversiones, los pagos de la deuda externa fueron otra vía de salida de dólares, solo en enero de 2025 se pagaronen términos brutos el equivalente a U$D 14.700 millones.

Los distintos reveses políticos que recibió el gobierno en las calles con las manifestaciones masivas del 1F o la del 12 de marzo en defensa de los jubilados y jubiladas, el escándalo de la criptoestafa, o el rechazo en el Senado a la designación de García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, marcaron su peor momento aumentando la desconfianza de los “mercados” y el desarme de las posiciones en pesos frente a la demora del acuerdo con el FMI. Con el estallido de la guerra arancelaria anunciada por Donald Trump, que pone en cuestionamiento el orden de las relaciones comerciales y geopolíticas globales, todo empeoró. Por la creciente incertidumbre, aumentó la demanda sobre los activos seguros, saliendo de posiciones riesgosas, esto hundió las acciones argentinas y los bonos.

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Las cosas no estaban para nada bien, Milei y Caputo salieron corriendo a pedir el rescate del Fondo en apenas un año de gestión. El organismo que dirige Kristalina Georgieva es el prestamista internacional al que se recurre cuando no hay otra posibilidad de financiamiento externo y aprovecha que el país se encuentra en una situación de crisis para imponer condiciones de mayor sometimiento, favorables al capital imperialista.

Las condiciones leoninas del acuerdo

El “staff report” del FMI con los detalles del acuerdo por un nuevo endeudamiento de Facilidades Extendidas por 48 meses, confiesan que se trata del mayor préstamo en la historia del organismo, en conjunto con el programa vigente acordado en 2022. “Argentina sigue siendo el mayor prestatario del Fondo, con un crédito pendiente de pago de 31.100 millones de DEG a finales de marzo de 2025”, dice el informe del Fondo. Con el nuevo préstamo otorgado a Milei, la deuda ascenderá en 2026 a 43.100 millones de DEG, lo que equivale a unos U$S 57.200 millones, superando la cuota que tiene prevista la Argentina en 1.352%. “Esta sería la mayor exposición del Fondo en términos absolutos en su historia, aproximadamente DEG 8.900 millones más que los máximos alcanzados durante el EFF (acuerdo de facilidades extendidas) de 2022”.

En cuanto a los desembolsos, el programa prevé una primera revisión en junio y una segunda a finales de 2025, con desembolsos de DEG 1.529 millones (US$ 2.000 millones) y DEG 763 millones (US$ 1.000 millones), respectivamente. Luego pasará a revisiones semestrales durante el período 2026-29, con desembolsos de aproximadamente DEG 545 millones (US$ 700 millones) para cada una de las siete revisiones restantes.

Por su parte, la agenda de vencimientos se torna excesivamente exigente entre 2029 y 2032. A los previstos con el acuerdo de 2022 se superpondrán los acordados ahora entre 2029 y 2034, alcanzando un máximo equivalente a unos U$S 9.700 millones en 2031. Una deuda absolutamente impagable, a lo cual se agregan préstamos de otros organismos internacionales y la deuda externa con privados renegociada y legitimada por Martín Guzmán durante el año de la pandemia en 2020.

El propio FMI asegura que “el servicio total de la deuda externa alcanzaría un máximo del 74% de las exportaciones en 2025, por encima de la mediana de los casos recientes de economías de economías avanzadas, de alrededor del 58%”. Y no se trata precisamente de un año en que el país tenga elevados vencimientos de deuda.

Para recibir este nuevo préstamo por US$ 20.000 millones Milei se comprometió ante el FMI a cumplir con todas sus exigencias. Si bien el 60% de los fondos ingresan en el primer desembolso, el resto queda sujeto al cumplimiento de las metas impuestas, manteniendo latente la posibilidad de impago. “El desempeño del programa se monitoreará con un conjunto de criterios de desempeño cuantitativos (CDC), objetivos indicativos (PI) y puntos de referencia estructurales (PEE)”, agrega el informe.

La disciplina fiscal, un régimen cambiario flexible (con devaluación) y la aplicación de profundas reformas “para crear una economía más abierta y de mercado”, son los ejes de las condicionalidades que impuso el FMI para soltar los dólares.

