La tarde del 16 de diciembre de 2021 será recordada como uno de los momentos más oscuros y tristes de la historia de Chubut. El centro cívico de Rawson con sus edificios incendiados quedó guardado en las retinas como lo más parecido a una postal de una ciudad en guerra. No fue algo casual: fue el producto del descontrol de una manifestación pacífica de repudio a una actitud del poder, que sirvió al aprovechamiento de ciertos sectores interesados.
Para que algo explote como lo hizo ese día, es porque previamente hubo un cúmulo de malas decisiones y de errores: una Legislatura que sacó una ley a escondidas y a las apuradas; una represión policial muy fuerte en las horas siguientes; un operativo de seguridad horrible; y la infiltración de grupos de tareas de sectores violentos que actuaron de manera organizada, con posible apoyo -nadie tiene pruebas, así como tampoco nadie tiene dudas- de figuras de la política.
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El germen de la historia tiene que ver con un gobierno conducido por Mariano Arcioni, con una gran fragilidad política, que venía de atravesar la pandemia en medio de una crisis económica sin precedentes, con atrasos de hasta tres meses en el pago de salarios a estatales, sin clases y luego de haber perdido por paliza -cuarto lugar- un mes antes en las elecciones legislativas.
Aquel gobierno sin plafón político -debilitado por internas en sus propias filas- logró un inestable acuerdo parcial con ciertos sectores como cámaras empresarias, gremios y varios intendentes -que después se desdijeron- para avanzar en una zonificación de la provincia.
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Se quiso instalar el tema a partir de un debate que no fue tal, organizado a través de una serie de videoconferencias sin la participación ciudadana, luego del cual se anunció un “consenso” para habilitar la actividad minera en dos departamentos de la meseta central, para dar lugar al Proyecto Navidad.
La mitad de la Legislatura estaba plantada en contra de la iniciativa, y hasta hubo episodios bochornosos de audios con denuncias de sobornos, reuniones y amenazas que al final quedaron en la nada, pero que a los ojos de los vecinos mostraban un tratamiento poco serio por legisladores de dudosa legitimidad.
El origen del escándalo fue el 15 de diciembre a las 20 horas, cuando en un día maratónico que incluyó la aprobación de los pliegos de cuatro ministros para el STJ, apareció de golpe un dictamen -que estaba esperando hace meses en comisión- a favor de la zonificación minera, que logró con lo justo los 14 votos, incluyendo sobre la hora negociaciones con nombres para pliegos en organismos de control. Fue el fósforo que prendió la mecha.
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Represión y falta de prevención
Esa misma noche de miércoles, los grupos antimineros que esperaban afuera de la Legislatura atacaron a piedrazos a los diputados que se retiraban en sus autos, luego de estar horas encerrados en la Cámara sin saber cómo salir.
Hubo algunos legisladores con heridas en el rostro y otros que tenían custodia policial en sus domicilios. La respuesta de los grupos especiales de la fuerza fue brutal. Ese miércoles, la persecución a los manifestantes duró hasta la madrugada por las calles de la ciudad, e incluso hasta dentro de algunas casas particulares donde se refugiaban.
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Algunos manifestantes fueron alojados dentro del colegio Don Bosco, que sirvió de refugio. Circularon videos con disparos en la oscuridad. Hubo detenciones y heridos. Los vecinos de una ciudad tranquila como Rawson, se fueron a dormir con miedo.
Estaba la mesa servida para la jornada negra del día siguiente, el jueves 16 de diciembre. Se convocó a una marcha pacífica de vecinos, como las muchas y multitudinarias que se hicieron en las principales ciudades, pidiendo la derogación de la zonificación minera. Ese mismo día por la mañana, el gobierno comunicó la promulgación inmediata de la ley, y agregó más leña.
Y aquí un hecho puntual que se agrega a la sumatoria de desaciertos de la política: la noche anterior había habido excesos en la represión, y al día siguiente, hubo falta de prevención. Casi en una decisión que pareció adrede, sin lectura de la realidad, no se aplicó ningún vallado ni operativo cerrojo para proteger los edificios.
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El gobernador, sus ministros y todo el gabinete abandonaron las oficinas y dejaron desierta Casa de Gobierno, sin custodia afuera, pero con un grupo de policías del lado de adentro, una locura difícil de explicar.
Cuando a la tarde se hizo la marcha, que no fue de las más multitudinarias porque en simultáneo había otras, el centro de Rawson estaba desierto y sin policías. La ciudad era lo más parecido a una “zona liberada” y lamentablemente ocurrió lo previsible: el descontrol.
Los violentos
Cuando la marcha de vecinos llegaba a su fin, hacia las 18 horas, empezaron a surgir personajes raros, caras no habituales de ese tipo de manifestaciones pacíficas. Muchos de ellos encapuchados, vinieron provistos de elementos para lo peor: botellas, combustible, piedras.
