Este viernes en horas del mediodía se concretó en los juzgados penales del barrio Roca de nuestra ciudad la audiencia preliminar que tiene como imputado a Fernando Vivas. El representante de fiscalía planteó la acusación en base al delito de “falsedad ideológica de instrumento público, agravada por la comisión de funcionario público, en funciones” en calidad de autor para Vivas, y se eleve la causa a juicio ante un tribunal unipersonal.
En contraposición la defensora se opuso, negando la existencia de dicha falsedad. Por último, el juez penal resolvió elevar la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal, por el hecho y la calificación legal esgrimidas por el representante de fiscalía en la acusación.
El funcionario de fiscalía se refirió al hecho incluido en la acusación cuando el pasado 01 de agosto del año 2.019, Fernando Martín Vivas, quien a la sazón ocupaba el cargo de Subsecretario de Gestión Urbana de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en el que fuera designado mediante Resolución Municipal N°: 2.345/2018 del por entonces Intendente Municipal, Carlos Linares; actuando a sabiendas que María Francisca Romero de Gómez no cumplía los requisitos impuestos para registrarse como Transportista de Residuos Sólidos Urbanos (conf. Ordenanza Municipal N°: 11.638/14) otorgó en favor de esta última el Certificado correspondiente, insertando falsamente en dicho documento que la beneficiaria era la titular de la firma denominada “Chatarra Gómez”, que esta se domiciliaba realmente en la calle Humberto Beghin al 3.200 de esta ciudad, y que se encontraba “inscripta como Transportista de R.S.U.”.
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Previamente a la expedición del documento antes aludido, Vivas había denegado arbitrariamente expedir constancia de renovación del Certificado de Transportista de RSU solicitado por Alfredo Javier Gómez, quien resultaba ocupante exclusivo y titular registral del inmueble sito en la calle Humberto Beghin N°: 3.269 de esta ciudad, contaba con la respectiva Habilitación Comercial a su nombre desde el año 2.003, y se encontraba inscripto en el registro antes referido desde el año 2.014.
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La renovación del certificado por parte de Alfredo Gómez había sido solicitado formalmente y cumpliendo todos los recaudos normativamente impuestos, el día 01/07/19, adjuntando en la ocasión Título de Propiedad del Inmueble donde desarrollaba la actividad, constancia de Habilitación Comercial, Constancia de VTV y Seguro Obligatorio de los vehículos utilizados para desarrollar el transporte de RSU y el pago de patente de las 20 bateas que utilizaba en la explotación; pese a lo cual Vivas rechazó su presentación, otorgando en cambio el Certificado de RSU en favor de Romero de Gómez, como se dijo al inicio. Calificando jurídicamente el hecho como “falsedad ideológica de instrumento público, agravada por la comisión de funcionario público, en funciones” en calidad de autor para Vivas. Estimando, en caso de recaer condena, que la misma será inferior a 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo, por lo cual corresponde un tribunal unipersonal.
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En contraposición la defensora expresó que “no existe el hecho que amerite tal imputación, el Certificado otorgado a Chatarra Gómez es de transporte y no requiere de habilitación comercial para el mismo”. Agregando que “el Certificado en cuestión no tiene falsedad”.
Seguidamente se concretó el ofrecimiento de prueba testimonial y documental de las partes; para luego de analizado los planteos el juez resolvió admitir la acusación del fiscal y elevar la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal.
Presidió la audiencia preliminar Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía; acompañado por Denise Totino, abogada contratada; en tanto que la defensa de Vivas fue ejercida por María Kuhnle, abogada particular del mismo.
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Gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal, editada por un periodista de ADNSUR.