Austeridad fiscal para rato: FMI propone una “disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones”. El ajuste de 2024 recayó en gran medida en las partidas a la seguridad social (20% del recorte total según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso); y el fin de la moratoria jubilatoria son pequeñas muestras del daño social que implican las exigencias del FMI y que Milei sobrecumple de antemano con entusiasmo . Este ajuste sostenido ahora busca elevar el superávit primario al 1,6%. Lo que se prevé es que continúe el recorte en salud, educación y servicios públicos, que ya se encuentran en condiciones preocupantes, con falta de recursos y salarios de miseria. También se alienta continuar con el proceso de privatizaciones de empresas públicas iniciado con la Ley Bases, que implicaría un aumento en los ingresos recibidos para cumplir con la meta fiscal y pagarle al Fondo.

Los Tarifazos se mantienen. Junto al recorte subsidios a la Energía el Fondo busca ponerle fin a la segmentación de tarifas y reemplazarlo “por un único subsidio energético para los hogares de bajos ingresos”. Sobre la Reforma previsional, que es un objetivo siempre perseguido por el FMI en el informe se confirma que el gobierno “está preparando una reforma integral del sistema de pensiones, centrándose en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad (finales de diciembre de 2026). La iniciativa propuesta apuntaría a racionalizar el actual sistema fragmentado y alinear mejor las contribuciones con los beneficios”

En el “mercado” laboral buscan avanzar aún más con la flexibilización y la quita de derechos. También se menciona una reforma tributaria, y sobre la participación en los ingresos. Recetas clásicas de contrarreformas estructurales (laboral, previsional, tributaria) para ajustar más las clavijas sobre el pueblo trabajador.

Sobre la meta de reservas, el informe señala que “la cobertura de reservas sigue siendo muy débil y el gobierno aún no ha accedido a los mercados internacionales de capital. Se requiere mayor trabajo para controlar la inflación y fortalecer de forma duradera la posición externa del país y su resiliencia ante un contexto global más complejo.” En total sintonía con el FMI, el comunicado del BCRA informa que las reservas acumuladas para finales de 2025 deberán ser U$S4.000 positivas. Esto presiona a una devaluación mayor con el fin de impulsar las exportaciones y limitar las importaciones, para cumplir el objetivo.

Las estafas no se pagan

Con el nuevo acuerdo de Milei-Caputo con el FMI, se configura uno de los capítulos de entrega más grandes de la historia del país. Paradojas de la historia mediante, el propio Luis Caputo, fue quien quien tomó el mayor préstamo en la historia del FMI durante la gestión de Mauricio Macri, que terminó en un estrepitoso fracaso tras haberse fugado unos U$S 86.000 millones en esos cuatro años entre fondos buitres y grandes empresas, dejando al país hundido en una crisis social.

En el año 2018 el mismo Milei había planteado que «Caputo se fumó 15 mil millones de dólares de las reservas irresponsablemente y nos dejó este desastre de las Leliqs. Uno de los grandes desastres del Banco Central lo hizo Caputo en dos o tres meses”. Por aquellos momentos, en medio de las negociaciones con el FMI por un nuevo desembolso, Caputo fue eyectado del Banco Central. El esquema de bandas que fue implementado, ya con Guido Sandleris al frente del Banco Central, terminó explotando por los aires, en el marco de fuertes presiones devaluatorias y una inflación que duplicó los niveles de 2017.

Pero no son meras paradojas, sino la impunidad otorgada por estafas que son convalidadas mediante nuevas reestructuraciones de deuda, en lugar de un desconocimiento soberano para evitar que los costos de la fiesta para pocos recaigan en las mayorías sociales. La estafa de aquel momento quedó demostrada por múltiples investigaciones, entre ellas, una del Banco Central que a inicios de 2020 reveló cuáles fueron las compañías que hicieron jugosas ganancias con la bicicleta financiera y luego fugaron el dinero. Otra investigación que avala esta teoría, es la del propio FMI. Sin embargo, en 2022 durante el gobierno peronista de Alberto Fernandez, con Martín Guzmán y Sergio Massa, esta deuda ilegal e ilegítima fue renegociada alcanzando un nuevo acuerdo con el FMI. El mismo Guzmán que ahora está en la oposición y sostiene que este acuerdo es ilegítimo.