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En apenas 15 minutos, un grupo de sujetos rompió las ventanas de una desguarecida Casa de Gobierno, y arrojó en el interior bombas molotov. Fue en simultáneo en varios lugares de las tres alas del edificio. De inmediato, las cortinas, los escritorios y los pisos de madera de un siglo de historia, sede del Poder Ejecutivo, comenzaron a arder.
Las imágenes dieron la vuelta a todo el país, en medio de enfrentamientos con grupos policiales que actuaron muy tarde, ya con todo consumado. Incluso los policías que estaban dentro de Casa de Gobierno debieron huir ante el riesgo de morir asfixiados.
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El enfrentamiento de la policía contra grupos -¿entrenados?- de manifestantes que actuaban como células que se defendían con chapas a modo de escudo y que arrojaban las baldosas de una plaza central que fue destruida, duró horas.
Luego se supo que antes habían vandalizado otros edificios: el juzgado federal, la Legislatura, el Ministerio de Educación, y la sede del Poder Judicial, que quedó totalmente prendida fuego.
Hubo gases lacrimógenos, heridos y detenidos nuevamente, pero con una represión se pudo haber evitado si se hubiera actuado con inteligencia.
¿Hubo una zona liberada de modo premeditado por un poder político que buscó victimizarse? Nunca se investigó, pero si esa fue la estrategia, salió aún peor. Las marchas se intensificaron y tres días después, el gobernador envió a la Legislatura el proyecto para derogar la ley, que fue votado por unanimidad.
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La situación era insostenible y de no tomar alguna medida, el gobierno se caía a pedazos en dos días. El clima de violencia que se vivió fue terrible y no fue aislado: dos años antes gremios docentes habían prendido fuego la Legislatura y Casa de Gobierno, hecho por el que hubo un juicio oral en el que fueron condenados Santiago Goodman y Matías Schierloh.
Y días después, los mismos grupos violentos atacaron e incendiaron la sede del diario El Chubut en Trelew, acusando al medio de actuar a favor de los intereses mineros. Sus propios empleados corrieron riesgo y la causa aún espera ser llevada a juicio.
¿Lección aprendida?
El nivel de saña contra las sedes de los tres poderes fue algo nunca visto, y no hay dudas de que hubo un clima enrarecido, que sirvió de caldo de cultivo a delincuentes. ¿Qué justificación tiene la destrucción total de la sede de la fiscalía de Rawson y del Superior Tribunal de Justicia con todas sus causas judiciales en trámite, algunas de las cuales no pudieron ser jamás recuperadas?
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Está claro que lo anterior no tiene nada que ver con la minería, y que hubo personajes oscuros que participaron de los hechos, que muy difícilmente pudieron haber actuado sin financiamiento. Hubo camiones y colectivos que pasaron a buscar gente y que los dejaron en la capital. ¿Nunca se investigaron los mensajes de los celulares?
Los grupos tenían guardados los materiales inflamables en determinados lugares, y hubo una organización previa. ¿Había sectores políticos que querían destituir al gobierno? Por supuesto que sí, pero a su vez, las actitudes del gobierno sumaron al caos general.
La ley aprobada entre gallos y medianoche pareció una “avivada” del momento, pero no se previó que era apenas el primer paso, al que le faltó el resto del plan. Se creía que iba a haber un operativo clamor de los trabajadores, con los gremios marchando a favor del empleo y la gente haciendo cola para anotarse en los nuevos puestos en la meseta.
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Nada de eso ocurrió, y las figuras de la política que apoyaban la minería, se callaron la boca. Se escondieron por miedo al escarnio popular y dejaron al gobierno en soledad, y a los diputados a los que les habían pedido levantar la mano, expuestos ante los vecinos.
Lo acontecido es una muestra de que un tema como la minería no puede avanzar si no hay licencia social, y que los debates deben darse de cara a la gente. Si algún gobierno a futuro pretende volver a discutir el tema, deberá hacerlo cambiando radicalmente los métodos.
De todos modos, nada justifica el nivel de violencia que llevó años reparar. La fiscalía de Rawson nunca se pudo reconstruir y debió mudarse. Y a tres años y medio, aún el gobernador no puede disponer de su despacho y se habla de reinaugurar el edificio de Fontana 50 en una tercera parte de su capacidad.
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Se perdieron archivos que nunca se van a recuperar, así como expedientes judiciales con causas de corrupción a punto de ir a juicio. El daño fue enorme y debe quedar un aprendizaje a la política para no repetir nunca más ese tipo de aventura.
Desde el próximo martes, un total de 8 personas -de las decenas que participaron ese día- se sentarán en el banquillo de los acusados, bajo los cargos de daño agravado e incendio intencional. Ojalá el juicio llegue a la verdad de los hechos y se demuestre de manera fehaciente la culpabilidad o inocencia, para que -de una vez- se haga justicia.