En este año electoral el gobierno intentó sostener el atraso cambiario como condición para garantizar la bicicleta financiera y mantener cierto “control” de la inflación, al menos hasta octubre. Pero la suma de contradicciones de su plan, la reducción acelerada de reservas, junto a las voces de los exportadores y sectores mercadointernistas pujando por una devaluación, y la incertidumbre global, mostraron que es más complejo. Milei y Caputo se entregaron al FMI para recibir “dólares frescos”, aún a costa de desconocer los efectos de la devaluación y fin del cepo, que podrían disparar la inflación. Parecería que la única alternativas es el endeudamiento asfixiante con el FMI, y una devaluación que sigue destruyendo los ingresos reales y transfiriendo la riqueza desde el pueblo trabajador al capital. Una perspectiva contraria a los intereses de la clase trabajadora y las masas populares, y a cualquier posibilidad de un verdadero cambio estructural.

Una salida favorable sólo será posible si se impone un cambio total de rumbo al del mayor sometimiento y atraso que nos arrastran los gobiernos capitalistas y las grandes patronales. Es necesario romper con el FMI, expulsarlo del país y desconocer la deuda ilegal y fraudulenta que Milei, como todos los gobiernos en las últimas décadas, sigue perpetuando.

Esa pelea es inseparable de la lucha por la nacionalización del sistema bancario bajo gestión de sus trabajadores y trabajadoras. Solo así se puede frenar la fuga de capitales, ese mecanismo de saqueo permanente que llevan adelante los grandes capitalistas, utilizando al sistema bancario como socio que facilita la salida de dólares al exterior, mayormente a guaridas fiscales. Una banca nacional única permitiría, además, cuidar el ahorro nacional y, en particular, el de las y los pequeños ahorristas, siempre bajo el peligro de ser expropiados por los gobiernos de turno (Plan Bonex, Corralito), concentrar los recursos nacionales en inversiones fundamentales y garantizar el acceso al crédito barato para la población trabajadora y los pequeños comerciantes, hoy ahogados en deudas.

Hay que terminar también con el oligopolio privado del comercio exterior que ejercen unos pocos actores del agronegocio, mediante la nacionalización del comercio exterior en un Estado dirigido por la clase trabajadora, para frenar las maniobras (legales e ilegales) con las que esas grandes empresas fugan divisas. Esta medida permitiría definir según las necesidades estratégicas de la producción y las necesidades sociales, qué se exporta y a qué compras se destinan las divisas internacionales obtenidas de estas operaciones, impidiendo que grandes empresas especulen a costa del hambre del pueblo. De conjunto se pueden utilizar todos los recursos que hoy se saquean con la deuda y la fuga para un plan de desarrollo llevado adelante mediante la planificación democrática desde abajo.

Hay que plantear claramente que las estafas no se pagan. Sectores del peronismo hoy denuncian las penurias de la política de Milei y han criticado el acuerdo con el FMI. Sin embargo, incluso desde su programa, muy diferente del planteado en este artículo, no proponen un camino inmediato para enfrentar el acuerdo con el FMI, empezando por los sindicatos, movimiento sociales y centros de estudiantes que influencian. Se limitan al “Che Milei”. No se puede plantear al mismo tiempo que el plan de Milei y el acuerdo con el FMI van a hacer aún más terrible la situación de las grandes mayorías -cuestión muy cierta- y, por otro lado, sostener que para que terminen esas calamidades habrá que esperar hasta el 2027 a las próximas elecciones presidenciales. 3 años más! mientras pasa la estafa y el ajuste. Pero esto es exactamente lo propone en twitter/X CFK. No podemos esperar a que los trabajadores, jubilados y las grandes mayorías sigamos pagando el ajuste de Milei, y con los planes acordados con el FMI se profundice la entrega y aumente la miseria planificada.

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El orden mundial capitalista se encuentra en una profunda crisis, es hora de cuestionarlo todo. La masiva movilización del miércoles 9 junto a los jubilados y el paro del jueves 10, a pesar de los límites impuestos por la burocracia de la CGT y la CTA, demostraron que la clase trabajadora tiene la fuerza para proponerse derrotar los planes de Milei y las grandes patronales. Pero, para eso, es necesario que estas jornadas no sean aisladas, sino que continúe con ul plan de lucha en la perspectiva de la huelga general, hasta derrotar los planes de Milei, el FMI y las grandes patronales e imponer una salida de los trabajadores y el pueblo pobre.

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NOTAS AL PIE

Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.

Nacida en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires en 1985. Es economista, recibida en la UBA. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2004. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.